“Dina asesina” es la pinta que podría llevar a la cárcel a un joven universitario, después de que fuese acusado por la Policía de haber realizado la inscripción durante la última masiva protesta antigubernamental realizada en la capital hace una semana. Y es que el Ministerio Público ha pedido nueve meses de prisión preventiva contra el joven de 27 años, que permanece detenido en una carceleta de la División de Asuntos Sociales de la PNP desde el pasado sábado 22 de julio.
La fiscal Rocío Castañeda Layseca, fiscal provincial del Segundo Despacho de la Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Cercado hizo el pedido contra el joven universitario Oscar Alberto Bellido Alata al acusarlo por el delito contra la tranquilidad pública, en la modalidad de disturbios.
El Instituto de Defensa Legal (IDL) y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh) alertan sobre la desproporcionalidad del hecho y la figura penal por la que se acusa al joven. Así, califican el pedido fiscal como “abusivo”.
“Medida es completamente desproporcionada para una acción de lesividad mínima. Delito de disturbio exige violencia y daños graves a la propiedad, por lo que no se configura. Esta medida injusta puede avivar la indignación de jóvenes y aumentará su desconfianza en las instituciones”, señaló la Cnddhh.
Una serie de irregularidades en la acusación
El abogado Juan José Quispe, de IDL, dio más detalles a Infobae Perú sobre la situación del joven afectado, ya que su institución asumió su defensa legal. Además, advierte una serie de atropellos que habría cometido el despacho fiscal al no sostener adecuadamente su pedido de prisión, realizado desde el 24 de julio, apenas un par de días después de su detención.
El letrado manifiesta que el principal medio probatorio, hasta la fecha, de la Fiscalía es el testimonio de policías, en el que señalan que el joven arrojó una lata de spray desde su auto al ser detenido. “Nada más falso porque hay un vídeo en las redes sociales donde se ve cómo ya lo tenían sometido en el suelo, lo ingresan al patrullero y van desde el Paseo de los Héroes Navales hasta la comisaría de Cotabambas. (...) Uno. No han visto si él ha participado o no de la protesta. Dos. No lo han visto haciendo las pintas. Parece ser que el mensaje que que manda la Fiscalía es que primero yo te meto a la cárcel y luego te investigo”, explica Quispe.
El abogado defensor indica que, de ser condenado, Óscar Bellido se podría enfrentar a una pena de cárcel de al menos seis años, debido a que el delito que le imputan es grave, pese a que la acusación fiscal solo incluye la pinta ‘Dina asesina’, realizado en las inmediaciones del Poder Judicial y el Paseo de los Héroes Navales.
“El delito de disturbios se imputa cuando atenta contra la integridad física de las personas o mediante violencia causa grave daño a la propiedad pública o privada. Y lo que hay en la carpeta fiscal no se observa así. No se puede equiparar con unas pintas. El tipo penal ha querido subsumir la pinta en un delito de disturbios, que exige de manera taxativa que haya violencia. Y no hay destrozos en el Poder Judicial y tampoco hay destrozos en el Paseo de los Héroes Navales”, dijo el abogado.
Juan José Quispe también detalla que la carpeta fiscal hace alusión a un video de inteligencia en el que presuntamente “identifican” que el joven estudiante de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), pero en este se registra al autor de las pintas de espaldas y cubierto por otra persona. “Desde el ángulo de grabación no existe una identificación plena donde se pueda determinar que es la persona que aparece pintando. Y en el supuesto caso de que aparezca mi patrocinado como autor de las pintas ‘Dina Asesina’ y otras cosas más, eso de modo alguno no constituye como delito de disturbios”, explica.
El letrado también detalla que lo “interesante” del requerimiento del Ministerio Público es que la fiscal Rocío Castañeda Layseca pide que recién después de la prisión preventiva se solicitarán formalmente las declaraciones del teniente “testigo”, los exámenes toxicológicos, los registros de cámaras de seguridad de las zonas aledañas al Poder Judicial y otras diligencias clave que, se supone, deberían ya estar incluidas en el requerimiento de prisión preventiva, para darle fuerza a un pedido de tal magnitud como enviar a prisión a una persona. Es decir, se trataría de una acusación exprés.
También alertó que el juez del 22 Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Lima, José Eduardo Díaz Leiva, apenas les quiso dar media hora para leer la carpeta fiscal y los alegatos de defensa, lo cual contraviene a derechos del joven.
“Acá hay un tema que ya escapa a lo netamente procesal. Hay un tinte político y no nos sorprendamos que a pesar de todas estas inconsistencias que he señalado este juez termine dándole la prisión de manera vergonzosa. Creemos que la Fiscalía está criminalizando la protesta social, que está actuando como un aparato legal del gobierno para meter presas a todas aquellas personas que se expresan en su derecho a la protesta social”, sentenció Juan José Quispe.
Condiciones denigrantes
El joven ha tenido una crisis asmática, según denuncian sus allegados, puesto que permanece en una celda sin colchón, en el Rímac. Precisamente, en estos días la Defensoría del Pueblo reportó que esta sede policial necesita mejores condiciones, que garanticen el respeto a los derechos de los allí detenidos, pues está desaseada, con olor fétido y hasta presencia de orines.
“La Policía debe implementar mejoras a la infraestructura y acondicionamiento de sus salas de meditación, respetando y garantizando los derechos de todas las personas privadas de libertad, con condiciones de detención idóneas, con especial énfasis cuando se trata de mujeres o personas en situación de vulnerabilidad. Asimismo, debe gestionar la creación de un presupuesto para proveer alimentación y velar por el cuidado de las personas detenidas hasta que dejen de estar bajo su custodia”, dijo el jefe del Programa para las Personas Privadas de Libertad, la Seguridad Ciudadana y, la Seguridad y Defensa Nacional, Walter Avila.
La audiencia de pedido de prisión preventiva se realizó la mañana de este jueves 27 de julio y la resolución judicial será conocida recién a las 9:00 p.m.