La expremier Betssy Chávez, quien cumple un año y medio en prisión preventiva a la espera de que se determine su participación en el fallido autogolpe orquestado por Pedro Castillo, remitió este miércoles una carta a la directora del penal de Chorrillos, Micaela Alvarado, para denunciar hostigamientos durante su reclusión.
En su misiva, escrita a puño y letra ―y difundida por RPP—, la exjefa de gabinete se declaró “sumamente descompensada” y expuso que entró a prisión con moretones, luego de ser arrestada por agentes policiales en su domicilio de Tacna y posteriormente trasladada a Lima.
“Sumado a ello, el trato hostil de vuestro personal ha acentuado mi situación de salud, por cuanto he puesto de conocimiento ello a la Cruz Roja Internacional. [...] Pese a haber llegado con hematomas en mi cuerpo, obviaron ―a criterio— dicha información. Asimismo, vuestra jefa de seguridad viene tomándome fotos en donde me halle. Estos actos de hostigamiento no deben darse por cuanto es solo contra mí”, señaló.
En el manuscrito, Chávez deslizó que su prisión es política y requirió permanecer en su celda debido a su “delicado” estado de salud. “Desde el 22 de junio he solicitado que me trate un nutricionista, ya que no probé alimento por cinco días, debido a que mi estómago solo tiene el 30% de su volumen, siendo mi alimentación que requiere un importante vitamínico prioritario para evitar mi severa descompensación”, continuó.
En otro punto, la investigada evidenció que, la semana pasada, tres funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) intentaron convencerla para que firme un documento en el que negaba sufrir estas “torturas” por disposición del ministro de Justicia, Daniel Maurate, según su versión.
“Me veo en la obligación de dejar constancia por si algo me sucede en las instalaciones que usted dirige. [...] Señora directora, en este lugar es difícil vivir, pero ‘de lo malo, lo bueno’. Aquí he encontrado mucha solidaridad y cariño de las señoras internas. Ellas me cuidan como pueden. Lo penoso es que me deban cuidar de vuestras secuelas del trato penitenciario”, abundó.
En la parte final, Chávez instó a la directora a no dejarse “presionar políticamente” y actuar “de acuerdo” a ley. “De mi parte, cumplo mi deber de informar con documento estos hechos que deben de ver la luz pública”, zanjó.
La expremier mantiene su apoyo a Castillo, aunque niega que haya intervenido en la decisión de dictar un extemporáneo cierre del Congreso. Aníbal Torres (Justicia y extitular de PCM), Willy Huerta (Interior) y Roberto Sánchez (Comercio Exterior y Turismo) también están imputados por este caso, pero afrontan el proceso en libertad.
El mismo día en que sería detenida, Chávez inició una transmisión en TikTok para contar que publicaría unos libros y no tenía “ninguna intención de fugarse del país”.
“Mis acciones van a ser declarar a la ley y colaborar”, remarcó antes de indicar que ha pedido que se reduzca el monto de la fianza establecida por este caso, ya que sus ingresos económicos han disminuido y está retomando su profesión de abogada.
El pasado 26 de abril, el juez supremo de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley rechazó imponer la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía contra los tres exministros, aunque dictó contra ellos comparecencia y el pago de una fianza de 100.000 soles contra Chávez, de 80.000 soles contra Huerta y de 50.000 soles contra Sánchez.
El magistrado consideró inicialmente que no había suficientes argumentos para el peligro de fuga y obstaculización de la Justicia, pero revirtió su decisión a pedido de Fiscalía al haber indicios de información “falsa e incierta”.
El Poder Judicial tomó conocimiento sobre el intento de la exfuncionaria de refugiarse en la embajada de México. Sin embargo, eventualmente enterada de la captura de Castillo, cambió de opinión y ordenó que a la exedecán que la movilizaba tomar otro destino: su despacho congresal del jirón Junín, en el Centro de Lima.