Con 62 votos a favor, el Congreso autorizó este jueves el viaje de la presidenta Dina Boluarte a Brasil para la Cumbre Amazónica, que se realizará en la ciudad de Belém del 7 al 9 de agosto, y significará su primer viaje al extranjero como jefa de Estado.
En la cita está prevista la asistencia de los mandatarios de Bolivia, Luis Arce; de Colombia, Gustavo Petro; de Guyana, Irfaan Ali, y de Venezuela, Nicolás Maduro. Sin embargo, por cuestiones internas, los gobernantes de Ecuador, Guillermo Lasso, y de Surinam, Chan Santokhi, estarán representados.
El líder brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, anticipó que de este encuentro “surgirá un documento bien contundente”, el cual deberá ser presentado en conjunto a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2023 (COP28), que se celebrará a partir del 30 de noviembre en Dubái.
Aunque no adelantó mucho del contenido, aseguró que además de poner el acento en la búsqueda de un desarrollo económico que “no destruya más las selvas”, ese documento también tratará sobre los compromisos no cumplidos en los últimos años por los países más desarrollados.
Boluarte, que saludó la decisión a través de un tuit difundido por su despacho, había remitido previamente una carta al titular del Legislativo, Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), para solicitar el permiso obligatorio tras la invitación que cursó la embajada brasileña hace tres meses.
“Nuestro país fue parte de los promotores del TCA, suscrito en 1978, con la finalidad de reafirmar su soberanía y promover el desarrollo armónico de dicha región [...]; asimismo, es socio fundador de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), creada en 1998, para facilitar la implementación del TCA y canalizar la cooperación regional, constituyendo así el único bloque socioambiental de América Latina”, se lee en el documento.
Previamente, el jefe de Gabinete, Alberto Otárola, refirió que el encuentro abordaría “una agenda muy amplia, importante y estratégica, referida a la Amazonía y los intereses que el país” tiene sobre la misma.
“Esperamos que este jueves el Congreso de la República debata la solicitud y la presidenta pueda enrumbar a Brasil la próxima semana”, mencionó en una rueda de prensa.
Refirió que esta región supone más del 60 % del territorio nacional y que el Perú tiene “intereses geoestratégicos” y “planes de desarrollo conjunto con Brasil” de protección del medioambiente “para desarrollar tareas que combatan al narcotráfico y la minería ilegal”.
De igual modo, indicó que los líderes quieren “ver de manera mucho más asertiva qué está pasando en el Putumayo”, un río que atraviesa la Amazonía brasileña, colombiana, ecuatoriana y peruana.
“La OTCA también representa un espacio privilegiado para definir una agenda común frente a los desafíos globales que enfrenta el medio ambiente, como la triple crisis planetaria —constituida por el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y la contaminación— que amenaza seriamente el equilibrio de los ecosistemas amazónicos y el futuro de nuestras poblaciones en la región”, continúa el documento enviado al Parlamento.
Boluarte, elegida como parte de la fórmula que encabezaba el encarcelado expresidente Pedro Castillo, no cuenta con vicepresidentes a quienes dejar a cargo del país. Por ello, promovió una reforma legislativa que le permite gobernar de manera remota, aunque hasta el momento no había utilizado esa prerrogativa.
En junio pasado, Otárola deslizó que la primera salida que haría la mandataria este año, después de que la crisis política y social que surgió tras el arresto y destitución de Castillo, sería a San Francisco (Estados Unidos) para recibir el mando del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).
El premier indicó entonces que Perú recibió el encargo de presidir el grupo regional durante 2024. “Por supuesto, la presidenta irá personalmente a recoger este encargo. Compartimos posiciones comunes sobre la base de los principios y valores que nos unen”, dijo.
Ante la falta de vicepresidentes, Boluarte podrá ejercer sus funciones de presidenta a distancia, después de que el Congreso aprobara una cláusula para facilitar esta maniobra, que algunos en la oposición rechazaron por tratarse de una modificación constitucional “en cubierta”.
En tanto, los integrantes del Gabinete subrayaron la necesidad de que la gobernante pueda ejercer la “diplomacia presidencial” en el exterior para demostrar que su Gobierno goza de legitimidad, pese a que sectores sociales reclaman su renuncia y un adelanto electoral.
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