Joseph Campos, abogado de Dina Boluarte, solicitó este martes al despacho de la fiscal general Patricia Benavides retirarla “inmediatamente” de la investigación preliminar por las muertes en las protestas antigubernamentales, donde la mandataria enfrenta cargos por genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.
El proceso, abierto en enero pasado, implica a tres ministros y dos exministros a raíz de los 47 fallecidos y decenas de heridos en las manifestaciones que estallaron en diciembre, tras la destitución y reclusión del expresidente Pedro Castillo. Sin embargo, en la víspera, la Fiscalía amplió la pesquisa contra Boluarte, incluyó en la misma a Vicente Romero (Interior) y pidió desclasificar información de la Policía Nacional (PNP) y las Fuerzas Armadas.
“Esta denuncia es irresponsable políticamente. [...] Es deteriorante e irresponsable respecto al poder que ejerce la presidenta, y deteriorante incluso para el propio Ministerio Público, que sabe y está convencido de que esta imputación no tiene ningún sentido, pero sirve para que se crea que hay una presidenta acusada de genocidio. Creo que el Ministerio Público debería estar retirando por lo menos a la presidenta”, señaló el letrado en una entrevista difundida en TV Perú.
Agregó que, en estricto, la ampliación incorpora lugares y fechas a lo que “eventualmente” Fiscalía ya tiene investigado. “El ministro Romero ha sido incorporado porque [...] cuando entró, en enero, ocurrió la muerte de una persona. Pero las investigaciones se dan materialmente en las mismas circunstancias, solo se han ampliado a días y lugares”, señaló.
Campos anticipó que se reuniría con Boluarte para evaluar la estrategia que emprenderá ante los próximos escenarios. “Hemos estado esperando hasta la última declaración en el marco de la disposición anterior para efectos de pedir la exclusión de la presidenta. Incluso, en este nuevo escenario, tampoco tiene sentido mantenerla [...] Esa violencia fue provocada por otros, no por el Estado”, refirió, pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) encontró casos de “ejecuciones extrajudiciales” en Ayacucho y consideró que la situación podría ser considerada como “una masacre”.
Boluarte ya tenía en curso una primera investigación preliminar por los fallecidos registrados en las manifestaciones de diciembre último, escasos días después de que juró al cargo por sucesión constitucional.
El delito de genocidio es castigado con una pena de cárcel no menor de 20 años por cometer una matanza de miembros de un grupo, lesiones graves a los miembros de un grupo o el sometimiento de un grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física de manera total o parcial, entre otras circunstancias.
La mandataria había sido citada en enero, febrero y marzo, pero finalmente declaró en junio ante la fiscal Benavides. Las dos mujeres más poderosas del Perú se reunieron a solas antes del interrogatorio y se enfrascaron en una charla privada por diez minutos, un hecho considerado inusual.
Según Hildebrandt en sus trece, Boluarte acudió a la citación con una serie de chats que mantuvo con el premier Alberto Otárola, exministro de Defensa, en los que, entre otras indicaciones, “reitera que el uso de la fuerza debe ser siempre dentro de las reglas y marco legal [...] y que la prioridad es la vida de los ciudadanos”.
La presidenta solo respondió las consultas de Fiscalía y, cuando las otras partes debían formular sus preguntas, se acogió al derecho al silencio por recomendación de su abogado. Respondió de manera escueta ante las consultas del fiscal Marco Huamán, que asiste la investigación, y volvió a negar su responsabilidad en los delitos que se le imputan.
De igual modo, descartó disposiciones a las Fuerzas Armadas y a la Policía para llevar a cabo una represión violenta antes de abandonar el edificio del Ministerio Público dentro de una camioneta con su resguardo policial con dirección a Palacio de Gobierno.
“Lo ocurrido me deja la sensación de que la Fiscalía de la Nación no estaba preparada o quería cumplir con un formalismo”, dijo la abogada Gloria Cano, la abogada de los fallecidos en las protestas que estuvo presente en la diligencia. Un fiscal familiarizado con el caso dijo a la revista que “la presidenta acudió a un conversatorio de comadres” y que “el caso amenaza con terminar en el archivo”.
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