El Ministerio Público, la Procuraduría General del Estado (PGE), Defensoría del Pueblo y distintos actores se pronunciaron en contra de varios aspectos de la ley de colaboración eficaz, aprobada en el Congreso de la República con 84 votos a favor, 27 en contra y tres abstenciones. Sin embargo, el Ejecutivo solo consideró observar un punto de la autógrafa.
“Los ocho meses que se plantean como plazo regular, prorrogable por cuatro meses adicionales, es un tiempo evidentemente corto y acotado; y puede convertirse en un obstáculo para el adecuado trámite de dichos procedimientos. […] No debe olvidarse que en la actualidad existe alta carga procesal que registran las fiscalías y juzgados especializados […], donde los recursos humanos y materiales son limitados, frente a la ingente cantidad de casos de especial complejidad que tramitan”, señala el oficio.
En diálogo con Canal N, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, calificó la norma como “muy buena en el sentido de proteger el debido proceso legal […] para proteger el fin supremo de este tema: evitar la impunidad y combatir la corrupción”, dijo.
“Estamos sugiriendo al Congreso que este plazo sea de 36 meses improrrogables”, acotó el premier. Al respecto, el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Maurate, también se mostró a favor de que solo se haya considerado el tema de los tiempos.
Respaldó que se regule la figura del “aspirante” y que la declaración del postulante a colaboración no pueda ser confirmada por otro colaborador. “Las dos declaraciones (de aspirantes a colaboración eficaz) se suman y esas declaraciones podrían imputar y meter en prisión a una persona que realmente es inocente. Por eso esta prohibición la estamos manteniendo”, dijo en RPP.
“Si usted amenaza a una persona con privarla de su libertad, usted va a dominar su voluntad. Necesitamos que su declaración de aspirante a colaboración eficaz esté corroborada con cuentas bancarias, audios con testimonios de otras personas que vieron, con correos. Esa es la manera como técnicamente se debe corroborar la declaración de un colaborador”, acotó.
Cabe precisar que, en anteriores declaraciones, el titular del Minjus aseguró estar al tanto de los informes enviados por distintas entidades judiciales y las opiniones de juristas independientes, y garantizó que no será un “instrumento para vulnerar o perjudicar esta herramienta importante que tiene la Fiscalía para luchar contra el crimen organizado”.
El hecho que solo se haya considerado modificar los plazos ha sido rechazado por el exviceministro de Jusiticia Gilmar Andía y por el exprocurador Luis Vargas Valdivia. Ambos, en diálogo con El Comercio, calificaron la postura como un “serio desconocimiento técnico, porque en este procedimiento lo relevante no son los dichos, sino las pruebas que aporte el involucrado”.
¿Qué autoridades se pronunciaron y qué dijeron?
La Procuraduría General del Estado fue una de las primeras en remitir un informe técnico a la presidenta Dina Boluarte explicando que más de 200 procesos a nivel nacional estarían en riesgo, entre ellos los casos de “Los Dinámicos del Centro”, “Los Cuellos Blancos”, y “Los Correcaminos del Sur”. Además, podrían afectarse 80 casos que involucran a altos funcionarios del Estado, como expresidentes y exministros.
La Fiscalía de la Nación, liderada por Patricia Benavides, también emitió un pronunciamiento y solicitó al Congreso de la República mayor debate y análisis de la norma. Aparte del tiempo, la entidad pidió mayor discusión con relación a que “la declaración del colaborador ante el fiscal a cargo de la carpeta fiscal no requerirá registro en medios audiovisuales, y el mantenimiento del término de ‘colaborador’, utilizado en el Código Procesal Penal y el Decreto Supremo N.° 007-2017-JUS”.
La Defensoría del Pueblo también remitió un informe y calificaron la tentativa como preocupante. “Dada la complejidad de este tipo de procesos, una medida de esta naturaleza dificultaría su eficacia debido a la premura con la cual se tendrían que realizar las diligencias de corroboración entre otros aspectos. A juicio institucional, el diseño legal vigente del proceso por colaboración eficaz, si bien puede mejorarse, ha contribuido a combatir organizaciones criminales, siendo por ello necesario evitar reformas legislativas que le impidan alcanzar sus fines”, se lee en el escrito elaborado por la exprimera adjunta encargada, Alicia Abanto.
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