Nuevas elecciones, perdón a víctimas y cambios en Gabinete: Lo que se espera del mensaje presidencial de Dina Boluarte

Dina Boluarte va apenas siete meses de gobierno, pero en este tiempo ha logrado que la dinámica de la democracia peruana haga un viraje hacia el autoritarismo, pues se niega a escuchar las demandas políticas de la población que protesta en contra de su régimen. Y no solo eso. En su corto periodo de mandato, la represión de las fuerzas del orden, que avaló públicamente, ya dejan 49 civiles fallecidos -la mayoría con heridas de armas de fuego de uso oficial. Aun así, se aferra a la Presidencia y señala no entender por qué ocurren las movilizaciones, cuando el mensaje el pedido es claro: adelantar las elecciones generales.

El actual mandato ha estado marcado por la conflictividad y el descrédito internacional debido al alto número de muertes durante las protestas, entre los que se incluyen ocho menores de edad. Pese a los violentos episodios, la presidenta ha llegado con vida a este 28 de julio y brindará su primer mensaje presidencial durante estas Fiestas Patrias que ya se avecinan. ¿Qué se espera de su pronunciamiento oficial? ¿Podría pedir perdón a las familias de los fallecidos y a los heridos de gravedad?

Congresistas, especialistas en derechos humanos y politólogas consultadas y consultados por Infobae Perú manifiestan que son tres demandas políticas clave a las que la presidenta Boluarte debería aludir en su mensaje presidencial: el adelanto de las elecciones generales, la recomposición de su cuestionado Gabinete Ministerial y el pedido de perdón a las víctimas de la represión estatal, ya sean familias de los fallecidos o los cerca de 1000 heridos en el marco de las protestas, según datos recogidos por la Defensoría del Pueblo.

Además, en el caso de las necesidades en materia social que aquejan al país, resaltan que es vital que la mandataria señale con claridad el rumbo de su gobierno —sobre todo tomando en cuenta que pretende quedarse hasta el 2026—, las acciones encaminadas a prevenir y enfrentar el Fenómeno El Niño Costero, que amenaza con dejar graves daños en el país y las medidas para afrontar la crisis económica que pone en peligro el acceso a la alimentación de las familias más vulnerables del país.

Cuando Dina Boluarte llegó a la Presidencia, en diciembre del 2022, amplios sectores académicos y de la sociedad celebraron su ascenso al poder, pues confiaron en que se trataría de un gobierno dialogante y de respeto al orden constitucional. Sin embargo, esta imagen rápidamente se resquebrajó tras la muerte de las primeras 16 personas, durante su primera semana de gobierno, en su propia región natal, Apurímac, así como en Ayacucho, La Libertad y Arequipa. El uso desproporcionado de la fuerza se impuso y la presidenta tachó a las víctimas de violentistas, financiados por oscuros intereses de Bolivia y apoyados económicamente por el narcotráfico del Vraem.

Las protestas cesaron por las fiestas de fin de año y un mes después de su llegada al sillón presidencial ocurrió el peor episodio de su gobierno: la muerte de 17 personas en Juliaca, Puno, en una jornada de horror de menos de 12 horas.

Por estos hechos, organizaciones internacionales como Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunciaron que el gobierno cometió graves violaciones contra los derechos humanos y que lo acontecido en Ayacucho y Juliaca puede ser calificados como “masacres” o “ejecuciones extrajudiciales”.

Ante estas muertes, el debilitamiento institucional y los cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos, el pedido de adelanto de elecciones empezó a cobrar mayor fuerza, a tal punto que al día de hoy el 80% de peruanos considera acertado acudir a las urnas para elegir un nuevo presidente y Congreso antes del 2026, de acuerdo a la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

Por su parte, la politóloga y científica social Fabiola Arce señala que aunque es una de las principales demandas de la ciudadanía, es poco probable que Dina Boluarte se pronuncie a favor de una posible dimisión. No, mientras tenga el respaldo del Congreso y las fuerzas del orden.

“Sabemos que va a estar ausente de su discurso el cambio de las autoridades políticas. Yo creo que en este momento no hay ninguna demanda que esté por encima de eso, a nivel de prácticamente todos los departamentos del país. Hay un llamado a elecciones con tamices, hay distintas opiniones allí, es una demanda general. (...) Si no se entiende lo que la población desea, es porque no se está escuchando, porque no se está poniendo suficiente atención, ya que la demanda es clara”, señaló Arce.

