El Gobierno de Dina Boluarte observó este viernes la autógrafa de ley que limitaba y condicionaba la figura de la colaboración eficaz, un instrumento implementado en diciembre del 2000 para investigar casos de crimen organizado y corrupción.
En una rueda de prensa, el jefe de Gabinete, Alberto Otárola, consideró que el plazo de ocho meses establecido en la propuesta legislativa “no es razonable”, aunque se trate de una “norma muy buena porque protege el debido proceso”.
“Nosotros decimos que todo procedimiento legal debe tener un plazo y eso no existía. Hizo bien el Congreso en regularizar el plazo, pero no es suficiente. Los invocamos a que tengan una segunda reflexión”, declaró.
Desde el Parlamento, el pedido para que la administración de Boluarte observara la propuesta fue liderado por Ruth Luque, Susel Paredes (Cambio Democrático), Raúl Huamán (Fuerza Popular) y Héctor Acuña (no agrupado), quienes rechazaron el proyecto impulsado por Perú Libre.
De igual modo, el Ministerio Público solicitó la semana pasada reevaluar los alcances de la propuesta y sugirió que el plazo máximo de la fase de corroboración debería ser de 36 meses, según el Código Procesal Penal. Excepcionalmente, en casos de gran complejidad, se podría extender previa autorización judicial, refirió el despacho de Patricia Benavides.
En un documento difundido por Latina, el Gobierno de Boluarte sugirió también este mismo plazo por considerarlo “razonable”; sin embargo, anotó que “debe ser improrrogable”.
“Los ocho meses que se plantean como plazo regular, prorrogable por cuatro meses adicionales, es un tiempo evidentemente corto y acotado; y puede convertirse en un obstáculo para el adecuado trámite de dichos procedimientos”, continúa el texto.
El Ejecutivo explicó que ocho meses resulta un tiempo “inadecuado”, pues “las diligencias que se realizan son variables e indistintas en su extensión y complejidad”.
“No debe olvidarse que en la actualidad existe alta carga procesal que registran las fiscalías y juzgados especializados [...], donde los recursos humanos y materiales son limitados, frente a la ingente cantidad de casos de especial complejidad que tramitan”, matiza en el oficio.
En ese sentido, la observación del Ejecutivo —que llega el mismo día en que vencía el plazo para que fijara una postura— busca “una duración que garantice la eficacia del procedimiento especial, pero a su vez evite la percepción de impunidad”.
Hace un mes, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Maurate, había adelantado que su cartera no respaldaría el proyecto. “Lo vamos a revisar y daremos nuestro informe. Con observaciones o sin observaciones, eso va a depender mucho de lo que haga el equipo. Pero lo que sí puedo garantizar es que desde [mi despacho] no se va a apoyar nada que favorezca la criminalidad”, remarcó en RPP.
En la práctica, la modificación promovida por Américo Gonza (Perú Libre) debilitaba el proceso de colaboración eficaz, tal como lo alertó la Procuraduría General del Estado, el Poder Judicial y la Defensoría del Pueblo, que remitieron informes al Parlamento.
La Defensoría, en rigor, rechazó que el dictamen insistiera en establecer un periodo. “Dada la complejidad de este tipo de procesos, una medida de esta naturaleza dificultaría su eficacia debido a la premura con la cual se tendrían que realizar las diligencias de corroboración, entre otros aspectos”, expresó la exprimera adjunta encargada, Alicia Abanto.
Al menos 200 procesos de colaboración eficaz, actualmente en marcha en casos de corrupción y crimen organizado, corrían riesgo de caerse con esta ley. Al ser devuelta al Legislativo, la Mesa Directiva deberá decidir cuándo volverá a debatirse y someterse a votación eventualmente.
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