Un reciente informe de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) puso en evidencia la situación política del Perú, a días de llevarse a cabo la Tercera Toma de Lima, protesta que promete desarrollarse en varias regiones del país en simultáneo. El documento concluye que el Congreso de la República, con el aval del gobierno de la presidenta Dina Boluarte, “captura” las instituciones democráticas como la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional.
En marzo de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe sobre la crisis política y social que atravesó el país desde diciembre de 2022 y los primeros meses del 2023. De acuerdo a la entidad supranacional, fallecieron más de 50 personas en los enfrentamientos de los manifestantes contra las fuerzas del orden. También se refirieron al discurso de algunas autoridades, quienes calificaron a los protestantes como terroristas.
“La CIDH constató un deterioro generalizado del debate público con una fuerte estigmatización por factores étnicos-raciales y regionales, mediante mensajes que aluden a las personas indígenas y campesinas como ‘terroristas’, ‘terrucos’, ‘senderistas’, ‘cholos’ o ‘indios’, entre otras formas despectivas”, se lee en el documento del órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
A pesar de ello, el ministro del Interior, Vicente Romero, negó que desde su cartera se esté promoviendo el ‘terruqueo’ contra los organizadores de la denominada Tercera Toma de Lima, que se llevará a cabo el próximo 19 de julio en la capital, a raíz de las declaraciones de la camarada Vilma.
Como se recuerda, hace unos días, la terrorista, considerada como la principal vocera de los remanentes del militarizado Sendero Luminoso en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), exigió tomar las ciudades de Perú, en rechazo al gobierno de Dina Boluarte y respaldando la Tercera Toma de Lima. Tras la difusión del audio, el tema del ‘terruqueo’ volvió a ser un tema en cuestión.
Con estos antecedentes, los manifestantes corren el riesgo de ser estigmatizados nuevamente el 19 de julio, fecha en la que se llevarán a cabo las protestas en varias regiones del país.
Infobae Perú conversó con la abogada Josefina Miró Quesada sobre esta situación en particular: la estigmatización de los manifestantes y la vulneración de los derechos humanos que se reportaron en diciembre y los primeros meses de 2023.
“En materia de derechos humanos, se han identificado varios retrocesos y un creciente autoritarismo por parte de varias instituciones como el Congreso de la República, el Ejecutivo. También hubo un intento de estos poderes por copar otras instituciones democráticas que velan por la defensa de los derechos humanos, por ejemplo la Defensoría del Pueblo”, sostuvo Miró Quesada.
El último miércoles, la FIDH indicó, a través de un informe, que en el país “existe un evidente proceso de captura de las instituciones democráticas por parte de un Congreso autoritario, ultraconservador y anti-derechos, ahora aliado con el gobierno de Boluarte”.
Ante esta situación, Miro Quesada vislumbra un panorama preocupante de cara a las protestas del 19 de julio debido al retroceso que se ha suscitado en materia de derechos humanos.
En cuanto a lo que señaló la CIDH sobre la estigmatización por factores étnicos, raciales y regionales que existe en el Perú, la especialista en derechos humanos manifestó que tildar de ‘terrorista’ a un manifestante implica negarle la condición de ciudadano.
“Esto (la estigmatización) es muy preocupante porque justifica la represión y la violación a los derechos humanos que se pueda cometer contra esta persona”, aseveró.
Si bien la FIDH demandó cesar la estigmatización y garantizar los derechos humanos, las autoridades han negado el ‘terruqueo’ a la convocatoria de la Tercera Toma de Lima. Como es sabido, el ministro del Interior, Vicente Romero, rechazó que desde su cartera se esté promoviendo el ‘terruqueo’ contra los organizadores de la denominada Tercera Toma de Lima.
“Ha habido un pronunciamiento de la ‘Camarada Vilma’ incitando a este movimiento que podría darse nuevamente. Jamás he hablado del tema del ‘terruqueo’. Primero, jamás he terruqueado, nunca permitiría que una persona haga uso del ‘terruqueo’”, señaló el titular de la cartera del Interior.
Respecto a esta práctica, la abogada abordó las posibles consecuencias que conlleva acusar a alguien de terrorismo sin ningún tipo de evidencia que lo respalde. “Llamar terrorista a una persona implica correr el riesgo de volverla enemigo del Estado y, por tanto, que se justifique una represión desmedida y desproporcionada en su contra”, manifestó.
A propósito de las personas que participarán en las protestas, es preciso indicar que no todos lo harán pacíficamente. En ese sentido, el general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Urriola, aseguró que en la Tercera Toma de Lima habrá integrantes de Sendero Luminoso.
En diálogo con los medios de comunicación, el director nacional de Investigación Criminal pidió a las personas que acudan a las marchas convocadas que tengan “cuidado” con los miembros de Sendero Luminoso.
Ante este panorama, la Policía Nacional desplegará más de 8.000 policías en las calles del Centro de Lima. Se estima que 13.000 personas de todo el Perú lleguen a la capital desde distintas regiones para protestar en la Tercera Toma de Lima. Llegarán ciudadanos que residen en Lambayeque, Cajamarca, Apurímac, Piura, Puno, La Libertad, Ica, Lima, Tumbes, San Martín, Junín, Huánuco, entre otros. Ante esta inminente visita, la Policía registrará a personas que lleguen a la capital en los días previos a las manifestaciones.
Tras las movilizaciones registradas en diciembre de 2022 y los primeros meses de 2023, las autoridades no han mostrado una actitud dialogante con los líderes políticos y la ciudadanía. Recordemos que el Poder Ejecutivo anunció declarar nuevamente estado de emergencia y a inicios de año presentó un proyecto de ley que limita el derecho a la protesta.
“No se identifica un aprendizaje por parte de las autoridades sobre lo ocurrido en el marco de las violaciones a los derechos humanos. El hecho de presentar un proyecto de ley que busque criminalizar algunas expresiones del derecho a la protesta y aumentar las penas de manera absolutamente desproporcionada manda un mensaje de que las autoridades no están dispuestas a proteger y fortalecer el derecho a la protesta pacífica”, finalizó Miró Quesada.
Es menester indicar que la Tercera Toma de Lima iniciará el próximo 19 de julio. Esta manifestación promete ser masiva con la participación de alrededor de 30 mil ronderos provenientes de distintas organizaciones de Perú. El propósito principal de esta marcha será exigir la dimisión de la mandataria Dina Boluarte Zegarra, la clausura del Congreso y la convocatoria de nuevas elecciones generales.
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