Promesa sigue sin cumplirse. Pese a que el alcalde de la Municipalidad de Lima, Rafael López Aliaga, aseguró que suspendería el cobro de peajes y le dio un ultimátum a Rutas de Lima, concesionaria a cargo, nada cambió.
“Más que por campaña es mi concepción de vida. Yo no puedo trabajar con gente corrupta, la fecha de los 180 días que proclamó el municipio de Lima unánimemente se vence el 29 de julio a las doce de la noche. Tenemos una estrategia proceso, pero no o voy a revelar”, aseguró la autoridad edil en diálogo con RPP.
No obstante, este domingo 30 de julio los ciudadanos despertaron y las palabras se las había llevado el viento: el pago debía hacerse con normalidad. Al respecto, Mario Guzmán, abogado del Frente de Defensa de Lima Norte, explicó que, además del pago del lucro cesante, la concesionaria quería un monto mayor.
“Pensábamos que la empresa Rutas de Lima iba a allanarse al acuerdo del Consejo y que se daría por satisfecho con el pago de 262 millones de dólares, que es el lucro cesante, que fijó la Municipalidad de Lima. Pero tenemos conocimiento que Rutas de Lima pretende que se le pague 614 millones de lucro cesante y 400 millones por un supuesto endeudamiento interno”, dijo Guzmán en diálogo con RPP.
Agregó que la comuna limeña “tiene que dar la determinación y la caducidad del contrato y declarar sin efecto legal para que las personas sencillamente dejen de pagar”. Los vecinos solicitaron la presencia del alcalde y se han declarado en protesta permanente en el kilómetro 25 de la Panamericana Norte.
Días antes, la compañía administradora de las casetas ya había adelanto que no se acogerían al plazo brindado por el burgomaestre y aseguraron que, iniciar un proceso judicial local de cualquier índole, fuera del marco del arbitraje, “es manifiestamente improcedente y desconocería el marco legal aplicable”.
“Declaraciones [del alcalde] desinforman y confunden a la población, atentan contra la inversión privada y ponen en peligro la seguridad jurídica y el estado de derecho en el país, requisitos indispensables para las inversiones de gran escala y a largo plazo que Perú buscó atraer, y que Rutas de Lima y sus inversores efectivamente desarrollaron en el país”, acotaron.
Asimismo, precisaron que “el Tribunal Arbitral Internacional al que acudieron tiene competencia sobre el Contrato de Concesión conforme a lo establecido en el Contrato y su competencia está reconocida en la Constitución Peruana”.
Ello fue contradicho por el líder del partido de Renovación Popular, quien aseguró que el tribunal que ve el caso carece de integridad y que “fue pedido en diciembre del año pasado con pretensiones económicas, por lo que no son competentes para temas de caducidad, en opinión de la procuraduría municipal”.
“Se constituye con sus reglas de juego, con ciertos parámetros de las naciones unidas, pero no es la haya. […] La misma señora Elvira Martínez Coco, quien es parte del tribunal, dice que este contrato es corrupto, nulo y que no es aplicable a Perú hasta que no llegue validado por un juez peruano. Agradezco el voto disidente que dio la señora en ese momento, porque me da argumento para volver al tema de nulidad absoluta del contrato”, acotó.
¿Qué dice el Ejecutivo?
Al respecto, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Alex Contreras, señaló que la posición del municipio es negativa para la inversión privada: “Desde el inicio, como gobierno nos hemos manifestado en contra de esta medida”.
En conversación con RPP, el líder del MEF aseveró que establecieron medidas para impulsar el diálogo entre ambas partes, “a fin de llegar a buen puerto”. Sin embargo, continúan enfrentados.
Otros fracasos en su legajo
Las disputas con la concesionaria no es lo único que no ha salido como la autoridad edil esperó. Comerciantes del Gran Mercado Mayorista de Lima, ubicado en Santa Anita, anunciaron una huelga indefinida para el próximo 3 de agosto, ante el incremento de las tarifas de entrada y salida.
Si bien el alcalde asegura que el cobro de siete soles “no impacta la canasta familiar”, el integrante del Frente de Defensa de los Delegados de Giro del centro de abastos, Faridi Sálazar, explicó que el alto costo genera desinterés entre posibles clientes y rechazo porque tampoco se ve reflejado en la seguridad ni infraestructura.
Otro de los aspectos que no se ejecutaron como se prometió fue la reubicación de los comerciantes empadronados del Centro de Lima. Pese a que lanzó la feria denominada “Huerta Encontrada” en dos oportunidades (2 y 9 de junio), no hubo afluencia ni seguridad, pues el punto, situado en la cuadra 7 del jirón Amazonas, es considerado “zona roja”.
Tal es así, que muchos de los comerciantes retornaron a las calles en las que vendían y la autoridad edil insistió en que habilitará otro sitio más céntrico, donde las personas con discapacidad, madres solteras y ancianos “van a tener de todas maneras un local mejor que el que ya fracasó”.
“Estamos buscando otro sitio que esté más pegado (al Centro de Lima), mucho más grande, con una entidad del Estado que está en la zona. Quiero dar una solución integral al problema”, agregó y aseguró que no sancionarán a los ciudadanos que hayan retornado a vender en las calles de Mesa Redonda y Mercado Central.
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