Lo bueno, lo feo y lo malo de los siete meses de gobierno de Dina Boluarte

Después de mucho tiempo, la política peruana se ve reflejada en el poema Masa de César Vallejo: “Entonces, todos los hombres de la tierra le rodearon; les vio el cadáver triste, emocionado; incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre; echóse a andar…”. En medio de este contexto, los peruanos celebrarán Fiestas Patrias; y escucharán hoy el Mensaje a la Nación de la presidenta Dina Boluarte, quien tiene siete meses de gobierno desde el fallido autogolpe de Pedro Castillo. Detrás, hay 70 familias que siguen llorando a sus seres queridos que perdieron la vida en las manifestaciones.

Estas familias esperan por la justicia social y la paz; esta última es la anhelada con más intensidad, en estos tiempos en los que la opinión pública ha sido testigo de movilizaciones en varias latitudes del Perú. Y tal, como muchos peruanos, también se aguarda que la jefa de Estado los mencione hoy.

La tarde del pasado 19 de julio mientras me encontraba caminado, al igual que miles de ciudadanos, por los alrededores de la plaza San Martín, en Lima, locación que en años anteriores estaba abarrotada de gente escuché a un joven decir lo siguiente: “Las personas que murieron en las protestas son héroes nacionales”. Tenía puesta una bandera del Perú a modo de capa y un casco, implemento que le servía, según él, para protegerse de los perdigones. En el frontis del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) , una señora, que llevaba en la mano una bolsa de rafia, dijo que “los jóvenes que fallecieron mostraron su valentía y amor a su patria”. La ciudadana aprovechó unas horas del día para sumarse a la marcha denominada la Tercera Toma de Lima. Ella estaba de paso, pues tenía que hacer unas compras.

Otro manifestante hizo un ejercicio de extrapolación; es decir, dijo lo que hubiera pasado si Pedro Castillo no hubiera dado el autogolpe. Su respuesta hizo que, por un instante, las personas que estaba a su alrededor guarden silencio. “No hubiera habido muertos”, dijo el señor, quien acompañaba a su hijo en las protestas. Evidentemente no se puede cambiar la historia, pero sí corregir los errores del pasado. Las protestas del 19 de julio fueron una evidencia de ello, pues la Policía Nacional respetaba a los manifestantes en algunos momentos de la jornada de movilización. El saldo de heridos y detenidos, según el Ministerio del Interior, fue ocho personas heridas: cuatro civiles y cuatro agentes policiales; además se conoció que una persona arrojó una bomba molotov contra los agentes del orden.

Lo que sucedió ese día, no se compara a lo ocurrido en diciembre de 2022, mes en el que Dina Boluarte asumió el cargo, sin presagiar que en los próximos días miles de peruanos saldrían a las calles a protestas contra su gobierno, el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones. El 7 de diciembre fue la fecha en la que la relativa paz que teníamos se desvaneció conforme pasaban las horas. Alrededor del mediodía, Pedro Castillo dio un mensaje a la nación que sorprendió a la opinión pública: anunció la disolución temporal del Congreso de la República y que gobernaría a través de decretos ley. Este mensaje lo dio el mismo día en que el Parlamento iba a debatir y votar el pedido de vacancia contra Castillo Terrones a las 3 p.m. Se desconoce lo que pasaba por la mente de Castillo Terrones mientras se preparaba ante las cámaras del canal del Estado. Lo cierto es que los politólogos entrevistados por los medios de comunicación decían que no se llegarían a los 87 votos para vacarlo, dado que algunos congresistas de bancadas como Perú Libre, Bloque Magisterial, Perú Democrático, Perú Bicentenario, Cambio Democrático-Juntos por el Perú (JPP) votarían en contra de la vacancia. De esta manera, no se lograrían los 87 votos para sacar al político de Palacio de Gobierno.

