Caso Susana Villarán: de qué se le acusa a la exalcaldesa de Lima y a 9 excolaboradores investigados por la Fiscalía

El fiscal Walter Villanueva, del Equipo Especial Lava Jato, formalizó recientemente una investigación preparatoria contra personajes políticos y exfuncionarios vinculados a Susana Villarán, en el caso de presuntos sobornos que habría recibido la exalcaldesa de Lima habría recibido por parte de las empresas brasileñas, Odebrecht y OAS.

La decisión fiscal abre un nuevo capítulo en la trama de corrupción vinculado al caso Lava Jato, en la que está comprometida Villarán de La Puente, a quien se se le acusa de liderar una red de corrupción durante su gestión. Conoce aquí los detalles de este caso.

Según la hipótesis del Equipo Especial Lavajato, Susana Villarán habría concertado con directivos de las empresas OAS y LAMSAC para favorecerlos con la suscripción de la adenda (extensión) para el contrato de concesión del proyecto vial Línea Amarilla en el año 2012.

De acuerdo al Ministerio Público, esto permitió un reajuste de las tarifas del peaje de las vías administradas por LAMSAC en el año 2013 a cambio de que la exautoridad edil obtenga apoyo económico para financiar su campaña de reelección en el sillón municipal en el año 2014.

También, se le investiga por haber recibido apoyo económico de las empresas constructoras Odebrecht, O.A.S y Graña Montero para financiar la campaña por el ‘NO a la revocatoria’.

Por estos hechos, la Fiscalía presentó una acusación en su contra por los presuntos delitos de asociación ilícita, colusión, lavado de activos, falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo, y solicitó una pena de 29 años privativa de la libertad.

Pero Villarán no actuó sola y el Ministerio Público incluyó en las investigaciones a nueve de sus colaboradores más cercanos.

La investigación del equipo fiscal apunta que los exregidores del movimiento Fuerza Social Marisa Glave, Zoila Reátegui, Carlos Juscamaita y Jaime Salinas, así como los exasesores Anel Townsend y Jorge Nieto estarían involucrados en el presunto lavado de dinero de por lo menos 530 mil dólares que fueron entregados para financiar la campaña del ‘NO a la revocatoria’.

De este dinero, según apunta la fiscalía, Carlos Juscamaita recibió 250.000 dólares, mientras que Jorge Nieto y Jaime Salinas 120.00 dólares cada uno. Por su parte Marisa Glave, Zoila Reátegui y Anel Townsend recbieron 20 mil dólares por el concepto de ‘bonos’.

Un segundo caso de fondos ilícitos está relacionado con la ‘Fundación Unidos para Transformar’, que creó y presidió la exalcaldesa Villarán para impulsar su reelección en el 2014, y en el que están implicados el exgerente municipal Gabriel Prado Ramos, y los exfuncionarios Álvaro Espinoza Benza y Luis Gómez Cornejo Rotalde.

Para el fiscal Walter Villanueva, esta institución fue financiada con dinero entregado por Odebrecht y OAS. e calcula que el monto destinado para los comicios ascendería a unos 3 millones de dólares.

Por los delitos en los que se encuentran comprometidos los presuntos cómplices de Susana Villarán, podría recibir 10 años de cárcel efectiva, de acuerdo a lo indicado por el abogado penalista Julio Rodríguez a Panamericana TV. Esta pena se incrementaría si los acusados son o fueron funcionarios públicos. En este caso, de ser encontrados responsables, recibirían hasta 20 años de cárcel, como es el caso de Marisa Glave.

“La pena sería de 10 y 20 años para ella, ya que la agravante para Glave está constituido por su cargo de funcionaria […] Una pena mínima de 10 años para los que son funcionarios públicos, 8 y 15 años para los que no son funcionarios”, señaló el letrado.