Presidente del JNE contesta a quienes lo atacan: “Quieren un jurado que sea empático con sus posturas radicales”

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, ha sido protagonista de la noticia en los últimos días porque la escalada de violencia y acoso contra él ha llegado a un límite peligroso. Recientemente, un miembro del colectivo Los Combatientes —facción radical de La Resistencia— lo amenazó públicamente de muerte. Y desde el Congreso de la República aún no activan el operativo político para sacarlo del cargo.

En entrevista exclusiva con Infobae Perú, el magistrado cuestiona que esta arremetida se origina por el fallo que el Tribunal Constitucional sacó en marzo pasado al establecer que las autoridades electorales tenían que ser sujetos a un juicio político en el fuero parlamentario. También solicitó que el sistema judicial reaccione para evitar que el autoritarismo avance como lo hace en estos momentos.

-En los últimos días ha sido protagonista de la noticia por las sucesivas amenazas de muerte que ha recibido de parte de colectivos como La Resistencia y el reiterado ataque político del Congreso. ¿Cómo afronta esta situación en la que se le ve vulnerable?

Como corresponde, pues, sujeto a lo que dice la ley; y sujeto a lo que dice el derecho: que se resguarde como corresponde por mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No necesitaría la comisión, bastaría la Constitución peruana, pero al no ser suficiente, entonces hay que acudir ya a la cautela de otros organismos que tengan la legitimidad de poder hacer cumplir esos mandatos (al frente del JNE).

-Toda esta arremetida contra usted empezó a raíz de este fallo del Tribunal Constitucional que establecía que los jefes de las entidades electorales como el JNE, la ONPE y el Reniec podían ser sujetos a un juicio político.

Es más, el Perú ha suscrito la Convención Americana de Derechos Humanos. Los tutores de la convención son los miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte se ha pronunciado señalando que es inconveniente someter a los jueces electorales, cualquiera que sea la denominación que tenga esa institución como el Consejo Electoral, Junta Electoral, Tribunal Electoral, Jurado Nacional de Elecciones, o cualquiera que sea, no deben ser sometidos a juicio político porque sería colocar a quienes van a controlar las elecciones en manos de los vaivenes de la política, lo que afectaría notablemente su autonomía y su independencia.

Sabiendo eso, que no es nuevo, porque se refiere también a los jueces de las altas cortes, la mayoría de los miembros del Tribunal Constitucional le han sugerido al Parlamento que haga juicio político contra los miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Eso los ha envalentonado; ahora seis proyectos de ley de cuatro organizaciones políticas, firmada por lo menos 31 representantes del Congreso, pidiendo que se extienda el juicio político a los jueces del Jurado Nacional de Elecciones.

-¿Observa que la decisión de los miembros del TC es para retribuir la confianza que desde el Congreso les dieron para que sean elegidos?

Esa es una deducción fácil de obtener, mirando los hechos. Resulta que ahora nosotros tenemos un Tribunal Constitucional que es notoriamente adverso, que en medio de las audiencias públicas se refiere a cuestiones increíbles, como por ejemplo aconsejar a la colectividad que a las organizaciones políticas hay que manejarlas o aceptarlas de acuerdo a un doble rasero. Para las organizaciones políticas con historia, unas reglas flexibles y menos flexibles, desde luego, para las que no tienen historia. Eso es falta de igualdad ante la ley.

Y si un miembro del Tribunal Constitucional se atreve a dar tales consejos, transmitidos por televisión, supongo que tendrá la certeza de que cuenta con respaldo para decir lo que dice. Entonces, ese es un tribunal hostil para el sistema electoral.

-En el Congreso hay seis proyectos que van desde recortar su mandato hasta acusarlo constitucionalmente. Hasta el momento no se evaluaron, pero en la próxima legislatura se podrían activar y aprobarse dictámenes exprés.

Hay cinco proyectos antes de los del 99 (articulo de la Carta Magna que busca ser reformado para que las autoridades electorales sean pasibles de un juicio político) de la Constitución de la cual , que se refieren a recorte de mandato, a incremento de miembros del Jurado Nacional de Elecciones para dejar al presidente en solamente actividad administrativa, no jurisdiccional, para despedir o adelantar la salida del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, para convocar a jueces jubilados para el ejercicio de la función, para elegir libremente entre los miembros del tribunal electoral, es decir, el Jurado Nacional de Elecciones a su presidente.

-O sea, proyectos como para deshacerse del presidente del Jurado Nacional de Elecciones.

Algunos congresistas no tienen el menor cuidado en declarar lo que sienten. Dicen, hay que buscar la manera de deshacerse del presidente del JNE. Quieren buscar una forma constitucional. Ahora, en cuanto a las acusaciones constitucionales, efectivamente hay, y activas todavía en el proceso de calificación.

