¿Qué debe hacer el Congreso para desaforar a Jorge Luis Flores Ancachi? Penalista Andy Carrión responde

Este lunes, la bancada de Renovación Popular pidió desaforar inmediatamente al legislador Jorge Luis Flores Ancachi (Acción Popular) por recortar el sueldo de sus trabajadores y asegurar que otros parlamentarios incurren en las mismas prácticas. El abogado penalista Andy Carrión aclaró cuál es el proceso para separarlo del Congreso de la República.

En diálogo con Infobae Perú, el abogado señaló que el proceso de expulsión debe partir del parlamento, ya sea de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales o Comisión de Ética, “pero va a tomar un tiempo para que puedan hacerlo”.

En ese sentido, señaló que si bien, en principio, el delito que corresponde indagar es el de concusión, si la Subcomisión de Ética cree conveniente abrir un proceso por difamación a sus colegas, también podría impulsarse su salida, porque básicamente es una decisión política.

No obstante, aseguró que el tema sería más complejo, pues para la configuración del delito de difamación o calumnia, se debe afirmar abiertamente la Comisión de Delitos por parte de terceros. “El tema es que no se sabe muy bien de dónde han salido estos audios. No se entiende si han sido chuponeados o si su interlocutor habría proporcionado los audios, pero también habría que ver si la mención que hace tiene algún tipo de sustento jurídico, porque, cuando lo denuncien, él también podría defenderse diciendo que conoce de las actividades ilícitas que despliegan los congresistas”, explicó.

Sobre las declaraciones de Flores Ancachi, quien se centra en la presunta ilegalidad de las grabaciones, indicó que la Corte Suprema ha dicho que no hay problema en la difusión de audios que hayan sido filtrados por cualquiera de los participantes.

“El tema es cuando ninguno de ellos lo hace y más bien es producto de un chuponeo. Ahí se enmarca dentro lo que significa la prueba prohibida, pero la Corte Suprema también ha resuelto estos casos diciendo que, si bien se ha obtenido la prueba violando un derecho fundamental —que es el derecho del secreto de las comunicaciones—, existe la posibilidad de que estos eventos habrían podido ser resumidos por otra vía”, explicó.

Aclaró que el audio determina una sospecha inicial simple, con la que se puede abrir una investigación y, en el transcurso, dejar de lado la grabación, pues solo sirve para “señalar diligencias, tomar declaraciones, etc. Es decir, no obsta el hecho”.

En otro momento, el abogado lamentó que exista una gran cantidad de parlamentarios señalados por supuestamente recortar los sueldos de sus trabajadores. “Vemos que ya no es una minoría, o sea, no son uno, dos o tres, ya es un gran porcentaje de congresistas que, o bien están siendo investigados, otros están siendo sindicados por sus propios subordinados. Entonces, yo considero que es un daño estructural que no viene de ahora, pero que debería ser revertido”, afirmó.

Mencionó que algunas de las medidas que se pueden adoptar es la reducción de los ámbitos de contratación y puestos de confianza, a efectos de que el congresista ya no tenga mucho margen de llevar a sus propios trabajadores “y así reducir en algo, porque no se puede extirpar este mal de un día a otro de raíz, pero sí de manera progresiva. Otra iniciativa que podría implementarse es la habilitación de líneas anónimas de denuncia interna en el propio Congreso”.