A las niñas no se las toca, no se las viola, ni se las mata. La identificación de seis matrimonios con niñas de 11, 12 y 13 años por parte del RENIEC es un claro indicador de la violencia y la violación a sus derechos que aún persiste en nuestro país. Las menores, en su mayoría, son víctimas de abuso y se ven obligadas a convertirse en esposas de sus agresores, sin tener la oportunidad de elegir su destino y sin conocer los derechos de libertad que el Estado debería garantizarles.
En el debate parlamentario sobre la eliminación del matrimonio infantil, hemos escuchado afirmaciones falsas que distorsionan el verdadero significado de esta práctica. No estamos hablando de dos adolescentes enamorados que deciden casarse, como algunos irresponsablemente han mencionado. El matrimonio infantil representa una cadena de violencia y vulneración de derechos hacia niñas menores de edad, quienes se ven atrapadas en una realidad impuesta.
En los últimos 10 años, Reniec ha contabilizado 464 adolescentes menores de 15 años que contrajeron matrimonio en Perú. En su mayoría, estas niñas no se casaron con personas de su misma edad, sino con hombres adultos. El 98% de estas uniones corresponden a niñas y adolescentes mujeres de 11 a 17 años. Estas niñas y adolescentes, se encuentran en mayor condición de vulnerabilidad y desventaja, por ser mujeres, adolescentes, pobres, migrantes y vivir en zonas alejadas sean rurales andinas o rurales amazónicas de extrema pobreza ellas se ven enfrentadas a vivir en la desigualdad, inequidad, pobreza, violencia o violencia sexual.
No más violencia sexual contra las niñas, tener un matrimonio infantil forzado es obligar a una niña a tener un trato inhumano, cruel y hasta degradante es obligarla y condenarla a vivir con su agresor y esto es otra forma de tortura. Estos matrimonios ponen en peligro la vida, la salud y arrebatan la dignidad. El Estado tiene la responsabilidad de velar por el bienestar y la protección de las niñas, adolescentes y mujeres. Igualmente, es necesario que los ministerios de Educación y Salud generen condiciones para que exista una coordinación multisectorial adecuada a fin de prevenir este tipo de hechos.
Las niñas con matrimonios infantiles forzados viven en condiciones de dominación, subordinación y pobreza, ellas viven y enfrentan la ausencia y desprotección del Estado que no les garantiza la implementación de políticas públicas adecuadas y contextualizadas a sus realidades para que ellas puedan tener la garantía y el goce de derechos fundamentales como el de salud, educación y justicia.
En las comunidades nativas aún persisten casos de uniones informales entre menores de edad y adultos, perpetuando estereotipos y decisiones que afectan la vida de las niñas y adolescentes. En la provincia de Coronel Portillo, en Ucayali, se ha reportado un caso de feminicidio y más de 2,075 denuncias de violencia de género de acuerdo al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP.
Si bien es un avance importante el proyecto de ley para eliminar el matrimonio infantil, es crucial entender que la prohibición por sí sola no es suficiente. A nivel mundial, se están llevando a cabo acciones para poner fin al matrimonio infantil, respaldadas por resoluciones de la Asamblea General y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Estas acciones instan a los países a aumentar las inversiones destinadas a erradicar esta práctica, especialmente en aquellos lugares donde es más común, como Bangladesh, Burkina Faso, Etiopía, Ghana, India, Mozambique, Nepal, Níger, Sierra Leona, Uganda, Yemen y Zambia.
En Perú es momento de tomar medidas urgentes. Además de implementar la ESI sin sesgos ideológicos por el Ministerio de Educación, se debe tener un registro oficial de los embarazos forzados producto de una violación sexual en niñas y adolescentes menores de 14 años, (actualmente no existe este registro). Por su parte, la Defensoría del Pueblo debe proteger a las niñas que son obligadas a vivir en matrimonios infantiles forzados. Y finalmente, el ministerio de Justicia debe manifestarse y sancionar este tipo de hechos para que no queden impunes.
Expresamos nuestra profunda indignación y preocupación ante la falta de la prioridad del Estado a la prevención de la violencia sexual. Exigimos máxima sanción a los agresores y que estos hechos no queden impunes así mismo instamos al ministerio de educación a activar e implementar los protocolos de detección precoz y atención de la violencia contra niños, niñas y adolescentes dentro de las Instituciones Educativas, cuyos contenidos son muy necesarios para identificar, prevenir y atender situaciones de violencia. Solo así podremos prevenir embarazos no deseados y combatir la violencia de género que afecta a las niñas y adolescentes
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