Y allí donde la ley dice, en la Constitución de modo expreso quiénes deben estar bajo el signo de la acusación constitucional y no estamos los miembros del sistema electoral, pero los congresistas quieren incluirlos y el Tribunal Constitucional del Perú les ha dicho: en el caso de Salas Arenas, él no necesita que se amplíe nada porque él ya es juez de la Corte Suprema. O sea, ya no puedan hacer su juicio político inmediatamente. Ese concepto el Parlamento lo ha rechazado sucesivamente argumentando que no corresponde a los miembros del sistema electoral. Yo soy juez de la Corte Suprema desde hace 12 años.

-Y tiene licencia en estos momentos.

Exactamente, licencia de las funciones jurisdiccionales judiciales y por mandato constitucional estoy a cargo de las funciones jurisdiccionales electorales y si tengo un órgano de control: es la Junta Nacional de Justicia (JNJ). De modo que estos arrestos, estos avances, etcétera, están fuera del orden convencional constitucional y legal, pero finalmente el Parlamento puede querer coronar su despropósito.

Por eso que acudo a la Comisión y ahora a la Corte Interamericana porque las razones por las que se otorgó la medida de protección personal, familiar y para el desempeño y función han quedado rebasadas con las amenazas que siempre han habido pero ahora sí hay una amenaza directa al rostro descubierto de un señor que dice que tiene de su parte al Congreso y también tiene de su parte al Ministerio Público. Entiendo que deben ser algunos parlamentarios que han salido a defenderlo inmediatamente y otros y algunos miembros del Ministerio Público. No creo que sean ni la mayoría ni necesariamente los que están a la cabeza.

-¿Qué tanto daño le hace a la democracia que estos ataques provengan de sectores que alegaron un falso fraude en las elecciones pasadas?

Muchísimo daño. Porque las elecciones también educan a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños. Y ahora resulta que no hay que aceptar el resultado. Si no gano yo, no sirve. Y entonces, y como no sirve, tengo que romper, quebrar, fastidiar, amenazar. ¿Y quién sabe? Tal vez ir más allá; para que se respete lo que yo quiero que se haga, no lo que debe ser.

En Perú, el Jurado Nacional de Elecciones respeta la votación de todos sus ciudadanos; de los que tienen calzado como de aquellos que caminan sin zapatos, de los que hablan el idioma español o castellano y los que hablan otras lenguas. Absolutamente todos. ¿Vale el voto de todos los ciudadanos con capacidad de votar? Igual. Eso es lo que algunos no soportan.

-Parece un sometimiento en todo caso también, ¿no?

Así es. Cuando me reúno con jueces del país fuera de Lima, cuando viajo para ir a sembrar cultura de paz, a los jueces, no necesariamente jueces electorales, porque no hay en este momento elecciones, a los jueces me permito sugerirles que no tomen en cuenta ese consejo de preferir a algunos y no preferir a otros. Acá no hay preferencias, no debe haberlas.

-Ahora, usted también no ha puesto reparos a que las autoridades electorales deban ser objetos de medidas, pero no en la vía política.

La Corte Interamericana es muy clara. Los jueces tienen derecho a la permanencia en el cargo, al ingreso conforme las leyes y a los actos de disciplina a través de órganos jurídicos, no políticos, porque si estuvieran a cargo de órganos políticos cualquier cosa podría suceder.

No se trata de generar inestabilidad, sino estabilidad. Mi actitud es de defensa del fuero electoral y, en el caso concreto, dada la gravedad de las amenazas, también del derecho a la vida. Y tengo todo el derecho a defenderme. No me puedo quedar quieto, como ha sugerido un señor congresista y un señor político que no se presentó en las últimas elecciones ni en las anteriores, que dice que yo debo esperar para poder denunciar o que alguien denuncie por mí. Eso es totalmente absurdo. Es un despropósito enorme. Esperar que primero me disparen o me amenacen, ya no sólo como amenaza, sino que ejecuten su plan para recién proceder a quejar.

-Todo este contexto que vivimos nos hace recordar a los años 90 con la captura de las instituciones. Lo vemos desde el Congreso que designa por intereses a personajes en el TC y la Defensoría del Pueblo. Ahora, van por usted y también la Junta Nacional de Justicia. Hace unos días señaló que la democracia peruana está en riesgo. ¿Pasaríamos de un sistema democrático a un sistema autoritario que está siendo concentrado en un solo poder que es el Congreso, cuya legitimidad es de tan solo 6%?

Así es. El trabajo de investigación que hizo The Economist hace unos meses decía que el Perú ya no era una democracia pura, sino una democracia híbrida. Una cosa curiosa es que el puntaje del sistema electoral era 8,5 sobre 10.

-La única institución que goza de la confianza ciudadana.

Que levantó el puntaje, de lo contrario hubiéramos caído ya a ser considerados como un autoritarismo con todo lo que eso implica. No sé por qué las personas atacan tan ásperamente. Seguramente les importa poco la perspectiva que tiene como efecto de sus actos.

