Los datos oscuros tras la erupción del volcán Ubinas: una alerta que llegó tarde, un albergue abandonado y los riesgos de la falta de una cultura preventiva

La última explosión que se reportó en el volcán Ubinas, el más activo del Perú, fue en julio del 2019. Hace casi cuatro años que la población se vio obligada a evacuar por el comportamiento del cráter moqueguano, fragmentos de material volcánico que superó los seis kilómetros de distancia. Sin embargo, parece que poco o nada se ha aprendido sobre la cultura preventiva.

En el país existen 16 volcanes activos localizados en la región de Tacna, Arequipa, Ayacucho, Cusco y Moquegua, pero solo 12 se encuentran monitoreados en tiempo real por el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Cada uno tiene un nivel de alerta que se diferencia por el semáforo volcánico y se puede precisar su estado.

Infobae Perú conversó con la ingeniera del IGP, Katherine Vargas, quien ofreció mayor detalle del panorama actual del cráter y cómo viene siendo su comportamiento. Al igual que los otros volcanes que podrían presentar un escenario similar o menor al que se reporta en la región sur.

Vargas afirma que desde el 17 de mayo se evidenció un incremento en la actividad e, incluso, que solo en un día se registraron 100 movimientos telúricos. Solo siete días después se recomienda cambiar de nivel de alerta de verde a amarillo al Gobierno Regional de Moquegua. No obstante, recién el día 20 de junio —luego de casi un mes— se hace oficial la variación y después de 48 horas el volcán inició su proceso eruptivo.

La ingeniera del IGP aceptó que existió una demora en el primer cambio de alerta, pero luego se tomó en cuenta las sugerencias. “Al final obedecieron a las recomendaciones que dimos. Se tuvo diversas reuniones, principalmente, con el gobierno regional e Indeci para ver qué medidas se iba a tomar. Y bueno, se aprendió la lección y de esa manera el cambio de alerta de amarillo a naranja se dio casi de inmediato”, enfatiza.

Durante los últimos 20 años, el volcán Ubinas ha pasado por diversos procesos eruptivos, los cuales se reportaron en el 2006, 2016, 2019 y ahora en el 2023. Entonces, desde el reporte de reiterados sismos han mantenido alerta a las autoridades regionales y locales.

Asimismo, señala que ya se tendría buses para la evacuación de los pobladores, a pesar de que el albergue Sirahuaya, el más grande de la región, haya sido abandonado en el 2019.

Vargas explicó dos posibles escenarios, entre ellos el más riesgoso que podría suceder. A la vez, detalló que la lava en los volcanes es más viscosa, las cuales se almacenan en el cráter. Al final, se pulveriza y se convierte en la llamada “cenizas”.

En otras ocasiones, podría suceder que parte de esta lava se eyecta en el volcán formándose rocas y luego caer en los distritos. Esto sucedió en el 2019, cuanto el material que descendió alcanzó un diámetro de 5 centímetros en la localidad de Ubinas.

Otro escenario “más crítico, pero poco probable” sería “la emisión de flujos piroclásticos o quizás el crecimiento de domos de lava”. Sin embargo, la especialista aclara que no nos encontramos en esa situación en ese momento. “Todavía no vemos señales que indiquen que estamos próximos a tener este tipo de peligros volcánicos, que son ya de mayor cuidado”, agregó.

Al respecto, el alcalde de Ubinas, Félix Coaguila, se mostró preocupado e indignado por la falta de un sitio para evacuarlos, pese a la necesidad y urgencia de tener que trasladar a más de mil personas. Sobre todo, porque si bien existe el albergue Sirahuaya, destinado para eventuales emergencias por erupción volcánica, este no cuenta con servicios básicos como agua potable y luz.

En ese sentido, el representante de la Municipalidad de Ubinas denunció que no se ha cumplido con los compromisos necesarios en este tipo de casos e indicó que su municipio dispuso la distribución de mascarillas y lentes para que los ciudadanos que se mantengan cerca a la zona de actividad volcánica puedan protegerse ante la presencia de gases tóxicos.

Asimismo, detalló que, pese a que un promedio de mil personas son las que deben ser evacuadas, considerando a las comunidades y localidades aledañas, son muchos los pobladores que no quieren abandonar sus viviendas por presuntos maltratos ocurridos en 2019.

Como se recuerda, el 19 de julio de ese año se registró la actividad explosiva más grande registrada en el Perú en el siglo XXI. El volcán Ubinas expulsó grandes volúmenes de cenizas en forma de columna, que alcanzaron una altura de siete kilómetros sobre la cima del volcán y que se dispersó a más de 250 km de distancia, no solo afectando a distritos de Moquegua, sino también Tacna, Arequipa, Puno, incluso las cenizas llegaron a Bolivia.

Esta explosión volcánica expulsó material de manera continua por más de ocho horas, afectando a más de 29 mil personas y grandes hectáreas de cultivos. Pese a que, desde entonces, los especialistas del IGP alertaron de que era probable que se repita el suceso, casi cuatro años después, las autoridades no lo tomaron en cuenta y abandonaron el albergue que serviría de refugio a miles de peruanos.

