La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) denunció este jueves que la Municipalidad de Miraflores incurrió en abuso de autoridad al intervenir a dos jóvenes que pintaron un grafiti alusivo a la ‘Toma de Lima’ entre la calle Schell y avenida Diagonal.
La comuna, a cargo de Carlos Canales (Renovación Popular), indicó que la diligencia fue realizada por personal de Serenazgo y Fiscalización del distrito, quienes acusaron a los implicados “por daños a la propiedad privada”, que tiene una pena no mayor de tres años y 66 días de multa. Posteriormente, se realizó la limpieza del lugar.
A través de un comunicado, la CNDDHH advirtió que “hacer grafitis no es delito”, sino “a lo sumo una infracción administrativa, según normas municipales”. Por ello, exigió a la Policía Nacional (PNP) “respetar la libertad de expresión”.
Desde febrero pasado, por acuerdo del Concejo Municipal, Miraflores devino en una zona restringida para el desarrollo de concentraciones, manifestaciones y marchas públicas o políticas.
Tras la oficialización de la medida, la Procuraduría Pública Municipal quedó expedita para impulsar acciones legales contra los ciudadanos que contravengan las disposiciones.
La gestión de Canales ya ha sido acusada de restringir el uso del espacio público del distrito, una acción por la que en mayo pasado un grupo de activistas organizó un picnic masivo para reivindicar el “derecho constitucional” de emplear las áreas verdes con fines recreativos.
La comuna conservadora informó previamente que los instructores de actividades físicas y deportivas que usen los espacios públicos del distrito serían empadronados, deberían pagar un tributo y se les asignaría determinados horarios para realizar sus cursos y talleres.
“Lo que estamos haciendo es normar, y los vamos a empadronar. Los parques no son academias de deportes, para eso hay áreas específicas que existen y otras que vamos a crear”, señaló el burgomaestre durante una sesión de Concejo.
Canales remarcó que mantener el 60% de las áreas verdes representa para el municipio un presupuesto de casi dos millones de soles, de modo que, bajo su óptica, corresponde a la gestión salvaguardar la inversión e intereses del distrito.
Asimismo, señaló que fue centrado en “una campaña de desprestigio” orquestada por la oposición. La reciente intervención contra dos jóvenes ocurre ante las protestas antigubernamentales convocadas a partir del 19 de julio para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso y la convocatoria a nuevas elecciones generales.
La Municipalidad Metropolitana de Lima, a cargo de Rafael López Aliaga ―líder del partido que integra Canales—, dispuso en esta jornada que toda actividad o evento en la vía pública sin autorización de interferencia de vías recibirá una multa de 4.950 soles, equivalente a una Unidad Impositiva Tributaria (UIT).
El político de ultraderecha ha declarado que no permitirá “ninguna ‘Toma de Lima’”, como los manifestantes han llamado a sus siguientes jornadas de protestas.
“El centro histórico de Lima es intangible. Le hemos dado un arma a la Policía Nacional y al Serenazgo para detener y armar carpetas fiscales contra aquellas personas que atenten contra la seguridad y la paz ciudadana”, declaró en Willax.
La extensión del terreno declarado intangible es de más de 10 kilómetros cuadrados y comprende las céntricas avenidas Alfonso Ugarte, 28 de Julio, Brasil y Paseo de la República, entre otras, donde se encuentran el Palacio de Gobierno, el Palacio Municipal y el Congreso.
La convocatoria de protestas ha generado, igualmente, que la administración de Dina Boluarte prorrogue por 30 días la declaración de Estado de Emergencia en las principales carreteras del sur del país.
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