Quieren normalizar la violencia, el discurso de odio y que la gente se acostumbre a no aceptar resultados. Además, incitan a golpear y amenazar a aquellos a quienes consideran sus enemigos, incluso llegando al extremo de lanzar piedras o excremento hacia ellos. El señor Roger Ayachi, quien previamente amenazó de muerte, ahora está instigando a la gente a golpear a otras personas. Es preocupante que esta persona siga en libertad sin consecuencias, mientras cuenta con protección tanto de algunos congresistas como de ciertos miembros del Ministerio Público.

-La intolerancia y la impunidad reinan en pocas palabras.

Así es.

-Dijo que por lo menos 11 acusaciones que presentó por el delito de acoso fueron enviadas al archivo en el Ministerio Público. ¿Ha intentado conversar con la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, sobre estas decisiones?

No, no, no. La señora, supongo que la señora fiscal de la Nación ha dispuesto que los fiscales hagan lo que tienen que hacer, ¿no? Supongo.

-Pero no hay acciones, doctor, porque no es el único acosado. También hay otras personas, políticos, periodistas, organizaciones de la sociedad civil.

Circula un video en el que uno de estos grupos ofrece sus servicios de acosamiento. Así estamos ahora en el mercadeo de lo perverso. Espero que el sistema peruano reaccione; me refiero al sistema policial y fiscal.

-Vio esa noticia que salió en el diario La República que cuando una fiscal fue a constatar estas amenazas de muerte, señaló que no, que eso es libertad de expresión y no configuraba como un elemento que podría ser gravitante para una futura investigación. ¿Qué observación tiene del argumento de esta fiscal Esther Saldaña?

Me parece que el criterio carece de fundamentos sólidos en el derecho. Se defiende el derecho a calumniar e injuriar, que son delitos perseguibles por acción privada. Sin embargo, cuando estas acciones buscan influir en que alguien deje de hacer lo que está haciendo o lo haga según los intereses de un determinado sector, ya no se trata simplemente de una injuria.

La injuria es el mecanismo, la amenaza es el mecanismo. Allí hay una extorsión, cuando no un acosamiento político que está previsto en el Código Penal, ambas figuras. Por lo tanto, no es muy complejo. Lo que pasa es que algunas personas tendrían que entender, razonablemente, que hay una gran diferencia entre libertad de expresión y discurso de odio. En algunos lugares, el discurso de odio es hasta delito propio como en México y España, por ejemplo. En Perú no sucede eso, pero es parte de un mecanismo extorsivo y es, desde luego, un acosamiento político.

-Esta semana se conoció que a estos colectivos extremistas, como La Resistencia, le abrieron las puertas del gobierno de Dina Boluarte. Digamos, se sentirán más empoderados en que pueden tener impunidad en la Fiscalía, en el Congreso y, ahora, en el Ejecutivo. ¿Esta situación es preocupante?

No tengo claro qué es lo que finalmente ha sucedido del todo, porque me parece haber leído que el señor (Alberto) Otárola ha dicho que eso no estaba autorizado por el gobierno. Que han hecho un proceso de separación de las personas (el viceministro de Interculturalidad fue cesado). No tengo del todo claro el tema, pero sí me parece (la reunión en el Ministerio de Cultura con La Resistencia) peligrosamente extraño. Debe ser una política institucional del Estado, aunque espero que no lo sea. Podríamos identificar en qué sector se encuentran quienes la facilitan o la promueven.

-La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le ha otorgado medidas cautelares. Ahora, busca que la Corte IDH intervenga y exhorte al Estado peruano que adopte medidas provisionales frente a estas amenazas de muerte que recibió. En tanto, si el Congreso siguiera con el hostigamiento, lo someta a un juicio político, y lo destituya, ¿va insistir con las medidas cautelares en el sistema interamericano?

La Comisión Interamericana dictó una medida cautelar, pero no ha sido suficiente porque no se ha investigado adecuadamente los hechos de acosamiento. No se está permitiendo el desarrollo de la función en paz, las amenazas de muerte que son continuas persisten, entonces lo pertinente es que escalen también la cautela a otro nivel de una medida provisional de la Corte Interamericana.

Parece que la situación es urgente, ya que así lo siento y ha sido constatado. Espero que se resuelva pronto. Si yo quisiera prever el futuro, debería regresar al lugar de donde provengo en noviembre de 2024. No deseo legarle a mi sucesor, sea hombre o mujer, una situación de inestabilidad en la que los políticos puedan controlar su comportamiento mediante amenazas de despido, procesamiento o inhabilitación, tal como está sucediendo en mi caso. Incluso amenazas de perder la vida y la tranquilidad personal y familiar debido a los ataques que he enfrentado, muchos de ellos multitudinarios y documentados por los propios atacantes como actos de orgullo y propaganda para ofrecer sus servicios.

No creo que la vida del país deba desarrollarse de esta manera, tan distorsionada en la concepción de la democracia.