Exigen la renuncia de Dina Boluarte a la presidencia del Club Apurímac por acusaciones de administración ‘fraudulenta’

Administración fraudulenta y expulsiones autoritarias contra sus opositores, son algunas de las acusaciones que han planteado un grupo de exsocios del Club Departamental Apurímac contra la presidenta Dina Boluarte, quien administró los bienes del club entre el 2017 y 2019. Asimismo, la señalan de realizar movidas irregulares para extender su mandato.

El semanario Hildebrant en sus Trece recogió la denuncia del grupo que se hace llamar los “socios excluidos”. Desde el 27 de junio tienen preparada una denuncia penal ante el Ministerio Público porque durante su primer mandato, del 2017 al 2019, habría cometido esta serie de irregularidades.

En el documento de siete páginas detallan que Dina Boluarte introdujo “al caballazo” a 60 nuevos asociados para tener mayoría y reelegirse en un segundo mandato, excluir al 60% de socios de participar en las asambleas y por ocultamiento de balances contables.

Este mismo grupo denuncia que Boluarte habría impedido de participar de las elecciones del club a más de la mitad de los asociados, sin respetar los procesos disciplinarios respectivos.

“Se ha podido observar que la presidenta del club, sin proceso disciplinario alguno, sin respetar el debido proceso, el derecho a la defensa y las instancias disciplinarias ha excluido del club un 60% de asociados por el motivo de no estar al día en sus cuotas. Sin embargo, la misma presidenta no ha ejecutado dicha expulsión con otros asociados. (...) A muchos apurimeños de distintas provincias que solicitaron afiliación se les ha restringido y denegado el ingreso porque les indicaron que las inscripciones habían cerrado y otros tenían que pagar por adelantado”, señalan en su versión.

Durante su segundo periodo al mando nombró a Victor Torres como administrador del club sin consultarle a los socios y eso desencadenó que algunos se salieran del consejo directivo. También hacía que su hermano Nicanor Boluarte participara en las juntas pese a que no formaba parte.

A finales del 2021, Dina Boluarte nombró una “presidenta interina” porque legalmente no podía ser ministra de Estado y simultáneamente presidir una asociación privada.

“Ella designó a Gladys Delgado como presidenta interina, pero nunca fue aprobado por la Asamblea”, denuncia Edwin Gibaja, socio del Club Apurímac.

Además, el 4 de junio del 2021, Boluarte y un grupo de miembros del consejo directivo propusieron extender la gestión de la presidenta por dos años extraordinarios, pese a que los estatutos de la asociación lo impedían explícitamente. Para solucionar esto, se cambiaron las reglas y las ajustaron a la medida de la hoy mandataria.

Antes de ello, el articulo 35 del estatuto del Club señalaba que la vigencia del consejo directivo era de tres años y que concluido su mandato no podían continuar con sus funciones. Sin embargo, durante la gestión de Boluarte la norma se ajustó para que pueda perpetuarse-

Estas acciones, en el 2021, fueron advertidas por el secretario general del Club Apurímac, Fernando Olazábal, intentó paralizar los intentos de Boluarte a través de varias cartas.

“Ha convocado con toda desfachatez a supuestos asociados para la modificación del estatuto con el oscuro y nefasto propósito de supuestamente pretender alargar su mandato, que es algo totalmente ilegal y espurio”, le dijo a través de una misiva a Boluarte.

En otra carta señalan que Boluarte usó las instalaciones del Club para su campaña, a través de supuestos alquileres al partido político Perú Libre. Sin embargo, la presidenta de la República jamás ha mostrado documentos de los pagos, según la denuncia.

Los gremios de la región donde nació la presidenta Dina Boluarte han anunciado un paro el próximo 19 de julio como una medida de lucha en respuesta a las supuestas acciones desproporcionadas del Gobierno. En ese sentido, se unirán a las protestas antigubernamentales en simultáneo con la ‘Tercera Toma de Lima’, mediante un bloqueo de carreteras en Apurímac.

Expresaron que originalmente tenían la intención de unirse a la marcha de la ‘Tercera toma de Lima’; sin embargo, dadas las circunstancias actuales en las que sienten que podrían ser tratados como “terroristas” en la capital, han decidido cambiar su objetivo y se concentrarán en su región.

Por último, mencionan que la protesta que llevarán a cabo estará dedicada en memoria de los ciudadanos que perdieron la vida, incluyendo a menores de edad.