Tortura infantil en Perú: casi 70 niñas de 10 años a menos fueron obligadas a ser madres tras ser víctimas de violación

La protección de las niñas no es una prioridad en el Perú. Corrían los primeros meses de este 2023 cuando Flor*, de apenas 10 años, llegó a un hospital de Piura cargando una enorme barriga de seis meses de gestación. De la mano de una tía y con el aval del personal de salud, la pequeña fue sometida a una cesárea, pero la fragilidad de su cuerpo y la complejidad de la intervención culminó con un bebé muerto. Ella no solo vivió la tortura de un abuso sexual, sino la obligación de alumbrar, del intento de convertirla en madre.

Pero lo peor no terminaba para la pequeña, pues sus familiares paternos decidieron entorpecer las investigaciones de la Fiscalía y enterraron clandestinamente al producto de la violación, el personal del hospital permitió este nuevo atropello. La niña pasó a la tutela del Ministerio de la Mujer; sin embargo, esta protección llegó bastante tarde.

En nuestro país, un total de 68 niñas de 10 años a menos fueron forzadas a ser madres solo en la última década, alertan las cifras oficiales del Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo del Ministerio de Salud (Minsa). En sus casos, sus partos sí terminaron con un infante vivo, por lo que cambiaron los juegos y la escuela por pañales y una maternidad obligada, tortuosa, producto de violaciones y ultrajes sexuales.

Hay que tomar en cuenta que esta data no contabiliza a las menores que sí lograron interrumpir voluntariamente su gestación o cuyos fetos nacieron muertos. Esto significa que el número de niñas y adolescentes gestantes es mucho más alto.

La estadística más dolorosa es la del 2020, en plena pandemia 22 niñas de 10 años a menos se volvieron madres, pese a que en el Perú hace más de 100 años se legalizó el aborto terapéutico cuando el embarazo pone en riesgo la vida de las madres, tal como ocurre con estas menores.

“El marco legal entrega obligaciones a los profesionales de salud, particularmente la obligación de información y de la prestación de un servicio. Allí hay una arbitrariedad de haber expuesto a estas niñas a un embarazo que es absolutamente peligroso, porque una niña menor de 10 años al ser sometida a una cesárea ya es una situación de muy alto riesgo. Y no es de alto riesgo solamente por la complicación quirúrgica a la que esta menor es sometida, sino por todo lo que implica el desarrollo de un embarazo. Por eso en el mundo, y donde se respetan las leyes, tú no tienes madres de nueve años, porque no se somete a nadie a esas condiciones”, advierte Susana Chávez, directora de la organización feminista Promsex, a Infobae Perú.

Y es que hay que precisar que en el Perú tampoco existe el acceso al aborto por causa de una violación sexual, ni siquiera para las niñas y adolescentes. Por ello, muchas son forzadas a la maternidad a edades tan tempranas y el territorio nacional tiene la terrible singularidad de ser uno de los pocos países en el mundo que ha sido sancionado tres veces por cortes internacionales por haber negado el aborto terapéutico a tres menores.

Recientemente, el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha solicitado al Estado peruano que despenalice el aborto en absolutamente todos los casos de embarazo infantil y modifique la norma que regula el acceso al aborto terapéutico para prever su aplicación específica a las niñas y adolescentes. Esto, luego de determinar que el Perú violó los derechos de Camila, una niña quechuahablante de Apurímac, al impedirle el acceso al aborto luego de que quedase embarazada tras ser violada por su progenitor.

“La interrupción voluntaria del embarazo en todos los casos de niñas y adolescentes es una recomendación que el Estado peruano ha venido recibiendo a través de dictámenes al menos desde el 2008. El Comité ahora emitió un dictamen donde vuelve a recomendar lo que ya los otros Comités les han dicho, que el Estado peruano debería de facilitar que todos los embarazos infantiles que son productos de violación sean interrumpidos si las niñas así lo piden”, explicó Hugo González, representante en Perú del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), a Infobae Perú.

“Nadie en realidad quiere pasar por la experiencia de un aborto, pero este en esa circunstancia lo que debe de prevalecer es la decisión de las niñas y las adolescentes a tener la posibilidad si deciden no continuar con el embarazo. Si no queremos que existan abortos, entonces protejamos a las niñas en primer lugar a través de la educación sexual para que estas situaciones no se den, en segundo lugar que el sistema de justicia funcione y que todos aquellos que han cometido un delito de abuso sexual confronten la pena de acuerdo al marco legal que tiene establecido el país”, añadió el especialista.

Y es que en el Perú todo acto sexual con una niña o adolescente de 14 años es ilegal, no se puede hablar de consentimiento a estas edades tan tempranas, por lo que toda menor que pase por esto es considerada una víctima de violación sexual. En teoría sus agresores deberían enfrentar una pena de cárcel de al menos 30 años, pero en un país donde la cultura machista y la impunidad son la regla esto muchas veces no se cumple, para infortunio de las afectadas y el de nuevas víctimas, pues el halo de no castigo anima a nuevos agresores a perpetrar sus crímenes con el aval de que no serán castigados.

“Si el aborto estuviera despenalizado siquiera en casos de violación sexual, por lo menos las niñas y todas las mujeres que han sido violentadas sexualmente podrían acceder a un aborto para evitar un grave daño permanente sobre su salud y su vida. Y cuando hablamos de la salud, hablamos de la salud física, por supuesto, pero también de la salud mental. En algunos casos se aplica el aborto terapéutico, pero también hay muchas barreras para la aplicación de este. Y esas barreras muchas veces radican en el miedo. En las resistencias que existen por el miedo de que el personal de salud pueda ser sancionado”, explicó Liz Meléndez, directora de la organización Flora Tristán, a Infobae Perú.

En esa línea, la directora de Promsex, detalló que la existencia de un protocolo específico para niñas puede ayudar a las víctimas a reportar más casos, pues se sentirían sostenidas por el sistema de salud y judicial, hecho que no sucede actualmente.

La situación es tan compleja que, año a año, lejos de descender las cifras de maternidad infantil van en ascenso. Al año más de 1.200 menores de 11 a 14 años se convierten en madres en el Perú, desde al menos hace 10 años. Esto significa que también se convirtieron en víctimas de violencia sexual.

En esta tortuosa espiral de violencia se hallaba una bebé de apenas 11 meses, que fue violada y asesinada por su propio padre; un adolescente de 18 años, a quien, además, se acusa por haber abusado sexualmente de la madre de la infante, de apenas 15 años. Producto de este ultraje nació la pequeña. Ambas menores, dos niñas, fueron convertidas en víctimas por el mismo sujeto. Una murió y la otra sobrevivirá con dos traumas imborrables.

Susana Chávez, de Promsex, explicó que muchas familias resuelven entregar a las niñas abusadas a hombres que incluso las violaron, lo que las conduce a un círculo de violencia y pobreza del que difícilmente podrán escapar.

“Hay algo peor que lo que ocurre usualmente en estas niñas, que es un segundo embarazo. Que ya las aleja de la posibilidad de volver a la escuela, de hacer un proyecto de vida, etc. Pero además la somete a altos riesgos de violencia, porque por lo general las personas que se casan con estas niñas son personas que le duplican o le triplican la edad”, complementó sobre el fenómeno del matrimonio infantil, problemática que ha aquejado a unas 5.000 niñas en los últimos 10 años, de acuerdo a lo advertido por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).