PJ: Manifestante que arrojó bengala a policía recibió 9 meses prisión preventiva

A Vladimir Molina se le acusa del presunto delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de disturbios en agravio del Estado durante una movilización social contra el gobierno de Dina Boluarte.

PNP detalló que identificaron a la persona que les lanzó una bomba molotov. | Andina

Este miércoles el Poder Judicial (PJ) dictó una orden de 9 meses de prisión preventiva contra Vladimir Molina Espinoza, quien fue detenido durante movilización social contra el régimen de Dina Boluarte el pasado sábado 22 de julio.

Molina fue grabado por una cámara de seguridad lanzando una bengala a los efectivos policiales que resguardaban la manifestación. El video fue compartido mediante las redes sociales del congresista Alfredo Azurín, pues uno de los integrantes de la policía resultó herido. “Toma de Lima. Imágenes que hablan por sí solas”, escribió.

Ante ello, la Corte Superior de Justicia de Lima decidió dictar una orden de prisión preventiva en contra del investigado por el presunto “delito contra la tranquilidad pública, modalidad disturbios, en agravio del Estado”.

Efectivos policiales empujaron a periodistas de distintos medios que cubrían la Tercera Toma de Lima.

El comandante general de la Policía Nacional de Perú (PNP) conversó con RPP Noticias y mostró su rechazo a este acontecimiento. Además, resaltó que existen evidencias de que los jóvenes que participaron de estas protestas agredieron a los agentes del Estado. “Lamentablemente, no sé quien le habrá aconsejado o en qué circunstancias el sujeto trata de lanzar unos explosivos pequeños que, seguramente, mañana lo vamos a mostrar a los medios de comunicación”, dijo.

Detenidos en movilización

La Tercera Toma de Lima en su caurto día de proytestas llegó hasta la Plaza San Martín, donde los participantes se reunieron a mostrar su rechazo hacia la presidenta de la República, Dina Boluarte. Sin embargo, durante su desarrollo se registraron una serie de incidentes que terminó con la detención de dos personas.

El primero de ellos fue Vladimir Molina Espinoza, quien habría lanzado una bombarda contra el personal policial, lo que ocasionó que uno de ellos deba ser trasladado a un hospital cercano para ser atendido de emergencia. El segundo fue detenido por hacer un grafiti en la sede de Palacio de Justicia.

Manifestantes ingresan a la avenida Abancay, cerca al Congreso de la República

Durante la primera fecha de movilización se registraron seis detenciones, quienes serán investigados por el presunto delito contra la tranquilidad pública en modalidad de disturbios, se trata de Miguel Hidalgo Alejo (19), Jorge Ramírez Carvajal (19) y César Garrido Gutiérrez (39). De acuerdo a Jorge Angulo Tejada, comandante general de la PNP, dos de ellos tenían antecedentes policiales relacionados a delitos contra el patrimonio.

Además, también se intervino a Sebastián Chanco Rebaza (18), Richard Aguilar Fernández (31) y Joselyn Vilca Tintayo (23) por presuntamente lanzar piedras contra los agentes del Estado. “Todos estos elementos constituyen evidencias reales y legales que el Ministerio Público está evaluando justamente para poder incrementarlos en el momento justo”, detalló el comandante.

Ante estas detenciones, el Ministerio Público informó que las fiscalías penales de Lima Centro permanecían desarrollando investigaciones en las comisarías de Alfonso Ugarte, Cotabambas, San Andrés y otros establecimientos policiales.

¿Por qué protestan?

La marcha fue convocada por ciudadanos provenientes del sur del Perú y otras provincias que se movilizaron con el objetivo de manifestarse en la capital en rechazo a la gestión de Dina Boluarte y el Congreso de la República.

Dentro de las principales demandas se encuentra la renuncia de la jefa de Estado, la disolución del Congreso, la anticipación de elecciones, la convocatoria a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución y la restitución de Pedro Castillo al poder, quien permanece cumpliendo una orden de prisión preventiva debido a una acusación de sedición por su intento de golpe de Estado y otros escándalos de corrupción con las que se le vincula.

A la jefa de Estado se le atribuye la responsabilidad de las 77 muertes que ocurrieron durante las protestas en contra del gobierno entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, donde se registró una fuerte represión tanto por parte de la policía como de las Fuerzas Armadas, así como también la violencia ejercida por algunos manifestantes.