Ollanta Humala y Nadine Heredia: Poder Judicial ordenó levantar el secreto de sus comunicaciones

El secreto de las comunicaciones de la expareja presidencial, Ollanta Humala y Nadine Heredia, será levantada por decisión del Poder Judicial debido a que ambos están siendo investigados por las presuntas irregularidades detectadas en la concesión para construcción del Centro de Convenciones Lima, vinculado al caso Lava Jato.

La fiscal Diana Canchihuaman Castañeda, del Equipo Especial de la Fiscalía para los casos Odebrecht y Lava Jato, solicitó a las autoridades judiciales disponer de dicha medida con Humala y su esposa, a lo que el juez Jorge Chávez Tamariz declaró fundado el requerimiento.

La misma suerte corrieron los exministros de Vivienda, Construcción y Sanaeamiento, Rene Cornejo Díaz y Milton Von Hesse La Serna, así como 24 personas más que son parte de la investigación fiscal acusado por cometer el presunto delito de colusión agravada.

“Habiéndose cumplido con los requisitos exigidos por la norma, corresponde amparar el pedido de levantamiento de secreto de comunicaciones en todos sus extremos”, señaló el juez Chávez Tamariz, dejando en claro que existen los elementos de convicción sobre la existencia del delito investigado, la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la medida.

Las empresas de telecomunicaciones del país informarán sobre los registros históricos de las llamadas telefónicas, mensajes de texto y correos electrónicos entrantes y salientes de un grupo de teléfonos celulares y fijos relacionados con los investigados a los investigados en el periodo comprendido desde el mes de enero del 2012 hasta diciembre del 2022, según dispuso el juez.

Luego, las mencionadas empresas deberán brindar a la Fiscalía la relación o listado de todos los números telefónicos fijos y/o celulares que hayan sido adquiridos y utilizados por los investigados en este caso y que informen quienes son los titulares de 15 aparatos celulares y se remita la información acerca de los usuarios y/o abonados de estos números telefónicos.

Las medidas de Chávez Tamariz no quedan allí. Dejó abierta la posibilidad a la fiscal, Diana Canchihuaman Castañeda, añadir nuevos números telefónicos al procedimiento de intervención de comunicaciones ya existentes y remitir estos nuevos datos a su despacho con el objetivo de convalidarlos.

Además, la mencionada fiscal deberá informarle sobre “la ejecución total de la presente medida, debiendo remitir la documentación que lo acredite, bajo apercibimiento o advertencia de comunicarse al fiscal superior coordinador en caso de incumplimiento”.

El caso Lava Jato ha provocado que varias altas autoridades y políticos en el Perú se vean envueltas en graves actos de corrupción. De hecho, los expresidentes Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski; así como los exalcaldes Luis Castañeda Lossio y Susana Villarán, y la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, han sido involucrados en esta trama que inició en Brasil y se expandió a otros países de América Latina.

Sin embargo, lo que no se estimaba era cuántos proyectos del Estado estaban vinculados con los sobornos que habrían entregado diversas empresas brasileñas como Odebrecht, Camargo y Correa, OAS, entre otras. Un análisis realizado por el diario El Comercio, que recogió datos del Ministerio de Economía, comisiones investigadoras del Parlamento, la Contraloría General de la República y el Sistema Electrónico de Contrataciones con el Estado, brindó una pista.

De acuerdo al citado medio, al menos 41 obras tienen nexos a firmas que recibieron cerca de US$ 17, 285 millones por ser contratados con el Estado. Entre estas se encuentran el Gasoducto del Sur Peruano, iniciado bajo el gobierno de Humala en el 2014, que está a cargo de Odebrecht, Graña y Montero, y Enagás. Se ha considerado que será la obra más cara con un monto de US$ 7.328 millones.