La noticia del intento de golpe de Estado y la pronta destitución de Castillo Terrones me sorprendió en un colegio ubicado en el distrito de San Miguel, escenario donde se hablaba poco de política. Tras el Mensaje a la Nación, los escolares empezaron a interesarse en el tema. Unos querían que se utilice el proyector para ver las noticias, mientras que otros se ponían sus audífonos para ver las transmisiones en vivo de los medios de comunicación. Lo anecdótico es que los escolares empezaron a mencionar nombres de políticos como quien nombra a un héroe nacional en una exposición del curso de Historia; como nunca se pronunciaron términos como vacancia o disolución en los pasillos de una institución educativa. Conforme los educandos se encontraban en el frontis del colegio con sus padres, la prensa informaba que, con 101 votos a favor, 6 en contra y 10 abstenciones, el Pleno del Congreso vacó a Pedro Castillo.

Las horas pasaban, y la incertidumbre se apoderaba de las personas y, sobre todo, de los niños y adolescentes, quienes estaban preocupados con lo que pasaría con el país. Más de un profesor dijo que “la gente saldrá a las calles a protestas a favor de Castillo y pedirán el cierre del Congreso”. Cual adivino, su pronóstico se cumplió. Un grupo de partidarios al político se enfrentó a los policías. El objetivo de estas personas era llegar a la Prefectura de Lima, donde el expresidente de la República estaba detenido. Cuando se dan estos enfrentamientos, eran las 3 de la tarde, aproximadamente. Minutos después, Dina Boluarte ―quien el 7 de diciembre de 2021 dijo que “si al presidente lo vacan, yo me voy con él”― juró ante el Pleno del Congreso como presidenta del Perú. Así, se convirtió en la sexta mandataria del país en un quinquenio marcado por un clima hostil. Cabe indicar que días después, los ciudadanos de regiones como Puno, Ayacucho, Arequipa, Ica, entre otras, se sumaron a las movilizaciones que iniciaron en la capital tras la detención de Castillo Terrones.

“Nos corresponde conversar, dialogar, ponernos de acuerdo, algo tan sencillo como impracticable en los últimos meses”, dijo Boluarte Zegarra en su primer mensaje a la nación. Con el transcurrir del tiempo, el diálogo no se cristalizó de manera inmediata. Tuvo que pasar unos días para que la flamante mandataria considere el pedido de la población. El lunes 12 de diciembre, el Gobierno remitió al Parlamento el proyecto de ley de reforma constitucional que modifica el mandato presidencial y establece el adelanto de elecciones generales para el 2024.

Días después, la jefa de Estado dijo que las elecciones generales podrían darse en diciembre del 2023. “En consecuencia, legalmente los tiempos calzarían para abril del 2024; sin embargo, haciendo reajustes, ayer conversando, esto se puede adelantar a diciembre de esa fecha (2023)”, dijo Boluarte, quien se reunió con el presidente del Congreso, José Williams; y el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, para abordar este tema.

“Salirse de esos marcos, ya se convierte en ilegal. Como presidenta de la República, tengo que ser responsable y decir que, en estos tiempos, que no depende de mí sino del Congreso de la República y del ente electoral, en esos tiempos se va a llevar a cabo el adelanto de elecciones”, agregó.

Llegó enero de 2023, y la bancada fujimorista presentó un texto sustitutorio, el cual decía lo siguiente:

Respecto al destino de la presidenta Boluarte, el documento planteaba que la presidenta concluya su mandato el treinta de abril del 2024. Asimismo, que la jefa de Estado convoque a Elecciones Generales Complementarias el 2023 y que el próximo gobierno asuma funciones por un periodo de permanencia de dos años y tres meses.

La decisión del adelanto de elecciones estaba en manos del Congreso, el cual, una vez más, le dio la espalda a la ciudadanía: rechazó el texto sustitutorio para adelantar las Elecciones Generales Complementarias al 2023. Tras ello, la presidenta mostró su malestar por lo ocurrido en el Palacio Legislativo y dio a conocer su propuesta que dispone que ella misma convoque a elecciones generales para elegir al presidente y vicepresidentes de la República, así como a los congresistas de la República, el segundo domingo de octubre del 2023.

