Alejandro Sánchez, implicado en la presunta organización corrupta liderada por el expresidente Pedro Castillo, apareció este miércoles desde la clandestinidad para ratificar que no se entregará a la justicia, aun cuando enfrenta un pedido de 36 meses de prisión preventiva.
El empresario y propietario de la vivienda donde, según la tesis fiscal, Castillo mantuvo reuniones con empresarios y allegados para decidir supuestas adjudicaciones de obras y designaciones de funcionarios, no respondió si se encuentra en el país o escapó a Ecuador.
“Por derecho a mi seguridad, a mi libertad y a mi vida, no puedo decirle esa información”, dijo en una entrevista concedida a la periodista Milagros Leiva, nueve meses después de entrar a condición de fugitivo.
“No me voy a entregar porque no he cometido ningún delito. ¿Tengo un acto delincuencial?”, siguió Sánchez, pese a que es uno de los investigados en la red que adjudicó obras públicas a empresas de conocidos, cobró cupos por la designación de ascensos en las Fuerzas Armadas y nombró a conocidos, sin experiencia, en altos cargos públicos.
La semana pasada, el Ministerio Público incautó la vivienda de Sarratea, en Breña, que fue empleada “por algunos integrantes de la presunta organización criminal liderada” por el exmandatario “para evadir el mandato de prisión preventiva”, según la investigación fiscal.
En octubre del año pasado, la Fiscalía prisión preliminar contra Sánchez y otros tres investigados por el caso del ‘Gabinete en la sombra’, como las autoridades denominaron al círculo más cercano de Castillo, que tuvo una presunta participación en decisiones que correspondían al Ejecutivo.
Entonces, la defensa de Sánchez anunció que no se entregaría a la justicia porque el caso estaba “muy mediatizado” y que esperaría un poco. Junto con el empresario están prófugo el exministro de Vivienda, Juan Silva, y el sobrino de Castillo, Fray Vásquez, que precisamente se presume que estuvo oculto en otra de sus propiedades ubicada en el balneario de Asia.
Castillo está detenido en el penal de Barbadillo por los presuntos delitos de rebelión y conspiración, después de orquestar un golpe de Estado el pasado 7 de diciembre, el mismo día en que tenía que presentarse en el Congreso para responder por las denuncias de presunta corrupción y organización criminal.
Sada Goray, la empresaria detenida esta semana por su vínculo en una serie de sobornos denunciados en el Gobierno del expresidente, detalló ante el Ministerio Público cómo era la trama en la que también participó Salatiel Marrufo, exasesor del exministro de Vivienda, Geiner Alvarado.
Goray reconoció el pago de cuatro millones de soles a la red corrupta instalada en esta cartera para que su inmobiliaria, Marka Group, lograra la adjudicación de obras. Ante el fiscal Freddy Niño, del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, agregó que Marrufo le indicó que este monto estaba destinado a “cumplir compromisos políticos”, así como a “la planilla” del exmandatario y sus hermanos.
“Él [Marrufo] decía que estaba encargado de conseguir su planilla mensual de 175,000 soles para el presidente, me dijo que de esa plata le daba 10,000 soles mensuales a cada uno de sus hermanos y la diferencia se la entregaba” a Castillo, declaró.
Mencionó, además, que los allegados del expresidente, tercero de nueve hermanos e hijo de agricultores analfabetos, se refería a él como “veintitrés”, y que al dinero lo llamaban “café” a modo de código. Su captura ocurrió en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, cuando retornó al país desde Estados Unidos para rendir su testimonio ante el Equipo de Fiscales contra la Corrupción del Poder (EFFICCOP).
A esa misma hora, también cayó el periodista Mauricio Fernandini, quien es acusado de ser intermediario en el pago de los sobornos entre Goray y Marrufo. Ambos son sindicados como piezas claves para desentrañar una de las mayores redes de corrupción de los últimos años.