Brasil autoriza que Marcelo Odebrecht y Jorge Barata declaren en juicio oral contra Ollanta Humala

Los exdirectivos, acogidos a la colaboración eficaz, también declararán en juicio contra el exviceministro Jorge Cuba por el caso Metro de Lima, instalado en diciembre del año pasado

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El Tribunal Superior de Justicia de Brasil autorizó este miércoles que Marcelo Odebrecht y Jorge Barata, entre otros exdirectivos de la empresa constructora, declaren el próximo septiembre ante el fiscal Germán Juárez, del equipo especial Lava Jato, en medio del juicio oral contra el expresidente Ollanta Humala (2011-2016).

Odebrecht y Barata, quienes se acogieron a la colaboración eficaz, también comparecerán ante el magistrado José Domingo Pérez por el caso Metro de Lima, que aborda un presunto acuerdo ilícito entre el exviceministro Jorge Cuba y Odebrecht para obtener la adjudicación, y cuyo juicio quedó instalado en diciembre de 2022.

El exmandatario y la exprimera dama, Nadine Heredia, afrontan desde febrero de 2022 un proceso penal por el presunto financiamiento irregular de sus campañas electorales de 2006 y 2011 por parte de la constructora y el Gobierno venezolano de Hugo Chávez.

Se trata del primer juicio contra un expresidente peruano enmarcado en el escándalo de corrupción Lava Jato, que llegó a extenderse a una docena de países de la región.

En abril pasado, el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional informó que las citaciones a los testigos, programadas para el 4 y 5 de setiembre, respectivamente, “se cursarán por carta rogatoria a las autoridades judiciales brasileñas bajo apercibimiento de prescindir de las” mismas.

Documento de Tribunal Superior de
Documento de Tribunal Superior de Justicia de Brasil

Así como Humala, son investigados los exmandatarios Alejandro Toledo (2001-2006), extraditado desde Estados Unidos; y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), en prisión domiciliaria desde hace cuatro años.

La Fiscalía también cercó con sus pesquisas a Alan García (2006-2011) y, cuando se disponía a detenerlo en su casa de Lima en 2019, el exmandatario se suicidó de un disparo en la cabeza.

Odebrecht reconoció la entrega de sobornos a altos funcionarios entre 2005 y 2014 para adjudicarse grandes obras públicas y el supuesto financiamiento irregular en las campañas de numerosos excandidatos, entre las que también figura Keiko Fujimori.

En su acusación, el fiscal anticorrupción Germán Juárez, quien lleva una investigación abierta inicialmente en 2015, ha solicitado 20 años de cárcel para Humala y 26 años de prisión para Heredia.

Durante el tiempo que duró la investigación, el exmandatario y su esposa pasaron casi diez meses en prisión preventiva entre julio de 2017 y abril de 2018, hasta que el Tribunal Constitucional ordenó su puesta en libertad.

En las audiencias, Juárez deberá probar que los acusados tenían conocimiento de que los fondos supuestamente recibidos eran de origen ilícito, pues en el momento de los hechos no era delito falsear las cuentas de la campaña y solo se contemplaba como falta administrativa.

Junto a la expareja presidencial hay otros once implicados, entre ellas Ilán Heredia y Antonia Alarcón, el hermano y la madre, respectivamente, de la ex primera dama, quien enfrenta, a la vez, 18 meses de impedimento de salida del país.

El ex presidente peruano Ollanta
El ex presidente peruano Ollanta Humala y su mujer Nadine Heredia (EFE)

Otro de los acusados es el empresario Martín Belaunde Lossio, exasesor de campaña de Humala en 2006, capturado en 2015 en la selva de Bolivia cuando se había fugado para evitar ser procesado por corrupción y espionaje a adversarios políticos dentro del gobierno regional de Áncash.

Caso Metro de Lima

En otro proceso por el que declararán Odebrecht y Barata es sobre la licitación y ejecución del tramo 2 de la línea 1 del Metro de Lima, que ocasionó al Estado un perjuicio de al menos 20.665.644 dólares, según las primeras conclusiones de un informe de la Contraloría General de Perú.

Esta auditoría comprendió todas las etapas del segundo tramo, que recorre 12,4 kilómetros de Lima, y que inició días antes del fin del segundo gobierno de García, cuando el Consorcio Tren Eléctrico —formado por Odebrecht y la peruana Graña y Montero— firmó un contrato como ganador de la licitación.

Jorge Cuba fue viceministro de Comunicaciones durante el segundo gobierno del fallecido exmandatario. Otro exfuncionario, Edwin Luyo, participó en el comité de licitaciones del Ministerio de Transportes durante la administración aprista.

En este caso, José Domingo Pérez ha pedido hasta 12 años de prisión para los acusados como receptores de dinero de Odebrecht a cambio de favorecer a la empresa en el proceso de adjudicación.

El exdirector de contratos de la firma brasileña, Carlos Nostre, declaró que Graña y Montero dio parte de sus utilidades en la construcción de la Línea 1 del Metro para pagar sobornos a Cuba.

Nostre agregó que el total del soborno fue de 20 millones de dólares, una cifra que difiere de los 8,1 millones de dólares que señaló el exapoderado de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, por esta obra.

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