Mientras se debatían temas medulares en el Parlamento, las protestas continuaban en las calles. A fines de enero, la Defensoría del Pueblo registró más de 55 muertes desde que iniciaron las protestas antigubernamentales. La noche del 28 de enero, una noticia entristeció a los peruanos: la muerte de Víctor Santisteban Yacsavilca (55). Según el certificado del Ministerio Público, el hombre tuvo “contusión y laceración encefálica, fractura craneal y traumatismo craneoencefálico severo”. En tanto, en las regiones también se registraban muertos. Según el reporte que dio la Defensoría del Pueblo a fines de enero, perdieron la vida 58 personas, de las cuales uno fue un policía quien fue calcinado dentro de su patrullero en Puno.

El tiempo pasaba, y el país parecía no tener un rumbo definido; es más, no se vislumbraba paz en el horizonte. Los peruanos esperaban que Dina Boluarte pida perdón por las muertes, pero no lo hizo. En su lugar, lanzó una frase que empeoró el clima adverso. Durante una conferencia de prensa con los medios internacionales acreditados en nuestro país, la mandataria se refirió a los disturbios en Puno, una de las regiones con la mayor cantidad de fallecidos hasta ese entonces por las protestas.

“Tenemos que proteger la tranquilidad de los 33 millones de peruanos. Puno no es el Perú”, sentenció la presidenta el martes 24 de enero. Horas después, la Presidencia de la República pidió disculpas por la frase mencionada por la jefa de Estado. “La Presidencia de la República reitera que debe velar por la seguridad y bienestar de los 33 millones de peruanos y peruanas, en ese contexto, la frase ‘Puno no es el Perú’ no fue una expresión de discriminación ni soberbia”, se lee en la cuenta de Twitter de la Presidencia. “De haberse malinterpretado, nos disculpamos con las hermanas y hermanos de nuestra querida región altiplánica. Reiteramos nuestro llamado a la paz, el diálogo y la reconciliación”, agregó.

Llegó febrero, y los ánimos continuaban caldeados en varias latitudes del Perú. En medio de la turbulencia, la mandataria dio una conferencia de prensa sobre los avances de su gestión. Esta actividad se llevó a cabo en Palacio de Gobierno con la participación del premier Alberto Otárola y los ministros de Estado. La presidenta tomó primero la palabra para decir que presentó nueve ejes de política general de gobierno al Congreso. Estas son: paz social y gobernabilidad; concertación y diálogo nacional; protección social para el desarrollo; reactivación económica; impulso al desarrollo de los departamentos; lucha contra la corrupción, orden publico y seguridad, y defensa de la soberanía nacional; buen inicio del año escolar con recuperación de los aprendizajes; la salud como derecho humano; más infraestructura y servicios para una mejor calidad de vida.

Respecto a los logros de su gobierno, la jefa de Estado sostuvo que “en el sector de economía podemos decir que 903 millones de soles se han ejecutado en el mes de enero de este año, 5 mil novecientos millones fueron destinados a Con Punche Perú, en salud tenemos una implementación de 515 millones, en agricultura se está entregando el bono Recupérate Ya a más de 200 mil agricultores y ganaderos”.

Tras este mensaje, Alberto Otárola y los ministros tomaron la palabra para explicar las políticas de gobierno que vienen aplicando en aras de la ciudadanía. El desenvolvimiento de las nuevas autoridades dista mucho del performance que tuvieron la mayoría de los ministros en el anterior gobierno. Sobre este tema en cuestión, Maite Vizcarra, analista política y divulgadora tecnológica, destacó la importancia de que en los organismos del Estado prevalezca la meritocracia. Como es sabido, esta palabra estuvo ausente en el periodo de Castillo Terrones, quien puso a conocidos y amigos en cargos importantes.

Evidentemente, los ministros de la presidenta tenían una vasta trayectoria en gestión pública. Po dar un ejemplo, Álex Contreras Miranda, nuevo titular de la cartera de Economía y Finanzas (MEF), fue director general de la Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal del MEF y laboró del 2007 al 2019 en el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP); asimismo, se desempeñaba como viceministro de Economía desde agosto de 2021. Otra autoridad con amplia trayectoria es Hania Pérez de Cuéllar, quien fue presidenta del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), también trabajó en el Ministerio de la Producción.

