Pese a que el Gobierno de Dina Boluarte tiene plazo solo hasta hoy, martes 1 de agosto, para promulgar u observar la ley de devolución parcial a los fonavistas; el ministro de Economía, Alex Contreras, evitó responder esta mañana la pregunta de la prensa sobre si el Ejecutivo daría luz verde a la autógrafa aprobada por el Congreso que modifica la ley N° 29625.
Al respecto, solo mencionó que la posición del MEF es que “se tiene que devolver lo que ha dicho el Tribunal Constitucional (TC), pero si no se ha pagado hasta ahora es porque el marco regulatorio no es el correcto”, indicó tras su exposición del panorama económico del mensaje presidencial.
“Esa ley en la práctica es inaplicable porque, según la sentencia del TC, cada fonavista tiene que demostrar que ha recibido, pero muchos han trabajado hace 30 o 40 años y muy probablemente no tienen registro”, refirió.
Por su parte, Rodolfo Baca, director general del Tesoro Público, señaló que hay “S/2.000 millones que están en manejo de la comisión (Ad Hoc) que podrían destinarse ya a la devolución, pero hay temas normativos que están dificultando dicha devolución”.
Detalló que existe un proyecto de ley, dentro de la comisión, que se está preparando para presentarse al Congreso “justamente para destrabarse y permitir la devolución inmediata”.
“La norma requiere que se reconstruya la cuenta individual por cada uno de los aportantes y operativamente eso es muy complicado. Se necesita un cambio a la ley de la devolución del Fonavi básicamente”, señaló.
Fonavi: buscan aprobar reglamento de devolución de pagos
Además la norma contempla que los herederos de los jubilados fallecidos puedan cobrar este dinero. El 7 de julio, la autógrafa fue remitida al despacho presidencial. Desde esa fecha, corren los 15 días de plazo para que el Poder Ejecutivo observe o promulgue la autógrafa.
En entrevista con Infobae Perú, el presidente de la Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas (Fenaf -Perú), Luis Luzuriaga, indicó que si el Ejecutivo no observa dicha ley, el Congreso lo hará por insistencia.
Por ello es que en ese marco, sobre la marcha buscan aprobar un reglamento de operatividad que viabilice los pagos, “a pesar de las interferencias del Ministerio de Economía y del Tribunal Constitucional”.
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