Sada Goray entregó S/1.5 millones para pagar a jueces y liberar a sobrinos de Pedro Castillo, afirma Fiscalía

Parte de la coima entregada por Sada Goray a Salatiel Marrufo, exjefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda, era para ser destinados a unos jueces de la Corte Superior de Justicia de Lima y beneficiar a los sobrinos del vacado expresidente Pedro Castillo, por quienes se pedía su detención al estar involucrados en el llamado caso ‘Puente Tarata’.

Según Correo, en el segundo día de audiencia para evaluar la prisión preventiva contra la empresaria dueña de la inmobiliaria Marka Group y del periodista Mauricio Fernandini, el fiscal Freddy Niño Torres sostuvo que “se entregó S/1.5 millones de soles” a un familiar de Castillo Terrones.

De acuerdo a la exposición del representante del Ministerio Público, se concertó la entrega del millonario monto en el hotel ‘El Marquéz’, ubicado en el centro empresarial del distrito de San Isidro, para revocar la orden de 36 meses de prisión preventiva que tenían Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez, quienes estaban prófugos de la justicia.

El fiscal Freddy Niño sustentó el caso leyendo las confesiones de Salatiel Marrufo al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder. De acuerdo a lo revelado por el exasesor del Ministerio de Vivienda, se habría gestionado el dinero para ser entregado a los magistrados que despachaban en la Segunda Sala Penal de Apelaciones.

Según los textos de la declaración de Salatiel Marrufo, las coordinaciones para la entrega del soborno a los magistrados se hicieron con la hermana del presidente, Gloria Castillo, y con Abel Cabrera Fernández, empresario chiclayano integrante del llamado ‘Gabinete en las sombras’, quien tenía un amplio poder en el primer año de Gobierno de Castillo para elegir a los ministros, entre ellos Geiner Alvarado.

La supuesta entrega de S/1.5 millones de soles a los magistrados de la Segunda Sala Penal de Apelaciones tendría relación con lo actuado por los jueces en el caso de los sobrinos de Pedro Castillo.

Según el Ministerio Público, los hechos declarados por Salatiel Marrufo tendrían relación con la revocatoria de la prisión preventiva para Gian Marco Castillo, ocurrida el 6 de mayo de 2022. Con esta decisión judicial, se dispuso levantar su orden de ubicación y captura.

Los magistrados Bonifacio Meneses y Sonia Bazalar estuvieron a favor de variar la prisión preventiva por una comparecencia restringida, por lo que debería asistir a las diligencias dispuestas por la fiscalía y el Poder Judicial y pagar una caución de S/ 50 mil.

El tercer integrante de la sala, el juez César Vásquez, votó en contra de la apelación y en cambio formuló que la medida restrictiva sea ratificada en 24 meses.

Por este caso, la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) abrió una investigación preliminar contra los magistrados y uno de los informes propone “iniciar procedimiento administrativo disciplinario” contra los magistrados Bonifacio Meneses y Sonia Bazalar.

Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez actualmente son investigados por los presuntos delitos de colusión agravada y organización criminal al estar involucrados en el llamado caso ‘Puente Tarata’, en el que se investigan irregularidades en la concesión de un contrato de construcción avalada y firmada en el 2021 por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En este caso también están involucrados el exsecretario presidencial Bruno Pacheco, el exministro y prófugo Juan Silva, y el empresario Zamir Villaverde.

El caso ‘Puente Tarata’ destapó la corrupción al interior del gobierno de Pedro Castillo en noviembre de 2021. La Contraloría General de la República había encontrado irregularidades en el proceso y, por ello, Provías Descentralizado anuló el proceso en enero de 2022.

La investigación fiscal determinó que Zamir Villaverde se contactaba con empresarios interesados en obras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y que luego estos eran contactados con Fray Castillo y Gian Marco Castillo para que brinden información de dichas obras. Los sobrinos del exjefe de Estado “tenían el encargo de transmitir el interés de empresarios” al exministro de Transportes, Juan Silva, para que así se concrete el direccionamiento en las obras.

A mérito de la investigación y pedido fiscal, el juez Manuel Chuyo dictó en marzo de 2022 una orden de impedimento de salida del país por cinco meses contra los sobrinos de Castillo porque, según informó el Poder Judicial, “existen actos de investigación y diligencias pendientes que requieren la presencia de los investigados”.

Para entonces, la Policía ya había intentado sin éxito ejecutar la orden de allanamiento y detención contra los sobrinos de Castillo.

En abril de 2022, el Poder Judicial dictó 36 meses de prisión preventiva para ambos, sin embargo, la Segunda Sala de Apelaciones cambió la medida para el aún prófugo Fray Vásquez Castillo de 36 a 24 meses (a pedido del fiscal) y revocó la medida para Castillo Gómez.