La empresaria Sada Goray, quien enfrenta un pedido fiscal de 36 meses de prisión preventiva, declaró ante la fiscal general Patricia Benavides el lunes 6 de febrero de este año en Tampa, una ciudad ubicada en la costa del golfo de Florida (Estados Unidos).
La implicada en una red de sobornos denunciada en el Gobierno del expresidente Pedro Castillo (2021-2022) fue citada como “testigo bajo reserva” y brindó su testimonio ante la magistrada y el fiscal adjunto supremo provisional, Marco Huamán, según un informe difundido este martes por Epicentro TV.
Huamán, responsable del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales del Ministerio Público, está a cargo de la carpeta “reservada” 15-2022, un proceso paralelo que involucra a Goray por los sobornos cursados al exjefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo, y que, según la tesis fiscal, llegaron en parte hasta Castillo.
La reunión entre la investigada y la fiscal de la Nación no tuvo relación con el proceso de colaboradora eficaz, a cargo del Equipo Especial contra la corrupción del Poder, que dirige la fiscal superior Marita Barreto. Aunque gira en torno al mismo caso, son dos carpetas fiscales y dos tipos de diligencias, por separado, describe el portal de investigación, que cita fuentes acreditadas.
Entre el 6 y 7 de febrero pasados, Goray acudió a la sede diplomática del Perú en EE.UU. para comparecer por la carpeta de colaboración eficaz (un proceso ahora interrumpido) y para rendir su testimonio bajo reserva ante Huamán y Benavides.
De acuerdo con el informe periodístico, la empresaria había sido notificada a fines de enero sobre la audiencia. La comunicación llegó desde el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales.
Inicialmente, la diligencia fue programada para el 7 de febrero en la sede del Consulado del Perú en Tampa, pero se adelantó un día. El fiscal Huamán también informó a Goray que su despacho recabaría su declaración “bajo reserva” y que en la diligencia participaría Benavides. En esa cita, “incluso lloraron juntas”, dijeron fuentes a La República.
En la víspera, la titular del Ministerio Público emitió un pronunciamiento sin referirse al tema: “Quiero precisar que la Fiscalía de la Nación lleva a cabo las investigaciones de altos funcionarios. Por ello, toda diligencia que se realice en el Perú o en el extranjero a fin de esclarecer e involucren a un alto funcionario son de carácter reservado”, dijo.
Mencionó, a continuación, que no participó “en ningún proceso de colaboración eficaz contra Goray”, arrestada el pasado 7 de julio en Lima. El fin de semana, la familia de la empresaria difundió un comunicado para solicitar a la fiscal cumplir “con su palabra de protegerla”.
Deslizaron que Benavides viajó a EE.UU. para interrogar a su pariente, “cuyo testimonio contribuyó significativamente a precipitar la caída de un régimen corrupto que afectaba” al país y cuya vida, según el texto, “está seriamente en riesgo”.
Según Fiscalía, los pagos ilícitos cursados por Goray durante el gobierno de Castillo rozaron los 5,4 millones de soles y se realizaron en 11 entregas, entre setiembre del 2021 y junio del 2022. La empresaria es vinculada a una red corrupta instalada en el Ministerio de Vivienda y Construcción para lograr la adjudicación de obras para su inmobiliaria, Marka Group.
Junto con ella fue detenido el periodista Mauricio Fernandini, sindicado como intermediario en el pago de los sobornos entre Goray y Salatiel Marrufo, exasesor del exministro de Vivienda, Geiner Alvarado.
Castillo, quien presuntamente dirigía esta red criminal, cumple una orden de 36 meses de prisión preventiva y otros 18 meses por cargos de rebelión y conspiración por su fallido autogolpe.
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