Esta mañana el alcalde de Puente Piedra, Rennán Espinoza, y los vecinos de este sector salieron a protestar en contra de los cobros que se hace en estos peajes, ya que el burgomaestre de Lima les aseguró que solo hasta el 29 de julio la empresa Rutas de Lima estaría operando. Al ver que no hay ninguna restricción hacia esta compañía, la comuna de Lima Norte decidió realizar un plantón exigiendo que la autoridad edil de la capital se pronucie.
A pesar de que el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, dio un ultimátum a Rutas de Lima para que devuelvan los peajes situados en la Panamericana Norte (de Chillón) y Sur (de Villa), los ciudadanos siguen pagando 6.50 soles cada vez que transitan por estas vías. Esto ha generado malestar en los transportistas y público en general, quienes se han visto perjudicados por el aumento progresivo del precio de los peajes.
La madrugada del 30 de julio, se continuó con el cobro de los peajes por parte de la empresa concesionaria. Por ejemplo, en Puente Piedra, la garita del kilómetro 23 de la Panamericana Norte funcionaba con normalidad. Mismo panorama se reportó en el peaje de Villa, ubicado en el kilómetro 1 de la Panamericana Sur.
Ahora bien, los usuarios esperaban no volver a pagar 6.50 luego de que se diera a conocer el ultimátum del burgomaestre. Como se recuerda, López Aliaga pidió a Rutas de Lima la devolución de las casetas.
“Invoco a los señores de Rutas de Lima para que el día (sábado) 29 de julio, a la medianoche, devuelvan a la ciudad de Lima los peajes de la corrupción. Caso contrario, tenemos una estrategia, un proceso totalmente legal que implementaremos”, señaló la autoridad edil.
Tras esta declaración, la empresa canadiense Brookfield Asset Management, dueña del 57% de la concesionaria, emitió un comunicado a la opinión pública para rechazar la postura de la Municipalidad de Lima.
“[...] Consideraremos dicha actuación como una grave e irreparable violación a las garantías que los Tratados celebrados por el Estado peruano otorgan como protección a los inversionistas extranjeros en el Perú”, se lee.
Recientemente, el alcalde de Puente Piedra, Rennán Espinoza, cuestionó la gestión del otrora candidato a la Presidencia del Perú, quien anunció una estrategia en caso la concesionaria no devuelva los peajes.
“El alcalde de Lima nos dijo que tenía una estrategia jurídica y que eso se iba a ejecutar. La Municipalidad de Lima debe decir cuál es la estrategia que va a seguir”, dijo el burgomaestre de la capital a Canal N.
En otro momento de la entrevista, Espinoza mencionó que el 1 de agosto “habrá un plantón a las 7 de la mañana”. Agregó que “el Ministerio Público y el Poder Judicial deben tomar una decisión en el caso Susana Villarán y las coimas en los peajes”. Cabe precisar que la autoridad dijo que los ciudadanos alzarán su voz de protesta de manera pacífica.
Finalización del contrato con Rutas de Lima
En julio de 2023, la comuna de Lima informó a la opinión pública que se dispuso el término del contrato con Rutas de Lima. A través de la cuenta de Twitter del municipio, se da cuenta de esta decisión que alegra a miles de peruanos.
“En nuestro compromiso con la población, el alcalde Rafael López Aliaga junto al defensor del Pueblo y otros actores políticos, aprobaron la terminación del contrato Rutas de Lima S.A.C., por ser lesivo y vulnerar los derechos de los ciudadanos”, se lee en la red social.
Tras la difusión de este mensaje, los internautas respaldaron la decisión tomada por las autoridades, mientras que otros indicaron que el peaje continuará este año. Respecto a esta declaración, es pertinente dar a conocer que el Tribunal Arbitral Ad hoc de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) dispuso que el municipio mantenga el contrato “hasta que se dirima la controversia”.
“El Tribunal, por unanimidad, decide ordenar que se mantenga el status quo hasta que se dirima la controversia objeto del presente procedimiento, suspendiendo el procedimiento de caducidad del contrato en curso, durante el trámite del presente arbitraje”, señala el fallo de la CNUDMI.
Por su parte, Apoyo & Asociados Internacionales consideró que la controversia arbitral tardará en resolverse entre 18 y 24 meses, mientras tanto los conductores deberán seguir abonando los montos habituales de peaje.
“La obtención de la medida cautelar permite mantener la confianza en los contratos de concesión, los cuales son considerados contratos ley por nuestro marco jurídico”, precisa el reporte de la clasificadora Apoyo & Asociados Internacionales.