Rafael López Aliaga se defiende por no eliminar peajes: “Tenemos una estrategia, pero no la revelaré”

Fue una de sus principales promesas de campaña, pero aún no es realidad. El alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, se refirió a la tan ansiada eliminación de peajes e insistió en que el próximo 29 de julio culminará unilateralmente el contrato de concesión.

Ello, pese a que, según el Tribunal Arbitral Ad hoc de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) dispuso que el municipio mantenga el contrato “hasta que se dirima la controversia”, según el documento emitido el 13 de junio.

En conversación con Canal N, la autoridad edil aseguró que habría encontrado la fórmula para culminar el contrato, la cual consiste en pagarle el daño emergente, “que es lo que ha invertido [el consorcio], que es mínimo”.

Asimismo, que el tribunal al que acudió la concesionaria carece de integridad y que “fue pedido en diciembre del año pasado con pretensiones económicas, por lo que no son competentes para temas de caducidad, en opinión de la procuraduría municipal”.

“Se constituye con sus reglas de juego, con ciertos parámetros de las naciones unidas, pero no es la haya. […] La misma señora Elvira Martínez Coco, quien es parte del tribunal, dice que este contrato es corrupto, nulo y que no es aplicable a Perú hasta que no llegue validado por un juez peruano. Agradezco el voto disidente que dio la señora en ese momento, porque me da argumento para volver al tema de nulidad absoluta del contrato”, acotó.

Al respecto, la Defensoría del Pueblo señaló que el contrato entre Lima Metropolitana y Rutas de Lima fue “lesivo” y “vulneró derechos”, motivo por el que recomendó al Congreso de la República modificar el Decreto Legislativo N.° 1362, que regula la Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas (APP) y Proyectos en Activos.

Para la compañía, lo expresado por el alcalde de Lima “refleja un claro desconocimiento del contrato de concesión, de las normas aplicables, del arbitraje en curso y de los compromisos internacionales suscritos por la República del Perú”.

“Tales declaraciones desinforman y confunden a la población, atentan contra la inversión privada y ponen en peligro la seguridad jurídica y el estado de derecho en el país, requisitos indispensables para las inversiones de gran escala y a largo plazo que Perú buscó atraer, y que Rutas de Lima y sus inversores efectivamente desarrollaron en el país”, acotaron.

En ese sentido, señalaron que la posición de anular el acuerdo con la Municipalidad de Lima fue negada en “dos laudos con valor de cosa juzgada, confirmando la plena validez del contrato de concesión y desecharon los argumentos de corrupción planteados”.