El Equipo Especial para el caso Lava Jato formalizó una investigación contra un grupo de exautoridades, exfuncionarios de la Municipalidad de Lima y políticos peruanos, entre los que figuran Susana Villarán, Marisa Glave, Jorge Nieto, Ana Elena Townsend y otros, por el presunto delito de lavado de activos que los vincularía con las corruptas constructoras brasileñas Odebrecht y OAS.
En los investigados, además de los ya mencionados, aparecen Jaime Salinas López-Torres, Zoila Reátegui Barquero, Carlos Juscamaita Aranguena, Gabriel Prado Ramos, Álvaro Espinoza Benza y Luis Gómez Cornejo Rotalde.
A diferencia de estos, el proceso que se seguía contra la conocida periodista Paola Ugaz, coautora del libro Mitad monjes, mitad soldados, no se formalizará ni continuará por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado.
En la resolución fiscal, se precisó que la formalización de la investigación incluye a la fundación Unidos para transformar, que -según las sospechas del Ministerio Público- habría sido instrumentalizada para presuntamente ser parte del blanqueo de dinero.
Glave, Nieto, Townsend y los demás formaron parte de la Municipalidad de Lima, del Concejo Metropolitano o estuvieron de alguna forma vinculados con la campaña que se montó en 2013 contra la revocatoria de Villarán.
Para el Equipo Especial del caso Lava Jato hay elementos de convicción consistentes del supuesto reparto de sobornos entregados por Odebrecht y OAS a regidores, asesores y personal de confianza de la exburgomaestre capitalina.
En el texto de su resolución, el Ministerio Público detalla que Jaime Eduardo Salinas recibió 120 mil dólares, Marisa Glave y Zoila Reategui -en conjunto- 20 mil dólares, Anel Towsend otros 20 mil dólares, Jorge Nieto 129 mil dólares y Carlos Juscamaita 250 mil dólares.
La fiscalía calcula que los investigados habrían estado involucrados en el presunto lavado de dinero de por lo menos 530 mil dólares.
¿Cuál es la situación legal de Susana Villarán?
A sus 73 años, Susana Villarán debe pedir autorización judicial cada vez que quiera ausentarse de su domicilio. Esta regla le fue impuesta cuando se varió su arresto domiciliario por reglas de conducta en el marco del caso Lava Jato.
Por este proceso del No a la revocatoria la fiscalía ha solicitado como pena privativa de la libertad 29 años de cárcel en su contra.
Villarán de la Puente, fue excarcelada en mayo del 2020, luego de permanecer recluida en el Penal de Mujeres de Chorrillos por casi un año, en el marco del proceso que se le seguía por la presunta recepción de dineros ilícitos para su campaña contra la Revocatoria del 2013 y para su campaña de reelección municipal del 2014
En aquel momento, el juez dispuso variar su prisión preventiva por la de arresto domiciliario, imponiéndole cinco reglas de conducta que incluían la prohibición de comunicarse con sus coimputados, no realizar reuniones sociales en su domicilio, el pago de una caución de 20 mil soles, entre otras.
Un año después, el 21 de mayo del 2021, el magistrado rechazó un pedido fiscal para prolongar la detención domiciliaria de Villarán de la Puente, pero impuso dos nuevas normas de conducta más que debía cumplir: la obligación de no ausentarse del lugar de su domicilio sin autorización judicial y quedó impedida de salir al extranjero.
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