La legisladora Patricia Chirinos (Avanza País) presentó este jueves la tercera denuncia constitucional contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), esta vez por presunta omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.
Chirinos sustentó la reciente acusación en tres artículos de la Carta magna y en la Ley Orgánica del organismo, que “señala bien claro que debe presentar ante el pleno del Congreso un informe anual de su gestión”.
“Sin embargo, desde su creación, en 2018, [la JNJ] ha presentado un solo informe”, según la congresista, que solicitó destituir e inhabilitar a los acusados por cinco años.
“No podemos permitir que la Constitución y las leyes del Estado sean violadas por una institución que ha sido tomada por intereses al servicio de una ideología que le hace tanto daño a nuestro país”, consideró.
Solo hace cuatro días, Chirinos interpuso una acusación contra tres integrantes de la JNJ ante la supuesta presión ejercida contra el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, para que emitiera un pronunciamiento de respaldo a la suspendida exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.
A través de un pronunciamiento, el organismo señaló que la legisladora se basa en “afirmaciones falsas de una fuente no identificada, publicada en dos medios de comunicación, que no han cumplido con el rigor periodístico de verificar su autenticidad”.
“La JNJ llama la atención sobre hechos que no parecen ser fortuitos, sino responder a objetivos que buscan afectar sus funciones constitucionales y, con ello, la institucionalidad del país”, remarcó en la misiva.
Por este caso, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ya abrió una investigación preliminar contra los consejeros implicados, Imelda Tumialán, Humberto de la Haza y María Zavala.
En mayo pasado, Chirinos había denunciado, de igual modo, a todos los miembros de la JNJ por cargos de patrocinio ilegal y aprovechamiento indebido del cargo.
El recurso de entonces fue elevado a raíz de un pronunciamiento en el que la JNJ pidió al Congreso “mayor reflexión” sobre la acusación constitucional contra Ávalos.
La parlamentaria consideró que fue una “intromisión grosera y desesperada” y solicitó que los magistrados sean destituidos e inhabilitados de la función pública por diez años, una acción vista como eventual captura de la institución desde el Congreso.
El diputado Jorge Montoya (Renovación Popular) también ha propuesto que el tribunal sea destituido e inhabilitado por diez años al permitir que Luz Tello, quien lidera tres investigaciones contra Benavides, se mantenga como miembro titular, pese a que supera los “75 años”.
“No podemos comprender como siete abogados del más alto nivel, larga trayectoria profesional y académica, puedan incurrir en estas graves violaciones constitucionales que terminan provocando la comisión de delitos contra la administración pública de justicia”, senaló Montoya.
La JNJ replicó que el límite de edad aplica para el acceso al cargo de miembro de la Junta, pero no al de mandato o designación. Por ahora, la magistrada no ha sido retirada de las diligencias ni se ha inhibido de liderarlas.
Las conclusiones de su informe afectarán directamente a la fiscal de la Nación: en el texto puede recomendar que sea suspendida o, incluso, destituida.
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