Al mismo estilo del exmandatario Pedro Castillo y su esposa, la presidenta de la República, Dina Boluarte, fue acusada de plagiar más de la mitad de un libro en el que fue coautora y que presentó al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) para postular a un cargo público.
De acuerdo a la abogada penalista Romy Chang, el hecho es calificado como delito y, así lo sabría la jefa de Estado, pues años más tarde, borró de su hoja de vida la obra titulada ‘Reconocimiento de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario’.
“Muchas personas piensan que esto de copiar ideas de otros no es importante, pero en realidad es un delito grave que está sancionado con una pena de hasta ocho años de cárcel, en el Código Penal”, indicó en diálogo con Latina.
“Ese delito se llama plagio y sanciona a cualquier persona que difunde como si fuera suya una obra que, en parte o totalmente, le pertenece a otra persona. No importa si es uno o dos párrafos o cinco hojas, sino que se está haciendo pasar por ideas propias, ideas que en realidad son ajenas. Es decir, se están robando las ideas”, agregó.
En ese sentido, aseguró que amerita un análisis penal, como cualquier ciudadano, pero a nivel político le corresponde al Congreso de la República decidir qué acciones tomarán por su condición de funcionaria pública.
En el caso de Castillo Terrones, el parlamento consideró el plagio académico de su tesis de maestría como uno de los puntos principales al momento de promover la tercera moción de vacancia en su contra. El hecho fue considerado por el legislador Edward Málaga como una “manifestación directa de la inmoralidad del presidente”.
Cabe mencionar que, hasta el momento, los representantes de la patria no han señalado que promoverán la salida de la mandataria por el plagio y Dina Boluarte tampoco se ha pronunciado al respecto.
“El Ministerio público podría investigar de oficio. […] Yo sí creo que, en este caso, el delito no prescribiría porque si bien ella lo hizo hace muchos años, lo cierto es que el libro está impreso, se sigue consultando en la biblioteca nacional y sigue difundiéndose; entonces los afectados continúan siendo afectados, por tanto, podemos hablar de un delito continuado”, mencionó Chang.
“Ella presentó en su currículum esta obra y, luego, cuando ya postula a un cargo mayor, retira el libro de su CV, lo cual nos hace ver que alguna presunción tenía de que esa obra no le pertenecía. Además, hay algo que llama la atención en este libro y es que no hay un editor”, acotó.
Luego de la polémica, el MP inició diligencias sin denuncia de afectados. Este martes, 11 de julio, la Fiscalía Especializada en Delitos Aduaneros y contra la Propiedad Intelectual acudió a la Biblioteca Nacional del Perú para solicitar la entrega del libro.
Pronunciamiento de ministros
Al respecto, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, señaló que el hecho será investigado. No obstante, señaló que la ética de la mandataria está “fuera de toda cuestión”. “Hemos visto con atención esta denuncia periodística y en su momento expresaremos lo conveniente”, añadió.
Mientras que la titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Nancy Tolentino, invocó a que se empiecen las diligencias. “Hay muchas cosas que se deberían saber, por eso una investigación clarifica y establece responsabilidades”, remarcó e instó a los centros educativos a fiscalizar en tema de propiedad intelectual.
“Tenemos que ser más claros para poder enseñar a todos cómo debemos citar los textos, cómo debemos compartir los conocimientos que otro ya ha publicado, pero sin que pareciera que nos estamos apropiando de la autoría de algo que no nos corresponde”, finalizó.
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