Pedro Castillo: Tutela de derechos por investigación sobre el fallido autogolpe fue rechazada por el Poder Judicial

La Fiscalía de la Nación investiga a Castillo Terrones por los presuntos delitos de rebelión y conspiración en agravio del Estado peruano. Por esa razón, cumple 18 meses de prisión preventiva con el fin de que se recaben más pruebas sobre su participación en este suceso que, además, buscaba evitar un tercer proceso de vacancia que el Parlamento iba a ejecutar por presuntos actos de corrupción.

Precisamente, la última vez que el exmandatario apareció de manera pública fue en la audiencia que lideró el magistrado Juan Carlos Checkley para reiterar una vez más que era una “víctima” del complot ejecutado entre el Ministerio Público y el Congreso.

“Hoy estoy convencido de que la Fiscalía es un verdadero colaborador eficaz del Congreso y de este Gobierno de facto. Ha habido todo un plan, todo un complot, donde el pueblo se da cuenta quién es quién. Porque primera vez en la historia del Perú donde un gobierno viene del interior del país que no se sometió a los grandes intereses de los grupos de poder, porque no le dio a la prensa lo que la prensa pidió en Palacio como le dieron otros gobiernos”, dijo.

Castillo agregó que el Ministerio Público defiende “a un Congreso deslegitimado que no representa y que no es útil a este país”. Además, cuestionó que se difundieran las declaraciones de colaboradores eficaces que dan cuenta de los actos de corrupción en los que habrían participado Geiner Alvarado, Salatiel Marrufo, Sada Goray y Mauricio Fernandini.

“Se han construido colaboradores eficaces. Hoy me estoy convenciendo cada vez más esta alianza de la Fiscalía con los medios de comunicación. Al final no van a encontrar ninguna prueba porque yo no vine a robar ni estafar ni violar a nadie; simplemente he cumplido con un mandato de este pueblo sediento de justicia y reivindicaciones”, insistió.

Por otro lado, el abogado de Castillo, Eduardo Pachas, sustentó ante el juez Checley que ordene a la Fiscalía tomar las declaraciones de hasta seis congresistas, entre las que resaltó a María del Carmen Alva (Acción Popular) y Martha Moyano (Fuerza Popular), la fiscal suprema Zoraida Ávalos y el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta.

A pesar de los pedidos, finalmente no tuvieron éxito.

“El juez supremo Juan Carlos Checkley señaló en su fallo que no se advierte la vulneración de los derechos de Pedro Castillo, pues algunas diligencias sí fueron concedidas por la Fiscalía y otras rechazadas por ser impertinentes e inútiles para la investigación”, informó el Poder Judicial en redes sociales.

El último martes se conoció que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia declaró fundadas las solicitudes de la Procuraduría General del Estado (PGE) para que disponga con el embargo de las propiedades que le corresponden al expresidente Castillo y a su exprimer ministro Aníbal Torres, quien también está en calidad de investigado en el caso del fallido autogolpe de Estado del año pasado.

En el caso de Castillo se dispuso intervenir cuatro propiedades, tres de las cuales se encuentran ubicadas en Anguía, Chota, el pueblo natal del exmandatario y una en el pueblo de Tacabamba, que pertenecería a sus padres y donde hace un tiempo se reportó la construcción un helipuerto privado.

Por su parte, con Torres, se ordena el embargo de nueve bienes: ocho inmuebles ubicados en los distritos de San Isidro y Lima Cercado, así como un vehículo. Todas las incautaciones buscan asegurar el cobro de reparación civil de más de S/67 millones que debían pagar el expresidente y su expremier.