Pedro Castillo, quien cumple 18 meses de prisión preventiva en el penal de Barbadillo, buscará nuevamente recuperar su libertad. El Poder Judicial decidió admitir a trámite la apelación presentada por el expresidente para anular la investigación abierta por el fallido autogolpe de Estado que quiso ejecutar el 7 de diciembre del 2022.
El juez supremo Juan Carlos Checley mencionó que la defensa legal de Castillo Terrones cumplió con los requisitos establecidos por la ley para que el recurso sea elevado a una instancia superior que, en este caso, sería la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, cuyo titular es el magistrado César San Martín, con el objetivo de que sea evaluado.
Hay que recordar que el exmandatario es investigado por la Fiscalía de la Nación al haber cometido los presuntos delitos de conspiración y rebelión en agravio del Estado. Recordemos que Castillo fue detenido en flagrancia tras brindar su mensaje a la Nación el año pasado horas antes de que el Congreso discutiera un tercer proceso de vacancia.
Durante estos meses, los abogados de Castillo han tratado en innumerables veces sacarlo de la cárcel. Sin embargo, tuvieron sendas derrotas judiciales que mantienen al profesor cajamarquino entre las rejas de un penal.
La última vez que Castillo habló sobre lo ocurrido el 7 de diciembre del 2022, fecha que cambió para siempre su vida, buscó otra vez victimizarse y sostener está “secuestrado”.
“Yo estoy dándome cuenta cada vez más de que en el caso de Castillo (dicen): ‘Para Castillo la ley y para mis amigos su café’. Hoy estoy convencido de que la Fiscalía es un verdadero colaborador eficaz del Congreso y de este Gobierno de facto. Ha habido todo un plan, todo un complot, donde el pueblo se da cuenta quién es quién. Porque primera vez en la historia del Perú donde un gobierno viene del interior del país que no se sometió a los grandes intereses de los grupos de poder, porque no le dio a la prensa lo que la prensa pidió en Palacio como le dieron otros gobiernos”, dijo en la audiencia judicial.
El exmandatario también lanzó sus críticas contra el Ministerio Público al sostener que defiende “a un Congreso deslegitimado que no representa y que no es útil a este país”.
“(Nos dicen): ‘No, es impertinente, no se le puede dar’. No existe estado de derecho. Por eso es que el día de hoy pido, señor juez, (acoger) el sustento que ha hecho mi defensa (porque) es un derecho constitucional”, arguyó.
Castillo también sostuvo que se han construido colaboradores eficacez en su contra. Como es público, el Ministerio Público ha logrado recabar más testimonios sobre los actos de corrupción que se dieron en la cartera de Vivienda con la empresaria Sada Goray.
“Se han construido colaboradores eficaces. Hoy me estoy convenciendo cada vez más esta alianza de la Fiscalía con los medios de comunicación. Al final no van a encontrar ninguna prueba porque yo no vine a robar ni estafar ni violar a nadie; simplemente he cumplido con un mandato de este pueblo sediento de justicia y reivindicaciones”, insistió.
Sin embargo, el juez Checley lo refutó y le recordó a Castillo que existen dos órdenes judiciales de prisión preventiva.
Levantan secreto de comunicaciones
El 14 de julio se conoció que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria dispuso el levantamiento del secreto de las comunicaciones al otrora jefe de Estado, a pedido de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada.
“El juez Juan Carlos Checkley dispuso que la ejecución de la medida por el Ministerio Público será única y exclusivamente, bajo responsabilidad funcional, para los fines de la investigación seguida al exmandatario por el delito de rebelión”, se lee en la publicación del Poder Judical.
Las autoridades conocerán la fecha, hora y tiempo de duración de las comunicaciones que se registraron antes, durante y después del golpe de Estado. Lo mismo sucederá para los mensajes de texto recibidos y enviados entre el 2 al 16 de diciembre.