Desde septiembre de 2010 cuando se creó el Ministerio de Cultura, 23 gestiones lideradas por hombres y mujeres han ostentado el fajín ministerial. Cada uno de estos tenía la misión de dirigir las políticas de fomento y protección en torno a las distintas expresiones culturales y tesoros que conserva el Perú, pero la realidad ha sido otra. El Mincul es visto como un brazo político por la clase gobernante y una institución innecesaria por sus detractores.
Solo once de los ministros y ministras de Cultura designados en los últimos ocho gobiernos son figuras vinculadas al ámbito cultural, sin embargo, esto no ha sido garantía de éxito en sus gestiones. Antropólogos como Juan Ossio y Sonia Guillén, arqueólogos como Ulla Holmquist y Luis Castillo, músicos como Susana Baca y Francisco Petrozzi, y escritores como Alejandro Neyra son solo algunos de los que transitaron por el Mincul.
La crisis política también ha propiciado la existencia de gestiones fugaces como la de la historiadora María del Carmen Reparaz que estuvo en el cargo tres días de los seis que duró el gobierno de Manuel Merino. Las dos gestiones previas a la actual, lideradas por la congresista de Perú Libre, Silvana Robles, y el gestor cultural, Jair Pérez, duraron doce y seis días respectivamente.
En repetidas ocasiones, el Ministerio de Cultura ha servido como el punto de espera de algunos políticos para ser designados en otros ministerios. Tal es el caso de Jorge Nieto Montesinos, quien tras la juramentación de Pedro Pablo Kuczynski como presidente asumió la cartera de cultura, pero a los pocos meses fue designado al sector Defensa. Este renunció luego de concretarse el indulto a Alberto Fujimori.
Durante el gobierno de Pedro Castillo existieron dos casos de ministros que aguardaban su paso a otras carteras en el Ministerio de Cultura. Alejandro Salas, férreo defensor del exjefe de Estado, llegó al Mincul en febrero de 2022 y se mantuvo hasta agosto. Luego fue designado al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. En su lugar ingresó Betssy Chávez Chino, extitular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).
Luego de ser censurada por el Congreso, Betssy Chávez parecía haberse enfocado en su labor como congresista y estar alejada del Ejecutivo. Su llegada a la cartera de cultura sorprendió y generó críticas por su gestión en las protestas que afectaron el flujo de turistas en Machu Picchu.
El 25 de noviembre fue nombrada premier, pero apenas estuvo 12 días en el cargo hasta el autogolpe de Pedro Castillo.
“La alta movilidad de autoridades y la falta de claridad en el perfil para dirigir el sector a lo largo de este gobierno denotan una falta de peso político dentro del Consejo de Ministros”, escribía el coordinador del Área Académica y de Investigaciones del IDEHPUCP, Bruce Barnaby Rubio, en los días en que Martín Vizcarra se encontraba en el poder. Cabe recordar que durante su gobierno siete personas estuvieron a cargo del Mincul.
Falta de perspectiva
La constante rotación de ministros pone en riesgo uno de los planteamientos más importantes impulsados por el sector: la Política Nacional de Cultura al 2030. Esta se encuentra sostenida en áreas programáticas como Patrimonio Cultural de la Nación Material e Inmaterial, Creación Cultural Contemporánea y Artes Vivas, Gestión Cultural e Industrias Culturales, Pluralidad Etnica y Cultural de la Nación, entre otros.
El acceso a la vida cultural, la participación en la vida cultural y la contribución a la vida cultural son derechos que el Estado peruano reconoce en la política presentada. Sin embargo, la posibilidad de que distintas iniciativas permitan el acceso a las mismas se ve amedrentada por la inestabilidad política, el constante nombramiento de ministros y el entendimiento de la clase política sobre los fines del Ministerio de Cultura.
Barnaby Rubio también resalta que el éxito de las gestiones del Mincul “depende principalmente de su propia legitimidad frente al Gobierno y a la población, así como a sus propios recursos y a su capacidad técnica”.
Dicha legitimidad ha perdido peso no solo por los cuestionamientos al gobierno anterior, sino a las actitudes asumidas en los últimos meses tras la llegada de Dina Boluarte al poder.
Desde el 7 de diciembre de 2022, fecha en la que se intentó dar un autogolpe, diversos ciudadanos de las zonas urbanas y representantes de comunidades indígenas expresaron su rechazo al gobierno de turno. Estos, además, denunciaron actos de violencia desmedida en su contra perpetrados por la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas, cuya labor fue elogiada por la jefa de Estado.
El Ministerio de Cultura fue duramente criticado por cuestionar el informe de Amnistía Internacional sobre lo ocurrido a fines de 2022 e inicios de 2023. El texto, además de señalar presuntas violaciones a los derechos humanos a ciudadanos y ciudadanas, recalcó que estas habrían sido motivadas por actitudes racistas. Leslie Urteaga, actual titular del Mincul, salió a negar que aquellos habrían sido los motivos de los ataques.
“El Mincul lidera este tema en relación al mandato de la lucha contra la discriminación y el racismo, pero rechazamos totalmente que la violencia o la crisis política tenga como causa o una de las causas al racismo que es un problema que tenemos desde hace muchísimo tiempo”, señaló a los medios de comunicación. La institución volvería a ser criticada luego de recibir a representantes de grupos extremistas vinculados a partidos de derecha.
Las últimas gestiones se han caracterizado por designar a personas ajenas al ámbito cultural a cargo del Mincul, así como ocupar dicho espacio para que el funcionario se mantenga cercano al gabinete mientras aguarda el momento de trasladarse a otra cartera. Dicha postura ha impedido la continuación de políticas a largo plazo, tal como ha sucedido con la presidencia de la República que durante los últimos siete años ha contado con seis figuras portando la banda presidencial.