Violaciones de DD. HH. y el copamiento de instituciones: los paralelismos de Dina Boluarte con Alberto Fujimori

Pese a la alta desaprobación, demandas ciudadanas de adelanto de elecciones y masivas marchas, la presidenta Dina Boluarte llegó a su primer 28 de julio como jefa de Estado, cargo que asumió tras el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo del 7 de diciembre de 2022.

Aunque en un primer momento se guardaba la esperanza de que el nuevo régimen se diferencie de la administración anterior marcada por la incompetencia, la inestabilidad política y los comprobados indicios de corrupción en el aparato estatal —además de ser la primera mujer en asumir el cargo de presidenta de la República—, el gobierno de Boluarte Zegarra ganó un tinte autoritario en muy poco tiempo.

Así lo advirtió el Índice de Democracia 2022 elaborado por la Unidad de Inteligencia de The Economist, que actualmente cataloga al Perú como un “régimen híbrido” en el que conviven elementos democráticos y rasgos del autoritarismo.

De acuerdo con dicho índice, “a pesar de la transición ordenada”, Boluarte enfrentó manifestaciones en diversos puntos del país, por lo que desplegó inmediatamente a la Policía Nacional de Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas para intentar recuperar el orden interno.

“Se informaron más de 20 muertes relacionadas con las protestas en los días posteriores a la destitución de Castillo. En respuesta, Boluarte presentó al Congreso una reforma constitucional para convocar a elecciones anticipadas e impuso un estado de emergencia por un mes. Debido a estos eventos, el puntaje general de Perú disminuyó en 2022 y el país ahora se clasifica como un ‘régimen híbrido’”, se lee en el referido informe.

En entrevista con Infobae Perú, Marianella Ledesma, expresidenta del Tribunal Constitucional, y Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal, consideraron que el régimen de Boluarte y el del exdictador Alberto Fujimori guardan más similitudes que diferencias.

Los derechos humanos en Perú han sido vulnerados por las fuerzas del orden, es una de las conclusiones en la que concuerdan los informes de la Comisión Interamericana de Derechos (CIDH), Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional. Incluso se habla de que, debido a la brutalidad de las muertes (casi todas por proyectil de arma de fuego), se tratarían de ejecuciones extrajudiciales perpetradas en el marco de una masacre.

Por ello, los sendos informes recomiendan al Estado una investigación imparcial destinada a prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. No obstante, la respuesta desde el Ejecutivo, a más de seis meses de las protestas, sigue siendo la negación y estigmatización de las y los manifestantes.

Para Ledesma Narvaez, Boluarte Zegarra será recordada por “su papel nefasto de reprimir los actos de expresión popular con balas”.

“¿Qué hizo? Porque si yo conozco que acá ha habido un exceso, por lo menos activo las investigaciones, retiro a los generales, pido información, retiro a los generales, le pido al Ministerio Público que haga una exhaustiva investigación. Por lo menos levanto mi voz de protesta frente a ese exceso. Pero ni eso ha hecho. Y eso es lo que más le va a pesar. Hay que mirar la historia, a los que están detenidos. Hay que mirar a Fujimori, cómo ha terminado”, declaró.

A su turno, Carlos Rivera afirma que el actual gobierno “tomó la decisión política de instalarse y consolidarse literalmente a sangre y fuego” y aseveró que los eventos de diciembre de 2022 y enero de 2023 “son los más graves en violaciones de derechos humanos desde la época de Alberto Fujimori.

“Ese nivel de comparación es gravísimo en realidad. En términos de un accionar constante que puede dar cuenta de decisiones políticas para perpetrar violaciones a los derechos humanos, sin duda alguna, lo de Boluarte tiene como punto de comparación el Gobierno de Alberto Fujimori”, agregó.

La expresidenta del TC indicó que Boluarte perdió la oportunidad de ser una mandataria de transición y, en cambio, “permitió sin mayor impunidad ni responsabilidad que se quite la vida a las personas que ejercían su derecho a la protesta”.

“Será recordada como la presidenta sanguinaria, la presidenta que se supone que representaba el interior del país, que se vestía de polleras, que hablaba quechua. ¿Qué coherencia hay en la vida? Yo no sé si tendrá todavía la posibilidad de caminar por el país”, sentenció.

Rivera recordó que, pese a los informes internacionales en materia de derechos humanos, el Ejecutivo “no ha desarrollado ninguna política de rectificación o de corrección, menos de perdón respecto a las personas lesionadas o agraviadas en las manifestaciones”.

Tras el autogolpe de 1992, Alberto Fujimori inició un copamiento de las instituciones democráticas, en alianza con el Congreso, a través de leyes inconstitucionales, como la de las denominadas “comisiones ejecutivas” que vulneraban la independencia que otorga la Constitución a poderes e instituciones autónomas.

Carlos Rivera sostiene que “sin lugar a dudas” está ocurriendo lo mismo, pero esta vez impulsado desde el Parlamento y con el aval del Gobierno. Recordó los casos del Tribunal Constitucional, elegido en una sesión sin debate, y de la Defensoría, a cargo del exlegislador y abogado de Vladimir Cerrón Josué Gutiérrez.

“Eso da cuenta justamente de que más allá de que Boluarte sea la cabeza de un Gobierno, en realidad no es quien está conduciendo. Hay otras fuerzas políticas que son finalmente las que están dando no solamente el soporte sino marcando el ritmo de las cosas”, dijo.

Marianella Ledesma formó parte del Poder Judicial cuando irrumpieron las comisiones interventoras y confirma que la institucionalidad del sistema integral de justicia se alteró.

“Blanca Nélida Colán estaba en la Fiscalía, ahora la señora Patricia Benavides será la sucesora de ese pensamiento y de esa actuación. Las instituciones electorales fueron tomadas. Ahora se busca desarticular la institucionalidad para poder tener un país más controlado al pensamiento político de quien está en el poder”, apuntó.

Ambos expertos cuestionaron que, hasta el momento, el Gobierno no ha dado muestra alguna de estar en contra del copamiento que ha emprendido el Parlamento, cuyo objetivo final sería la Junta Nacional de Justicia (JNJ), entidad encargada de nombrar, ratificar y destituir jueces y fiscales.

“A ella le interesa permanecer en el cargo y eso ha significado la muerte de varias decenas de personas, sobre ese afán estrictamente pragmático de que, salvo al poder, todo es ilusión. En este momento ella no es expresión de ningún proyecto político, sino que es simplemente la cara de una estrategia política de las fuerzas que no ganaron las elecciones y que ahora están imponiendo las condiciones frente a las cuales ella ha decidido no expresar ningún tipo de incomodidad, a pesar de que eso signifique la destrucción de la democracia”, señaló Rivera.

En ese sentido, Ledesma dice que Boluarte “ha entregado al país” a los grupos congresales de ideología contraria al pensamiento político que llevó a Castillo al poder: “Ella no maneja la forma del partido que la llevó al Gobierno. Eso también forma parte de la estafa. Asume las recomendaciones, las directivas y todo lo que le digan desde el grupo opositor al movimiento político que la llevó”, dijo por su parte Ledesma.

El último 19 de julio se llevó a cabo la denominada Tercera Toma de Lima. Se registró la participación de 21 mil personas en 59 regiones del país. A diferencia de las primeras protestas contra el régimen de Boluarte, no se reportó ningún deceso. No obstante, el abuso y la represión policial estuvo presente. Se esperan nuevas movilizaciones para las fechas de Fiestas Patrias.