A pesar de sus capacidades, algunos funcionarios no pudieron solucionar los problemas que aquejaban a la población. Tal es el caso de la otrora ministra de Salud Rosa Gutiérrez, que durante su gestión murieron más de 100 fallecidos producto del dengue. Recordemos que el Ciclón Yaku se formó a fines de febrero de 2023 en la costa peruana. Según Osinergmin, las regiones de Lambayeque, Piura, La Libertad, Áncash, Lima e Ica fueron las más afectadas.

Esta situación habría frenado las protestas que se venían registrando en todo el Perú. “Dina se salvó por el Ciclón Yaku”, dijo una transeúnte, quien se encontraba en los alrededores de la plaza San Martín. “Salvó” a Boluarte, pero mató a varios peruanos en marzo. Es preciso indicar que a mediados de ese mes, las autoridades registraron 50 fallecidos, 48 heridos, 5 desaparecidos, 7.960 damnificados y 51 mil 842 afectados a nivel nacional a causa de las intensas precipitaciones. Así lo dio a conocer el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).

Mientras el Perú estaba en emergencia, la Rosa Gutiérrez viajó junto con su hijo a Estados Unidos. Esto generó indignación en la mayoría de los peruanos, sobre todo en los familiares de las víctimas, quienes esperaban una pronta respuesta de las autoridades. “Cuando yo salí la situación no era esa (...). No hemos dejado de monitorizar. Sé que nos toca Huaycán. Están los viceministros trabajando, ustedes lo pueden ver”, sostuvo en ese entonces la exfuncionaria.

Si bien en el gabinete de Boluarte hay profesionales con vasta trayectoria, hay algunos que tuvieron un trabajo ineficiente. Según Marisol Condori, doctora en Sociología, dijo que “la designación de ministros incompetentes produjo desazón y disconformidad en la población”. “Por ejemplo, el presidente del Consejo de Ministros y la ministra de Salud no tienen el perfil para ocupar el cargo que se les encomendó. A Rosa Gutiérrez se la premió tras su renuncia”, aseveró Condori.

Sobre esta declaración, es preciso recordar que, durante el Pleno del Congreso realizado a mediados de junio, Gutiérrez Palomino anunció que presentó su carta de renuncia al Poder Ejecutivo. Esto lo dijo cuando terminó de responder todas las preguntas acerca de su deficiente trabajo para enfrentar la epidemia del dengue.

Tras ello, el Gobierno la designa presidenta como presidenta ejecutiva del seguro integral de EsSalud, cargo en el que estuvo solo nueve días. Luego de ser destituida, la exministra de Salud acusó a la presidenta Boluarte Zegarra de exigirle la reposición de Ivan Pereyra Villanueva en el puesto de gerente general de la institución. La exfuncionaria afirmó que retiró a dicho servidor público por presuntos casos de corrupción.

Ahora bien, no todo fue cuestionamientos durante los 7 meses de gobierno. Según Claudia Sicoli, directora de la carrera de Economía de la UPC, destacó el plan Con Punche Perú y criticó la ausencia de políticas de gobierno en el sector economía. “Yo creo que esa medida fue importante y las autoridades deberían seguir en esa línea (…). El tema de dar apoyo es importante sobre todo cuando las situaciones son complicadas; sin embargo, no podemos tomar solamente medidas paliativas. Tenemos que empezar a pensar en medidas de mediano y largo plazo para afrontar lo grande problemas que tiene el Perú. El tema de la informalidad laboral afecta más del 70% de la población económicamente activa y no hay ninguna medida orientada a formalizar el empleo; tampoco hay una reforma del mercado laboral”, indicó.

Por su parte, la socióloga desestimó, en cierta medida, el plan Con Punche Perú. “El bono es un dulce que le doy a la población para tenerlos adormecidos y, en consecuencia, no reclamen. De ninguna manera esto va a solucionar de fondo el problema de los peruanos; al contrario, va a empeorar más el problema. ¿Por qué? Porque el conformismo no va a permitir que estas personas salgan de su situación de pobreza”, manifestó.

En el segundo y tercer balance, Boluarte mencionó los avances en materia de salud, educación y economía, este último llamó la atención de los ciudadanos, pues consideran que los precios están elevados y que no les alcanza para cubrir la canasta básica familiar.

