Fiscalía llegó a Biblioteca Nacional para requerir libro de Dina Boluarte donde se detectó plagio

El despacho fiscal especializado en propiedad intelectual solicitó la entrega del libro escrito en coautoría por la presidenta, acusada de plagiar más de la mitad del contenido. Hasta el momento, Palacio de Gobierno ha guardado silencio sobre el caso.

La Fiscalía Especializada en Delitos Aduaneros y contra la Propiedad Intelectual llegó este martes a la Biblioteca Nacional del Perú para solicitar la entrega del libro escrito en coautoría por la presidenta Dina Boluarte, acusada de plagiar más de la mitad de su contenido, según una denuncia del dominical Punto Final.

La diligencia fue difundida por el periodista Christopher Acosta, cuya investigación está incluida en un trabajo próximo a publicarse: Presidentes por accidente. Castillo y Boluarte. Corrupción, golpe y suerte (Aguilar). Palacio de Gobierno y Boluarte han mantenido mutis sobre el caso, aunque previamente el premier Alberto Otárola deslizó que será eventualmente investigado.

“En primer lugar, como vocero del Gobierno, debo ratificar que esta denuncia, como todas las que han ocurrido durante nuestra gestión, van a ser investigadas. Debo precisar y reiterar la honestidad y [que] la conducta ética de la presidenta está fuera de toda cuestión. Hemos visto con atención esta denuncia periodística y en su momento expresaremos lo conveniente”, indicó en una rueda de prensa.

La única integrante del Gabinete en referirse a la denuncia ha sido Nancy Tolentino, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. “La presidenta permanentemente menciona su disposición para someterse a cualquier investigación... Hay muchas cosas que se deberían saber, por eso una investigación clarifica y establece responsabilidades. Invoco a que el caso se investigue”, remarcó.

Ministra de la Mujer sobre denuncia de presunto plagio en libro de Dina Boluarte

De igual modo, invocó a las casas de estudio a poner énfasis en la regulación sobre la propiedad intelectual. “Tenemos que ser más claros para poder enseñar a todos cómo debemos citar los textos, cómo debemos compartir los conocimientos que otro ya ha publicado, pero sin que pareciera que nos estamos apropiando de la autoría de algo que no nos corresponde”, agregó.

Según la denuncia del dominical, en 2007, cuando postuló a una plaza como asesora de alta dirección en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Boluarte colocó una única obra en el apartado de publicaciones: El reconocimiento de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario (2004).

El libro, que contiene 176 páginas y no consigna editorial ni tiraje, fue hallado por Acosta en la Biblioteca Nacional, quien luego de someterla a Turnitin, el conocido software antiplagio, obtuvo un hallazgo decisivo: un 55% del contenido proviene de fuentes no citadas.

Más de 20 páginas de la obra de la mandataria y los otros siete coautores, miembros del Colegio de Abogados de Lima, incluyen contenido plagiado de la argentina Gisele Jaquenod de Giusti, del mexicano David Sower Valencia Duran y hasta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de acuerdo con el informe.

Esta será la primera vez que Dina Boluarte viajará oficialmente como presidenta del país.

La conclusión del libro, incluso, fue copiada de manera íntegra. En 2021, cuando Boluarte asumió el cargo de ministra de Desarrollo e Inclusión Social, eliminó la publicación de su trayectoria laboral. Desde entonces, había permanecido oculta. Solo dos coautores respondieron al dominical.

El presidente de la Corte Superior de Áncash, Marcial Quinto Gomero, admitió su participación en la edición. “Claro que sí [recuerdo], aporté en la corrección y en algunos artículos. Si ahora encuentran que existió plagios, yo lo rechazo”, señaló.

Carmen del Pilar Rivera, abogada en el Ministerio de Salud, tuvo otra reacción cuando fue consultada: “No le puedo creer, no sabía, juro que ni enterada”, dijo. El dominical aclaró que buscó el descargo de la mandataria, aunque prefirió guardar silencio.

Boluarte ya es investigada por presunto genocidio a raíz de las muertes durante las protestas antigubernamentales registradas entre diciembre y marzo. En un reciente informe, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) declaró el hallazgo de ejecuciones extrajudiciales y subrayó que había que colocar el foco en Ayacucho, donde las denuncias de brutalidad en los choques podría ser considerada como una “masacre”.