La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) publicó el último miércoles un informe sobre la crisis política del Perú, documento que concluye que el Congreso, con el aval del Gobierno de la presidenta Dina Boluarte, “captura” las instituciones democráticas como el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo.
“Existe un evidente proceso de captura de las instituciones democráticas en el Perú por parte de un Congreso autoritario, ultraconservador y anti-derechos, ahora aliado con el Gobierno de Boluarte”, se lee en el informe.
En relación al TC, la FIDH sostiene que los seis magistrados que integran actualmente el colegiado, electos por el Parlamento en mayo de 2022, no solo tienen tendencias mayoritariamente conservadoras, sino que tienen “insuficientes credenciales académicas y jurídicas”.
Los magistrados, afirma la organización, “le devolvería el favor” al declarar fundada la demanda competencial que presentó el presidente del Legislativo, José Williams, contra el Poder Judicial. En dicho recurso alegaron que los amparos emitidos por jueces constitucionales en contra de decisiones parlamentarias habrían menoscabado competencias exclusivas y excluyentes del Congreso.
“Con esta sentencia el TC anula la posibilidad de que el PJ ejerza control constitucional de los actos del Congreso. Esta decisión altera el equilibrio de poderes y pone al Congreso por encima de los demás poderes del Estado y de la misma Constitución. Al hacer esto, el TC va contra su propia jurisprudencia. Al respecto, en sentencia previa, había señalado ‘afirmar que existen actos de alguna entidad estatal cuya validez constitucional no puede ser objeto de control constitucional, supone sostener, con el mismo énfasis, que en tales ámbitos la Constitución ha perdido su condición de norma jurídica, para volver a ser una mera carta política referencial, incapaz de vincular al poder’”, reza el texto.
Debido a este fallo, la FIDH afirma que “estamos ante el nacimiento de un poder que puede controlar a todos los demás poderes”, hecho que afecta gravemente al Estado de Derecho y la institucionalidad democrática.
El JNE y la Defensoría
En el informe también se deja constancia sobre la intención de un sector del Congreso de acusar constitucionalmente a las autoridades electorales, especialmente al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas.
Al igual que en pronunciamientos de instituciones internacionales, se asevera que la estabilidad en el cargo de las autoridades electorales es importante para garantizar derechos políticos, elecciones libres y conforme a los procedimientos marcados en la ley.
“Es sumamente preocupante el acoso contra el magistrado, cuyo rol e independencia demostrada es crucial para liderar y controlar los procesos electorales en el país. Su integridad y seguridad debe ser garantizada.
En el caso de la Defensoría, la FIDH expresa su preocupación por la designación de Josué Gutiérrez como titular de la institución ya que no contaría con experiencia en materia de derechos humanos.
“La Defensoría del Pueblo es la institución encargada de conducir el proceso de selección de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), organismo que nombra, evalúa, destituye a jueces y fiscales. El proceso de conformación de la nueva JNJ deberá desarrollarse el próximo año para proceder con las elecciones de magistrados el 2025. Controlar la Defensoría es el paso previo para controlar la JNJ y, a través de ella, el conjunto del sistema de justicia”, advierte la Federación Internacional por los Derechos Humanos.
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