La Fiscalía de la Nación decidió ampliar la imputación contra la jefa de Estado Dina Boluarte, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, y el ministro del Interior, Vicente Romero, por las diferentes muertes ocurridas durante las manifestaciones en su contra.
Si bien Boluarte y el jefe del gabinete ministerial ya habían sido acusados del presunto delito de homicidio calificado y genocidio por la muerte de 49 peruanos que participaron de las protestas convocadas entre diciembre del 2022 y febrero de este año, el líder del Mininter no había sido comprendido en las investigaciones.
Luego de valorar los últimos hechos suscitados, el Ministerio Público decidió ampliar la imputación contra la mandataria y el premier para que también respondan por el fallecimiento de Remo Candia, Rosalino Flórez y Víctor Satisteban, mientras el líder del Mininter solo será incorporado en las diligencias sobre el fallecimiento ocurrido en Lima; así lo anunció Carlos Rivera Paz, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), en redes sociales.
Como se recuerda, Candia era presidente de la comunidad campesina Anansaya Uninsaya Ccoyana, y de la Federación Campesina de la provincia de Anta, Cusco. Durante la marcha realizada el miércoles 11 de enero, un impacto de bala en el tórax lo abatió y afectó sus órganos vitales, confirmó la Gerencia Regional de Salud. Aunque llegó con vida al hospital Antonio Lorena, sus heridas eran de gravedad, por lo que no resistió.
Su muerte no solo impactó en la vida de su esposa y tres hijos menores de edad, sino en la región, al punto que comuneros de los cuatro puntos cardinales cusqueños le rindieron tributo mientras trasladaban el féretro.
El ensañamiento contra Rosalino Flórez, de apenas 22 años, también causó conmoción en la población. El joven recibió 36 perdigones en la espalda, disparados por un policía en Cusco. El hecho lo dejó inconsciente y entubado durante 11 días en el hospital Antonio Lorena del Cusco.
Pasó por tres operaciones para lograr extirparle solo 14 de las balas alojadas en su cuerpo, le redujeron los intestinos al mínimo y, finalmente, fue trasladado al hospital Arzobispo Loayza, donde falleció luego de estar en coma por dos meses.
En el caso de Santistenban Yacsavilca, su muerte se produjo durante las marchas en Lima. El Seguro Social de Salud (EsSalud) confirmó su fallecimiento la noche del 28 de enero a causa de múltiples contusiones y con un traumatismo encefalocraneano grave.
De acuedo a los brigadistas, encontraron al hombre de 55 años “inconsciente en el cruce del jirón Inambari y la avenida Abancay. Debido al constante disparo de bombas lacrimógenas, la víctima fue trasladada a (…) una zona más segura, donde recibió los primeros auxilios”.
“Se diagnosticó que el paciente tenía signos vitales y un traumatismo encefalocraneano severo con fractura en región occipital derecha y exposición de masa encefálica. Debido a la gravedad de la lesión, se procede a evacuarlo al Hospital de Emergencias Grau”, confirmaron a través de una nota de prensa.
Aunque algunos medios de comunicación indicaron que su muerte había sido producto del impacto de una piedra, su hermana Elizabeth Santisteban presentó el certificado de necropsia y lo negó. “Desmiento a todos los canales que están diciendo que es una piedra, digan la verdad. Lo único que pido es respeto a mi familia. Ha sido un artefacto contundente y duro. A mi hermano lo mató un objeto contundente duro, no una piedra”, declaró y se dirigió a la presidenta Dina Boluarte: “No basta decir un sentido pésame. ¿Usted quiere la paz? Nosotros también queremos una justicia sana”.
Piden la renuncia de Dina Boluarte
A través de su cuenta de Twitter, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en Perú (CNDHH) solicitó la salida de la presidenta ante la crítica situación política y social: “Nos solidarizamos con los familiares y víctimas 45 víctimas, 39 muertes por la represión, 460 heridos, decenas de viviendas allanadas, cientos de ciudadanos arbitrariamente detenidos, etc. ¡Renuncie, pdta. Dina Boluarte!”.
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