Dina Boluarte: ¿Por qué aumentó el rechazo hacia su gobierno desde las protestas de diciembre de 2022?

Desde enero hasta junio de 2023, el rechazo hacia el gobierno de Dina Boluarte fue aumentando cada vez más. La última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) reveló que, después de que asumió la presidencia del Perú, 7 de cada 10 peruanos y peruanas desaprobaba su gestión. Luego de seis meses, el panorama cambió. Ahora, 8 de cada 10 ciudadanos están disconformes con su gobierno.

La explicación de esta desaprobación no recaería solamente en los 57 muertos y 912 heridos registrados durante las protestas contra el gobierno actual, entre el 7 de diciembre de 2022 al 23 de enero de 2023, según la Defensoría del Pueblo. En los meses siguientes, otras razones se habrían sumado a la impunidad de estos casos, que responderían al aumento del descontento hacia la jefa de Estado.

Por otro lado, también es cierto que un sector de la ciudadanía la respalda. La mayoría de estas personas residen en Lima Metropolitana, pues según la mencionada encuesta, en la capital, el 18% aprueba la gestión de Boluarte durante el mes pasado. Mientras que en los sectores rurales, donde residen en su mayoría quienes eligieron a Pedro Castillo, la aprobación apenas alcanza un 6%.

El informe “Situación de Derechos Humanos en Perú en el contexto de las protestas sociales”, elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), reveló que se realizaron 477 protestas para exigir la salida de Dina Boluarte, entre el 7 de diciembre de 2022 y el 23 de enero de 2023.

Estas manifestaciones dejaron decenas de muertos y cientos de heridos, a pesar de que las leyes peruanas protegen el derecho a la protesta y controlan el uso de las fuerzas del orden en contextos de seguridad ciudadana.

Durante la visita del equipo de la CIDH, se observó que la reacción de la Policía Nacional del Perú no fue igual en todas las regiones del país y que hubo un exceso en el uso de la fuerza en casos específicos.

“En efecto, de la información recibida en Lima, Ica, Arequipa y Cusco, se desprende que la respuesta del Estado estuvo caracterizada por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza. Esto se confirma por factores como el alto número de personas fallecidas y heridas con lesiones en la parte superior del cuerpo por impactos de armas de fuego, incluyendo perdigones; así como la ubicación de un número importante de víctimas que ni siquiera estaban participando de la protesta o se encontraban en las inmediaciones de los focos de conflictividad. Hechos que deben ser investigados, juzgados y sancionados”, se lee en una de las conclusiones de la publicación.

Sin embargo, seis meses después, el Ministerio Público aún continúa investigando en una etapa muy inicial quiénes fueron los responsables de las muertes y heridas causadas.

Recién el pasado miércoles 26 de julio se supo que la Fiscalía pidió a la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas información sobre cómo actuaron durante las protestas contra el gobierno. Esta información es “clasificada”.

El lento desarrollo de las investigaciones fiscales sería una de las razones por las que el rechazo hacia la administración Boluarte aumentó y las marchas en su contra se reactivaron.

A esto se suma la respuesta que la mandataria dio respecto a estos casos. Fernando Huamán Flores, director del Centro de Investigación en Opinión Pública de la Universidad de Piura (UDEP), opinó que sus declaraciones sobre las muertes y heridos han sido propias de un político que busca simpatizar con toda la ciudadanía.

“En sus múltiples discursos ha responsabilizado a los manifestantes, a la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, a los grupos políticos, a los narcotraficantes y terroristas, a todo grupo sospechoso de atentar contra el gobierno”, comentó a Infobae Perú.

Desde su punto de vista, en realidad, un presidente debe asumir “algunas responsabilidades”. En esa línea, Boluarte tuvo que identificar a los responsables y no culpar a los manifestantes.

La suspensión de las marchas entre marzo y junio de 2023 da la apariencia de que cierto sector de la ciudadanía cambió la perspectiva sobre el gobierno de Dina Boluarte.

A esto se suma que las manifestaciones no se reactivaron en el momento en el que la mandataria anunció que ya no pedirá el adelanto de elecciones, tal como lo había anunciado en el momento más álgido de las protestas en su contra.

“La prensa en general sabe que el tema de adelanto de elecciones está cerrado. Nosotros seguiremos trabajando de manera responsable y con ese respeto al Estado de Derecho, la democracia y la Constitución, hasta julio de 2026″, declaró ante los medios de comunicación el 15 de junio de 2023.

La lenta reacción para protestar contra el actual gobierno se debería a distintas razones. Para el especialista Huamán Flores, la indignación social habría disminuido porque las investigaciones hacia Pedro Castillo revelaron indicios de corrupción.

También porque se ha demostrado que las movilizaciones hacia Lima generan destrucción y caos si es que no se controla.

Con el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo, el 7 de diciembre de 2022, Dina Boluarte tuvo el camino libre para convertirse en presidenta. El hecho de que no haya convocado a elecciones inmediatas y haya asumido el cargo de mandataria causó el hartazgo en la sociedad peruana. Según el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esta sería la razón por la que, mayormente, las personas que votaron por el profesor de escuela rural, salieron a las calles a exigir el adelanto de elecciones generales y la conformación de una asamblea constituyente.

“En la base de estas demandas hay justas reivindicaciones de comunidades campesinas y pueblos indígenas, como el acceso a derechos en condiciones de igualdad y sin ningún tipo de discriminación, así como mayor representación política. Las provincias apartadas de la capital demandan que se valore la diversidad étnico-racial del país, no ser estigmatizadas, ser consultadas sobre los proyectos extractivos que pueden tener impactos considerables en su territorio, y que la riqueza que estos generan se distribuya equitativamente”, se lee en una de sus conclusiones.

Hasta julio de 2023, a estas razones se sumaron otras por las que gran parte de la ciudadanía aún exige su renuncia, lo que se observa en las marchas convocadas para el 27, 28 y 29 de julio.

Estas son la inflación y las malas designaciones de funcionarios en puestos claves, según Huamán Flores.

“Desde el punto de vista de los activos o pasivos, ella no posee un capital político que le permita obtener apoyo popular —como sí tuvo, por ejemplo, Vizcarra después del cierre del Parlamento–; aunque fue parte de una plancha presidencial, en el imaginario popular, no es reconocible como la sucesora Castillo; tampoco es reconocida como representante del ala política institucional, donde se ubican los políticos de centroderecha”, explicó.

La desaprobación hacia la gestión de Dina Boluarte continuarían, por lo que las manifestaciones en su contra seguirían organizándose.

El director del Centro de Investigación en Opinión Pública de la Universidad de Piura (UDEP) comentó que es imposible que los manifestantes dialoguen con el Poder Ejecutivo.

A esto se suma que es probable que la presidenta genere consensos con la nueva Mesa Directiva del Congreso, lo que le permitiría mantenerse en el poder hasta 2026.

“Por otro lado, no existe mecanismo jurídico legítimo que regrese a Castillo al poder, ni es Constitucional un cierre del Congreso, con lo cual, no existe posibilidad de puentes de entendimiento con los manifestantes”, afirmó.