Mauricio Fernandini y Sada Goray se enfrentan a un pedido de prisión preventiva: ¿hay elementos para esta medida?

Este lunes 17 de julio, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder solicitó al Poder Judicial dicte una orden de prisión preventiva contra el periodista Mauricio Fernandini y la empresaria Sada Goray por la trama de corrupción para copar instituciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (Fondo MiVivienda y Superintendencia Nacional de Bienes Estatales).

Al igual que en ocasiones anteriores, el plazo requerido por la Fiscalía es de 36 meses. El Ministerio Público incluye en su solicitud a Pedro Arroyo Marquina y Roger Gavidia Johanson, exdirectores del Fondo MiVivienda; y Luis Mesones Odar, exasesor de Arroyo.

Para que un juez de la investigación preparatoria ordene prisión preventiva se deben cumplir tres requisitos: graves y fundados elementos de convicción, prognosis de la pena superior a cuatro años, y peligro procesal (puede ser peligro de fuga u obstaculización).

A Fernandini Arbulú y Goray Chong se les atribuye la presunta comisión de los delitos de organización criminal y colusión agravada, en calidad de cómplices.

Por colusión agravada, el Código Penal establece una pena de entre tres y seis años; sin embargo, al estar inmersos en una presunta organización criminal, las posibles condenas oscilan entre 15 y 20 años de prisión.

Respecto al ilícito de organización criminal, la legislación diferencia entre simples integrantes y dirigentes. La Fiscalía imputa la condición de coordinadora a Sada Goray (15 a 20 años), mientras que Mauricio Fernandini sería un miembro más (8 a 15 años).

Como se aprecia, la prognosis de la pena supera con creces los cuatro años, por lo que este presupuesto se cumple. De esto es consciente el propio Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, así como el Poder Judicial.

“Conforme se advierte del requerimiento fiscal, a los investigados se les atribuye la presunta comisión de los delitos de organización criminal (Artículo 317), y de colusión agravada (Artículo 384), todos del Código Penal, por lo que la probable sanción a imponer a los investigados es superior al mínimo previsto en nuestro ordenamiento jurídico”, se lee en la resolución que dicta la detención preliminar contra Sada Goray y Mauricio Fernandini.

El juez de la investigación preparatoria declara que hay graves y fundados elementos de convicción cuando el fiscal del caso demuestra la existencia de un hecho potencialmente delictivo, así como vinculación con los imputados.

El abogado penalista Mario Amoretti declaró a Infobae Perú que hay “elementos de juicio y pruebas razonables” que demostrarían que Goray y Fernandini están involucrados en la trama de corrupción en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento durante la gestión de Geiner Alvarado.

Coincide en ello la abogada penalista Romy Chang, quien recordó que tanto la empresaria inmobiliaria como el periodista han reconocido su participación en reuniones, así como entregas de sobornos, al exjefe del gabinete de asesores del MVCS, Salatiel Marrufo, con miras de que Marka Group obtenga beneficios de entidades adscritas a dicho sector.

Como se recuerda, Sada Goray reconoció ante la Fiscalía haber entregado millones de soles para copar el Fondo MiVivienda y, de esta manera, obtener celeridad en sus trámites inmobiliarios. En tanto, Mauricio Fernandini, según su abogado, reconoció su “error” y espera ser condenado para “resocializarse, corregirse y volver a vivir”.

En el peligro procesal, el juez de la investigación preparatoria meritua los elementos presentados por la Fiscalía que demuestren un peligro de obstaculización o fuga.

En el caso de Sada Goray, el doctor Amoretti sostiene que se configuraría peligro de fuga debido a que ella, antes de ser detenida, radicaba en Estados Unidos y, según un colaborador eficaz, habría gestionado nacionalidad en República Dominicana para ella y su familia.

“La nacionalización es un indicio para eludir la justicia y obstruir. Si obtengo la nacionalidad de otro país, indudablemente rige el principio de la nacionalidad. Es decir, como ya soy nacionalizado y ya no soy peruano, el país que haya adoptado tranquilamente dice que no procede la extradición”, advirtió.

Respecto a Mauricio Fernandini, la abogada Romy Chang afirma que la tramitación de la visa en la embajada de Estados Unidos deberá ser evaluada y merituada por la Fiscalía.

Chang considera que el arraigo laboral de Fernandini no es de calidad. En efecto, durante la audiencia de control de identidad, el hombre de prensa reconoció que actualmente no tiene un vínculo laboral ya que estaba cursando una maestría en Antropología Visual en la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Para los letrados, el hecho de que Sada Goray negociaba un acuerdo de colaboración eficaz al momento de que se le dicte detención preliminar complicaría su situación frente a un eventual pedido de prisión preventiva.

“Si es que no da información mucho más contundente, dudo mucho que la Fiscalía vuelva a tratar con ella una colaboración eficaz. Colaborador que se prueba es mentiroso, es como el refrán: ‘En boca del mentiroso, todo se ha dudoso’”, señala Chang a Infobae Perú.

En tanto, Amoretti precisó que Sada Goray ahora sí está considerada como integrante, incluso coordinadora, de una presunta organización criminal junto a Pedro Castillo, Salatiel Marrufo y Geiner Alvarado.

En relación a Mauricio Fernandini, Romy Chang hizo hincapié en la información que este habría omitido a la Fiscalía, como la “donación” de bienes a su hermana y las adquisiciones de un departamento y un auto.

“No está contribuyendo, al contrario, está entorpeciendo la investigación. Desde el punto de vista de entorpecimiento de la investigación, hay elementos que sí pueden ser amparados por el Poder Judicial”, cree Chang.