De Pedro Castillo a Dina Boluarte: los escándalos de corrupción que se mantienen en ambos gobiernos

Al iniciar su mandato como presidenta de la República, uno de los objetivos de Dina Boluarte fue mostrar una gestión que marque distancia de la realizada por el gobierno de Pedro Castillo y los múltiples cuestionamientos y denuncias de corrupción que se dieron tanto en los diferentes ministerios como en el interior de Palacio de Gobierno.

Ocho meses después de haber asumido el cargo, si bien las acusaciones por corrupción no parecen tener la misma dimensión que en el gobierno anterior, sí han ido surgiendo otros cuestionamientos en cuanto a la permanencia de algunas figuras en los ministerios, así como escándalos similares como las denuncias por plagio en trabajos académicos de Castillo y Boluarte.

Al respecto, el analista político y director de Vox Populi, Luis Benavente, consultado por Infobae Perú, considera que tanto Castillo como Boluarte son personas “con poco conocimiento de lo que es la comunicación política”. Benavente recuerda que el docente cajamarquino no tenía ninguna vinculación con la prensa y daba la impresión de que no tenía capacidad para enfrentarla por su falta de “cultura general básica de cierta noción de Estado”.

En el gobierno de Pedro Castillo, los ministerios con más indicios de corrupción fueron el de Vivienda y Construcción Social, y Transportes y Comunicaciones. La Fiscalía acusa al exmandatario de haber liderado una organización criminal que habría realizado delitos de tráfico de influencias y colusión en el cual también estarían implicados los exministros Juan Silva Villegas (MTC) y Geiner Alvarado López (MVCS).

La denuncia se sustenta, según la Fiscalía, “en el descubrimiento de la obtención de beneficios económicos por nombramientos en puestos clave, en el cobro de porcentajes de las licitaciones ilícitamente obtenidas y el uso ilícito de las facultades presidenciales”.

Por lo pronto, Juan Silva Villegas tiene una orden de 36 meses de prisión preventiva y lleva más de un año prófugo de la justicia. En tanto, Geiner Alvarado cumple 36 meses de prisión preventiva en el penal Castro Castro y habría realizado gestiones para colocar a recomendados de la empresaria Sada Goray en el Fondo Mivivienda, un caso en el que también estaría involucrado el periodista Mauricio Fernandini.

Otros de los sectores en los que la gestión de Castillo recibió serios cuestionamientos fueron los de Educación y Salud. En el primer caso, la inscripción de la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación (Fenatep), sindicato al cual pertenecía el expresidente, generó suspicacias. Dicha inscripción fue anulada en junio de este año. En el segundo caso, el nombramiento de Hernán Condori a la cabeza del Minsa también fue puesta en cuestión, ya que, antes de ser ministro, el médico había recomendado ‘agua arracimada’ para prevenir enfermedades sin un sustento científico. Así, antes de cumplir los dos meses en el cargo, fue censurado por el Congreso.

En esas mismas áreas, Dina Boluarte también ha tenido problemas. Su exministro de Educación, Oscar Manuel Becerra, tuvo varias expresiones consideradas denigrantes contra las ciudadanas que vinieron de provincia junto a sus hijos a sumarse a las protestas: “ni los animales exponen a sus hijos”, señaló. En Salud, los malos resultados en la lucha contra el dengue impulsaron la salida de la exministra de ese sector, Rosa Gutiérrez. Sin embargo, semanas después fue designada como presidenta de EsSalud, nombramiento que también fue criticado, por lo que tuvo que dejar el cargo y fue reemplazada por César Linares. Cabe indicar que, en el gobierno de Castillo, Mario Carhuapoma ocupó ese puesto en EsSalud en agosto de 2021, poco después se conocería que registraba denuncias por violencia familiar y por haber manejado en estado de ebriedad.

Otro de los sectores que asemejan a ambos gobiernos es el manejo de los medios de comunicación del Estado. En el gobierno de Castillo se produjeron una serie de ataques a los hombres de prensa, principalmente por manifestantes a favor y en contra del entonces presidente. Estos hechos produjeron un pronunciamiento por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA).

En tanto, en mayo de este año, en la gestión de Dina Boluarte, hubo algunos cambios en la cabeza del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP). Fue designada como presidenta al mando Ninoska Chandia Roque, quien estaba encargada de la Dirección de Comunicación Estratégica e Imagen Institucional de la Presidencia de la República, lo que ponía en duda su independencia. Semanas después, dos periodistas (Jorge Ballón y Ximena Carrasco) informaron que habían sido despedidos sin razón aparente.

Recientemente, se conoció que la presidenta Dina Boluarte era coautora del libro El reconocimiento de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, el cual tiene un 55% de contenido que provendría de fuente no citada.

Ante la ola de críticas, la presidenta salió a negar la acusación en su contra. “En relación con la publicación debo precisar que fue un texto de carácter monográfico que reunió a varios abogados de entonces hace casi 20 años. Nunca tuvo la intención de ser un libro como malintencionadamente se dijo. Y prueba de ello es que no se publicó, no se comercializó y no se ofreció al público”, señaló.

La acusación por plagio también recayó sobre el expresidente Castillo. Incluso, a finales del 2022, el congresista Edward Málaga promovió la tercera moción de destitución contra el exmandatario debido a que su tesis de maestría, de más de cien páginas y hecha junto a su esposa Lilia Paredes, registró 54% de coincidencias con otras publicaciones académicas.

En marzo de 2023, la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos amplió su investigación por presunto “financiamiento prohibido de organizaciones políticas, lavado de activos y organización criminal” a la presidenta Dina Boluarte y al expresidente Pedro Castillo.

Los empresarios Atilio Vernazza y Carlos Bustíos han señalado al dominical Panorama que la actual presidenta les aseguró que les daría ministerios si aportaban económicamente a su campaña electoral, en las elecciones generales 2021. Ambos contaron que hubo otras personas que le dieron dinero, que en total habría sumado S/260 mil.

Para el Ministerio Público “la presunta comisión de estos delitos se habría producido durante la campaña electoral de Perú Libre en el 2021″, partido por el que se postularon Boluarte y Castillo.

Mientras tanto, ni la presidenta ni el partido Perú Libre —que dirige Vladimir Cerrón— asumen su responsabilidad respecto de los aportes no declarados en 2021.

Si bien hay similitudes en ambas gestiones respecto a denuncias, las políticas que siguen ambos gobiernos serían distintas. Luis Benavente sostiene que, en el caso de Pedro Castillo, su plataforma inicial de campaña era la Nueva Constitución, que no pudo promover porque fue sobrepasado por las numerosas acusaciones de corrupción. En cambio, Boluarte se ha enfocado en defender la legitimidad de su gobierno tras los sucesos violentos de diciembre, enero y febrero, pero ha tenido a su favor un gabinete más sólido —con algunas excepciones— y un Congreso de la República donde no han prosperado las censuras a los ministros ni mucho menos algún proceso de vacancia.