Defensoría del Pueblo constata que la PNP respete el derecho al libre tránsito en peajes

La Policía Nacional del Perú (PNP) ha sido criticada por la implementación del plan ‘Control Verde 2023′, el mismo con el que se planea solicitar documentos de identificación a los pasajeros que transiten por las carreteras con dirección a Lima. La medida se puso en marcha luego de que se confirmara la realización de la Tercera Toma de Lima en el centro de la capital a partir del miércoles 19 de julio.

Desde la Defensoría del Pueblo se realizaron actividades de supervisión en el peaje Corcona en Huarochirí para constatar que los derechos al libre tránsito de todos aquellos que se dirigen a Lima sean respetados. Asimismo, a través de sus redes sociales, la institución dijo que registrará que los efectivos policiales no vayan más allá de las atribuciones que la ley les permite.

“Advertimos presencia de varias dependencias y unidades especializadas de la Policía Perú como la división de trata de personas, extranjería, inteligencia, entre otros. El criterio de intervención a vehículos es aleatorio e inopinado para no generar caos vehicular”, indicaron al culminar la inspección. Asimismo, se confirmó que dos ciudadanos con pedido de requisitoria fueron detenidos durante el operativo.

La PNP anunció que serán 100 los policías que, acompañados de representantes de la Fiscalía, estarán presentes en las garitas de control de Pucusana, Ancón, Corcona y accesos a Lima desde el sur, centro y norte. “El trabajo va orientado netamente al control territorial, especialmente de todas las personas que entren y salgan de la ciudad de Lima. También se hará un registro de todas las unidades vehiculares”, recalcaron.

El ministro del Interior, Vicente Romero, indicó que si bien se ha mencionado la presencia de 13 mil personas en la marcha, se espera que la afluencia no sea mayor a la de ocasiones anteriores. “Lo que sí quiero adelantar es que la Policía Nacional del Perú está trabajando las 24 horas del día. De forma permanente, nuestras unidades de inteligencia desplegadas a nivel de todo el país”, indicó.

“Esta mal llamada protesta nuevamente no está teniendo los visos necesarios como anteriormente. No hay una convocatoria real como lo hicieron en algún momento. La gente, nuestros ciudadanos quieren trabajar, los comerciantes, los señores que están dedicados al turismo, a los mercados, gente que está hastiada de este tipo de problemas. Lo que tenemos que dejar de lado son esas venganzas y esos odios de pequeños grupos”, indicó Romero.

La Municipalidad Metropolitana de Lima ha recordado que a inicios de año el Centro Histórico de Lima fue declarado zona intangible con el fin de proteger los espacios públicos de la capital. La medida impide que en el perímetro determinado por la comuna no se puedan realizar aglomeraciones ni actividades, incluidas las protestas sociales. La decisión se ha tomado durante la gestión de Rafael López Aliaga.

Los puntos límites de la zona intangible son la avenida 28 de julio, la avenida Guzmán Blanco, avenida Brasil, avenida Arica, avenida Alfonso Ugarte, plaza Dos de mayo, plaza Ramón Castillo, estación Caquetá del Metropolitano, avenida Alcázar, Alameda de Los descalzos, avenida Plácido Jiménez, el cuartel militar, la vía expresa Grau y la avenida Paseo de la República que limita con el distrito de La Victoria.

La medida adoptada por la comuna limeña se justifica en sus intentos por proteger áreas históricas como la Plaza Mayor de Lima y la Plaza San Martín, epicentro de diversas manifestaciones políticas. En el área también se encuentra el Congreso de la República, Teatro Municipal, Teatro Segura, la plaza Bolívar, la Biblioteca Nacional del Perú y distintos conventos e iglesias que datan de la época colonial.