Javier Ponce, alcalde de Puno, pidió este martes a la presidenta Dina Boluarte emitir un mensaje “concertador” el próximo 28 de julio y ofrecer disculpas a los deudos de fallecidos durante las protestas antigubernamentales, 17 de los cuales perdieron la vida en Juliaca en la jornada más sangrienta.
“Considero que el mensaje debe ser concertador y no provocador, y espero que pida disculpas por las muertes que ocasionó el Gobierno. Es un tema que tiene que darse”, remarcó en diálogo con La República.
Ponce consideró que Boluarte ha “utilizado” a los 11 alcaldes distritales al invitarlos la semana pasada a una segunda cita en Palacio, un encuentro que empujó a Hernán Crisisto, burgomaestre de Ácora, a pedir perdón de rodillas. La autoridad municipal también ratificó su respaldo al adelanto electoral, una de las demandas de las movilizaciones, que se reanudaron hace una semana.
“El Gobierno utilizó a los alcaldes, y eso está mal. ¿Cómo nos pagan ahora? En vez de aumentar presupuesto, nos han recortado el presupuesto. Casi siete millones [de canon], nos está quitando puestos laborales y esto perjudica a las familias”, cuestionó.
“Yo estoy de acuerdo con el adelanto de elecciones, que el Congreso y los que están en Palacio de Gobierno se retiren. Necesitamos nuevo presidente y que haya equilibrio, así como un trabajo concertado entre los diferentes niveles de Gobierno”, siguió.
Los dirigentes regionales han confirmado manifestaciones desde este miércoles. De igual modo, alcaldes y tenientes gobernadores anunciaron que se sumarán a las protestas, por las cuales se han cancelado actividades protocolares del mes patrio.
Boluarte enfrenta una investigación preliminar a raíz de las muertes por cargos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves. El proceso, abierto en enero pasado, implica a tres ministros y dos exministros. Sin embargo, en la víspera, la Fiscalía amplió la pesquisa contra la mandataria, incluyó al ministro Vicente Romero (Interior) y pidió desclasificar información de la Policía Nacional (PNP) y las Fuerzas Armadas.
Previamente, la defensa de Boluarte, Joseph Campos, solicitó al despacho de la fiscal general Patricia Benavides retirarla “inmediatamente” de la pesquisa.
“Esta denuncia es irresponsable políticamente. [...] Es deteriorante e irresponsable respecto al poder que ejerce la presidenta, y deteriorante incluso para el propio Ministerio Público, que sabe y está convencido de que esta imputación no tiene ningún sentido, pero sirve para que se crea que hay una presidenta acusada de genocidio. Creo que el Ministerio Público debería estar retirando por lo menos a la presidenta”, señaló el letrado en una entrevista difundida en TV Perú.
El delito de genocidio es castigado con una pena de cárcel no menor de 20 años por cometer una matanza de miembros de un grupo, lesiones graves a los miembros de un grupo o el sometimiento de un grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física de manera total o parcial, entre otras circunstancias.
La mandataria había sido citada en enero, febrero y marzo, pero finalmente declaró en junio ante Benavides. Las dos mujeres más poderosas del Perú se reunieron a solas antes del interrogatorio y se enfrascaron en una charla privada por diez minutos, un hecho considerado inusual.
Según Hildebrandt en sus trece, Boluarte acudió a la citación con una serie de chats que mantuvo con el premier Alberto Otárola, exministro de Defensa, en los que, entre otras indicaciones, “reitera que el uso de la fuerza debe ser siempre dentro de las reglas y marco legal [...] y que la prioridad es la vida de los ciudadanos”.
La presidenta solo respondió las consultas de Fiscalía y, cuando las otras partes debían formular sus preguntas, se acogió al derecho al silencio por recomendación de su abogado. Respondió de manera escueta ante las consultas del fiscal Marco Huamán, que asiste la investigación, y volvió a negar su responsabilidad en los delitos que se le imputan.
“Lo ocurrido me deja la sensación de que la Fiscalía de la Nación no estaba preparada o quería cumplir con un formalismo”, dijo la abogada Gloria Cano, la abogada de los fallecidos en las protestas que estuvo presente en la diligencia. Un fiscal familiarizado con el caso dijo a la revista que “la presidenta acudió a un conversatorio de comadres” y que “el caso amenaza con terminar en el archivo”.
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