“Soy un congresista provinciano que ha tenido la más alta votación en la región del Cusco, soy uno de los congresistas que tiene mayor producción legislativa. Tengo 200 proyectos presentados, 30 leyes”, declaró Alejandro Soto, presidente del Parlamento, durante la noche del domingo 30 de julio, a ‘Punto final’. Su declaración dejó en claro que para él la cantidad es un factor a considerar, pero ¿qué pasa con la calidad?
De acuerdo a un reportaje de Latina Noticias, de la cifra mencionada por el titular del Legislativo, solo 26 han sido aprobadas y publicadas en el diario oficial El Peruano. Sin embargo, el 42.31% (11 autógrafas), fueron meramente declarativas. Es decir, no tienen un impacto significativo o real para la ciudadanía.
“Estos proyectos no tienen ningún efecto real sobre el poder Ejecutivo. De aprobarse, el fin es de cumplimiento obligatorio, pero no son necesariamente cumplidos, pues no tienen ningún estudio previo”, aclaró José Cevasco, exoficial mayor del Congreso al medio.
En tanto, el experto en temas parlamentarios y constitucionales César Delgado Guembes calificó de “ineficiente” enfocarse en el número como señal de productividad, pues lo cuantitativo no garantiza una buena gestión.
“Una sola buena y necesaria ley puede hacer mucho más productivo al Congreso que 300 leyes innecesarias, declarativas o ineficaces. Un criterio para definir eficientemente la productividad legislativa es el mayor o menor impacto que tiene una ley para solucionar efectivamente problemas sociales y nacionales en el país”, comentó en conversación con La República.
Al respecto, el abogado José Naupari enfatizó que sorprende la producción legislativa de Soto, sobre todo por la poca cantidad de trabajadores en su despacho. “A mí personalmente me sorprende que con 6 personas, 2 asesores haya llegado a tener esa cantidad de proyectos”, expresó.
¿Cuáles son las leyes aprobadas de Alejandro Soto?
Entre sus iniciativas, se encuentra la ley que declara de necesidad pública e interés nacional la creación de universidades —como la del Vilcanota—, distritos y museos; así como la construcción de hospitales y rehabilitación de carreteras. Sin embargo, esto no quiere decir que existirán nuevos centros de estudios, salud, mejoramiento de vías, o todo lo que en el papel se menciona, pues su declaración no garantiza la construcción de dichas infraestructuras, ya que el Legislativo no tiene capacidad de gasto.
Aunque algunos parlamentarios, como Alex Flores, indiquen que esta clase de leyes tienen una función, que es “llamar la atención al Ejecutivo”, los ministerios se basan en políticas públicas e informes técnicos, no en proyectos que son más políticos que jurídicos, por lo que ni siquiera ante la Presidencia del Consejo de Ministros tienen impacto.
Cabe mencionar que esta práctica viene desde hace muchos años, pues no hay nada que la regule. Solo en la primera legislatura del año 2022 se presentaron 675 proyectos de ley declarativos de los cuales 128 terminaron convertidos en Leyes publicadas en el diario oficial El Peruano, pero sin representar un verdadero cambio.
De acuerdo al abogado especialista en derecho parlamentario José Naupari, en principio, los congresistas ni siquiera deberían formular proyectos sobre materias que no son de su competencia, pues generan falsas expectativas a la población.
“Primero, se tiene la mala costumbre de evaluar la cantidad y no la calidad. Lo segundo es que, el artículo 79 tuvo —hasta la reciente y negativa sentencia del TC— una interpretación bastante rígida, que de alguna manera forzaba a emitir leyes declarativas porque no se podía gestionar gasto público. En tercer lugar, resulta más fácil para un congresista o un asesor de congresista elaborar un proyecto de ley declarativo que un proyecto de ley sustantivo”, comentó el experto en diálogo con El Comercio.
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