El pedido de comunidad campesina, asediada por el Sodalicio, en reunión con misión del Vaticano: “Que desaparezca”

Desde hace más de diez años, la paz abandonó a la comunidad campesina San Juan Bautista, del distrito de Catacaos, en Piura, pues se enfrentan al despojo de más de 11 mil hectáreas de sus tierras comunales por parte de empresas vinculadas al Sodalicio de la Vida Cristiana, que utiliza su arsenal legal e ilegal, según denuncias de los afectados, para apropiarse de su territorio.

Sus demandas de apoyo han llegado a los oídos de cúspide de la Iglesia Católica, por lo que este jueves 27 de julio una delegación de comuneros se entrevistó con la Misión Especial enviada por El Vaticano para oír las denuncias de criminalización hacia ellos y contra la congregación Sodalicio de Vida Cristiana, que utiliza a compañías como Santa Regina SAC y la Asociación Civil San Juan Bautista para obtener el terreno de forma fraudulenta. El encuentro duró unas tres horas e inició a las 9:00 a. m.

La misión estuvo integrada por el arzobispo de Malta, Charles Scicluna y el oficial del Dicasterio para la doctrina de la fe, Jordi Bertomeu, quienes se reunieron con un grupo de seis miembros de la comunidad San Juan Bautista y representantes de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh).

Entre ellos estuvo el agricultor y apicultor Marcelino Ynga, quien ha vivido sus 63 años en este territorio de orígenes indígenas Tallán. Él señaló que la comitiva enviada por el papa Francisco estuvo dispuesta a escucharlos por al menos tres horas y media y tuvieron mucha “apertura”.

“Lo que nosotros pedimos es que nos devuelvan nuestra tierra, es de nuestra comunidad porque nosotros nunca les hemos vendido nada y que también se hagan cargo de todos los delitos criminales que ha hecho esta institución, tanto de las violaciones y los abusos que hicieron con nosotros al apropiarse de la tierra de nuestra comunidad y criminalizar a 39 comuneros, además de dos muertes”, señala Ynga en diálogo con Infobae Perú.

Las tierras de los comuneros colindaban con el proyecto inmobliario Miraflores Country Club, que pertenece a la Asociación Civil San Juan Bautista -fundada por el poderoso arzobispo de Piura y Tumbes José Eguren. Cuando la comunidad se negó a venderles las tierras, iniciaron una serie de demandas judiciales del 2012 al 2018 por diversos delitos entre los que se incluyen el robo agravado e incluso el terrorismo, explica Carlos Rodríguez, parte del equipo legal de la Cnddhh que apoya en su causa a esta comunidad vulnerable.

Rodríguez precisa que actualmente la comunidad enfrenta una demanda de desalojo por parte de empresas vinculadas al Sodalicio, ya que estas alegan que las tierras les pertenecen tras realizar movidas registrales a través de transferencias irregulares de personas ajenas a la comunidad.

El abogado señala que durante este largo periodo de disputas legales, los comuneros de San Juan Bautistas padecen el asedio del Sodalicio a través de muestras criminales como disparos en el aire, intentos de desalojo con el aval de la Policía y autoridades locales, lesiones con armas y hasta el envío de perros de caza para matar al ganado que pastorean para subsistir. Marcelino Ynga detalla que en una ocasión también quemaron sus humildes chozas. “Hay una intencionalidad de perturbar la tranquilidad de ellos para con esto hostigarlos, cansarlos y obligarlos a irse de sus tierras”, manifiesta.

Durante su paso por el Perú, Scicluna y Bertomeu sostendrán entrevistas con víctimas del Sodalicio, sus actuales líderes, periodistas y otros implicados en uno de los casos más graves de abusos sexuales en el seno de una organización religiosa. También con los afectados por el tráfico de tierras. Una vez que concluyan con sus investigaciones elaborarán un informe será entregado al papa Francisco. Esto podría terminar con el cierre de la organización por orden del Vaticano.

“Nuestra vida cambió completamente desde el 2011 porque nosotros vivimos mal. A veces no podemos dormir porque ya nos metieron una enfermedad en nuestra cabeza porque ellos venían con balas a dispararnos en nuestras humildes chozas donde vivimos en el campo. Estamos tan traumatizados que no podemos descansar en paz, cuando toda nuestra vida ha sido vivir en tranquilidad y en paz en la tierra”, narra con pesar Marcelino Ynga sobre el peso de enfrentarse a una institución tan poderosa como el Sodalicio.

En marzo del 2022, el agricultor Marcelino Ynga, expuso ante el chileno Juan Carlos Cruz, quien integra la Comisión Pontificia para la Protección de Menores del Vaticano que asesora al Papa Francisco en la lucha contra la pederastia en la Iglesia Católica, los abusos cometidos contra su comunidad desde hace al menos una década. El asesor se reúne periódicamente con Francisco, por lo que el caso ya es conocido por él.

Vale precisar que la comunidad campesina San Juan Bautista de Catacaos no tiene títulos de propiedad debido a un problema estructural que atraviesan diversas comunidades originarias en todo el Perú; sin embargo, ellos sí cuentan con constancias de posesión que demuestran que han vivido en la zona desde hace décadas. Además, están respaldados con derechos comunales sobre la tierra, certificados por compras a la corona española, que datan de 1545 y 1645, con una confirmación de títulos y fijación de linderos por el Virrey Toledo en 1578.