A continuación, algunas de sus declaraciones que dio en su tercer balance de su gestión:

• “Nuestra economía comienza a recuperarse. En marzo último registró cifras positivas revirtiendo la tendencia decreciente de los meses de enero y febrero”.
• “La inversión pública de enero a mayo de este año llegó alrededor de 14 mil millones de, el mayor monto ejecutado en los últimos trece años”.
• “Cerca del 50 % del monto total fue ejecutado por las entidades del gobierno nacional. Un reconocimiento a nuestras ministras y ministros por este importante resultado en beneficio del Perú.

A mediados de julio, informe de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) puso en evidencia la situación política del Perú. El documento concluye que el Congreso de la República, con el aval del gobierno de la presidenta Dina Boluarte, “captura” las instituciones democráticas como la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional. La FIDH también demandó cesar la estigmatización y garantizar los derechos humanos. Como se recuerda, En marzo de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe sobre la crisis política y social que atravesó el país desde diciembre de 2022 y los primeros meses del 2023.

“La CIDH constató un deterioro generalizado del debate público con una fuerte estigmatización por factores étnicos-raciales y regionales, mediante mensajes que aluden a las personas indígenas y campesinas como ‘terroristas’, ‘terrucos’, ‘senderistas’, ‘cholos’ o ‘indios’, entre otras formas despectivas”, se lee en el documento del órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Sobre esta situación, Josefina Miró Quesada, especialista en derechos humanos, manifestó que tildar de ‘terrorista’ a un manifestante implica negarle la condición de ciudadano. “Esto (la estigmatización) es muy preocupante porque justifica la represión y la violación a los derechos humanos que se pueda cometer contra esta persona”, aseveró. Agregó que “llamar terrorista a una persona implica correr el riesgo de volverla enemigo del Estado y, por tanto, que se justifique una represión desmedida y desproporcionada en su contra”.

Maite Vizcarra también opinó sobre la conclusión del informe de la FIDH. “No es tanto que haya un copamiento, lo que hay es básicamente negociación. Ahora, ¿dónde viene el tema criticable? Cuando en la negociación no se respeta la meritocracia”, aseveró.

Es menester indicar que tras las movilizaciones registradas en diciembre de 2022 y los primeros meses de 2023, las autoridades han intentado dialogar con los líderes políticos y la ciudadanía; sin embargo, los desaciertos en aspectos comunicacionales y la represión de la Policía Nacional terminaron distanciando al Poder Ejecutivo y el pueblo. Recordemos que el Gobierno, a inicios de año, presentó un proyecto de ley que limita el derecho a la protesta. “La presente ley tiene por objeto modificar el Código Penal y el Nuevo Código Procesal Penal a fin de establecer medidas inmediatas, urgentes y excepcionales para reforzar la respuesta del Estado frente a los delitos que afectan la vida, el cuerpo y la salud, así como los bienes públicos y privados, cometidos durante la vigencia de la declaratoria de un estado de emergencia”, se lee en el proyecto de ley.

La socióloga Condori también se refirió al gobierno de Dina Boluarte. “Si bien es cierto la señora Dina Boluarte está ocupando el cargo de manera constitucional, no tiene legitimidad y eso representa un problema social y político muy grave en nuestro país. La sierra sur y central de nuestro país están exigiendo la renuncia y/o adelanto de elecciones de la presidenta de la República, y veo que ella se justifica al decir que el adelanto de los comicios no es su competencia”, mencionó.

Hasta la fecha, la jefa de Estado todavía no ha ido a Puno a pedir perdón, tampoco ha ofrecido disculpas a la ciudadanía por las muertes que ocasionó la represión de las fuerzas del orden. Organizaciones han anunciado movilizaciones, mientras que otras personas están en desacuerdo con las protestas, pues consideran que afecta a la economía y, sobre todo, a sus bolsillos. En estas últimas líneas, me permito citar un verso de César Vallejo que encaja en la situación en la que estamos hoy en día. “Y cuándo nos veremos con los demás, al borde de una mañana eterna, desayunados todos!”. Esperemos que la paz pronto vuelva a nuestro país.