Agregó que para el discurso del 28 de julio podemos esperar una enumeración muy grande de todo lo que han hecho y lo que se tiene planeado durante para el futuro próximo. “Seguramente que la creación misma de la Autoridad Nacional de Infraestructura tendrá un rol importante en el discurso. Probablemente, volveremos a escuchar mucho de lo que Dina Boluarte y sus ministros ya dijeron en estos últimos días, particularmente el día 18 anterior a la marcha. Hicieron una lista de lo que perciben como sus logros. ‘Estos son los temas sociales, que estamos atendiendo, no vamos a responder sobre los políticos’”, añadió la experta.

Actualmente, el gobierno de Boluarte apenas se sostiene con el 10,9% de aprobación a su gestión. En este panorama, sorprende que pueda mantenerse en el cargo hasta el 2026. Además, el Congreso, su principal aliado, mantiene el 90% de desaprobación.

Uno de los miembros del Ejecutivo que defiende férreamente a Dina Boluarte es el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, quien ascendió de ministro de Defensa (ejercía este cargo cuando ocurrieron las primeras 22 muertes) al premierato. Esta decisión política de la mandataria fue tomada como una ofensa por parte de las regiones del sur, quienes identificaban a Otárola como uno de los responsables políticos del uso excesivo de las fuerzas policiales y militares.

Además, el parlamentario hizo referencia a que aunque no puede afirmar con certeza que hay una componenda entre el Congreso y el Ejecutivo, sí hay evidencia del apoyo firme de las bancadas de derecha (que antes eran firmes opositores a Boluarte por ser vicepresidenta de Pedro Castillo) y un viraje en su respaldo a todas sus decisiones, a tal punto que se bloquearon las interpelaciones o censuras a los ministros de Salud, Educación e Interior. “En los votos se nota un claro apoyo. Además, el apoyo que se dio al gabinete al inicio se dio porque se buscaba la estabilidad del país. Que se le diera el voto de confianza no significaba que no fuesen interpelados, se necesita un gabinete más técnico”, añadió a Infobae Perú.

La congresista de Juntos por el Perú, Ruth Luque, también coincide en la necesidad de la destitución de Alberto Otárola como un gesto mínimo de reconciliación por parte del gobierno. “La señora se aferra al poder y entiendo que así continuará, así que mi expectativa sería, por lo menos, el cambio del Gabinete y la salida del señor Otárola, que creo es responsable político directo, al igual que Dina Boluarte, del grave deterioro de la democracia y de las violaciones a derechos humanos”, dijo a este medio.

Asimismo, resalta que las necesidades sociales del país tampoco han sido cubiertas como lo muestra la ineficiente gestión de los ministerios ante el desastre que dejó el ciclón Yaku en el norte del país y el posterior brote del dengue.

Desde hace meses, las regiones del sur del país protestan localmente para exigir justicia para sus fallecidos. Cuando los números más altos de decesos en las protestas ocurrieron, tanto en Ayacucho como en Juliaca, la propia presidenta insistió en llamar a los manifestantes azuzadores, violentistas. Incluso luego de que se anunciara la marcha ‘Tercera Toma de Lima’ pronunció una inolvidable frase a mediados de junio: “¿cuántas muertes más quieren?”, pese a que en su gobierno ya se contaban 77 fallecidos, un número sin precedentes para cualquier democracia.

En tanto, el parlamentario Roberto Chiabra señala que una de las primeras acciones de la presidenta debió ser brindar apoyo a las víctimas de la represión, sin la necesidad de esperar las investigaciones fiscales, puesto que este proceso legal puede tardar varios años. “Le está faltando al gobierno sensibilidad con las víctimas”.

La politóloga María Paula Távara señala que un sector de la ciudadanía espera del mensaje presidencial un anuncio del inicio de investigaciones internas dentro del Ejecutivo para determinar responsabilidades políticas por el alto número de fallecimientos.

“Un conjunto de la ciudadanía esperaría una renuncia, pero esa no va a ocurrir. También está claro que se esperaría alguna forma de mea culpa o al menos de anuncios de investigación interna dentro del Ejecutivo sobre las violaciones a los derechos humanos por parte de la Policía y las Fuerzas Armadas. Es decir, que no se deje solo en manos de Fiscalía, pero de nuevo creo que eso no va a ocurrir”, señaló.

Mar Pérez, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, precisa que incluso durante las últimas fechas, la presidenta y sus ministros han continuado criminalizando las protestas, ya no solo desde el discurso, sino con movidas legales.

“Se ha continuado asociando las marchas a actividades terroristas, buscando así deslegitimar a las personas movilizadas y al mismo tiempo justificar los eventuales abusos de la policía. También genera muchísima preocupación la actuación de la Fiscalía, porque ellos están literalmente empapelando a los dirigentes sociales a nivel nacional mediante procedimientos de denuncia preventiva y, en cambio, no están haciendo nada para proteger a los manifestantes”, enfatizó.