Para Yovana Ramos, integrante del área de Imagen Institucional de la Dirección Regional de Salud (Diresa) Moquegua, quien debe dar explicaciones sobre la demora en la ambientación del albergue también es el Gobierno Regional de Moquegua. No obstante, aseguró que están haciendo todo lo posible para recuperar el tiempo perdido.

“En este momento se está realizando la limpieza, desinfección y fumigación de lo que será el centro temporal de salud, donde se estará trasladando todo el personal. También se están haciendo todos los trámites respectivos para que puedan tener lo que son los servicios básicos. Se están llevando, incluso, tanques, bladers, grupo electrógeno y demás, para garantizar el agua, luz, desagüe y todo eso”, declaró para Infobae Perú.

Aunque se estima que un promedio de dos mil personas estarían directamente afectadas, pues viven más cerca del volcán y pueden contraer enfermedades como dermatitis, conjuntivitis, infecciones respiratorias agudas o diarreicas, cuentan con la capacidad necesaria para atender estos casos oportunamente y así evitar que sean mortales.

Sobre las acusaciones, la gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez Ayala, indicó que la demora viene de la gestión anterior y del Ejecutivo, el cual se tomó varios días para decidir atender su pedido de declarar el estado de emergencia a la región.

“Nosotros hemos venido agotando todas las vías de comunicación con el Ejecutivo y, hasta el momento, no hemos logrado tener una respuesta. Se requiere la declaratoria del estado de emergencia. No queremos que los arrepentimientos vengan tarde”, expresó el pasado 4 de julio a TV Perú.

En ese sentido, indicó que se sentían con las manos atadas, pues sin la respuesta de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), “no se podía modificar el presupuesto y con ello implementar las fichas de emergencia”. Al día siguiente, luego de su aparición en varios medios de comunicación, el gabinete de Alberto Otárola publicó el decreto supremo que declara el estado de emergencia en los distritos de Coalaque, Chojata, Ichuña, Lloque, Matalaque, Ubinas y Yunga de la provincia de General Sánchez Cerro del departamento de Moquegua, por peligro inminente ante proceso eruptivo del volcán Ubinas.

Incluso, la titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Paola Lazarte, se trasladó hasta la localidad de Ubinas. Al llegar, además de asegurar que están trabajando en conjunto, hizo un llamado a la población a que evacúen “cuando sea necesario”. ¿Pero qué pasaría si es “necesario” que sea hoy?

De acuerdo a la gobernadora, los servicios básicos “no están completamente habilitados” y, según la Policía Nacional del Perú (PNP), hay graves problemas de seguridad en el albergue de Sirahuaya, como la falta de un cerco que evite la caída de una persona hacia un abismo cercano a los módulos.

“Parte de nuestras funciones es atender las emergencias y hacer búsqueda y rescate de las personas ante cualquier emergencia que se pueda presentar. Ante ello, nosotros nos presentamos en este albergue para verificar algunas condiciones en las que se encuentra la habitabilidad ante el desplazamiento de las personas producto de la evacuación”, dijo el jefe de la Brigada de Búsqueda y Rescate de la Policía Nacional de la región Moquegua, capitán PNP José Monzón, a RPP.

“No hay ningún tipo de seguridad. El albergue está construido en un sitio que no reúne las garantías correspondientes. Las aulas prefabricadas han sido ubicadas cerca a un barranco y hay niños de 6, 7, 8 años. Producto de su curiosidad e inocencia, algunos de ellos, podrían tener algún accidente y caer en ese abismo”, afirmó Pedro Noguera, consejero regional de la provincia de Ilo, quien también formó parte de las reuniones junto a la gobernadora de Moquegua, alcaldes, representantes de la comunidad, gerentes y subgerentes del GORE.

Al respecto, contó que, entre los acuerdos de la reunión está entregar el albergue en 15 días como máximo, pero, “al momento de hoy, doy fe de que está inconcluso”. También se estableció que, en el plazo de una semana, se realice una reunión de trabajo para evaluar el reasersimiento del pueblo de Querapi a las pampas de Jaguay, el cual también ha sido recomendado por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico.

Sobre la reubicación, también pidió a las autoridades ser empáticos a la hora de tomar una decisión técnica. “¿Cómo dejo mi casa si me voy a ir a un sitio que no me presta las garantías que va a ser mío? Ahí es donde viene a trabajar el aspecto técnico legal, tanto del gobierno distrital, el alcalde del distrito de Ubinas, el gobierno regional y principalmente el alcalde de la provincia de Mariscal Nieto, porque es quien sanea los terrenos. El gobierno regional no tiene la potestad, pero sí tiene la autoridad de poder colaborar cediendo los terrenos si son de propiedad del gobierno regional y el alcalde provincial de titular, dar actas de posesión”, explicó.

En relación a los retrasos en la toma de medidas preventivas, Noguera indicó que “la gobernadora tiene la voluntad, pero, quizás por la falta de experiencia, está confiando ne autoridades, como son gerentes, sugerentes, directores de diferentes áreas, que no están siendo transparentes con la gestión”.

La ingeniera de IGP informó que existe otro volcán que todavía mantiene el nivel de alerta naranja es el Sabancaya, ubicado en Arequipa. Este cráter tiene explosiones continúas, por lo que se encuentra en constante monitoreo en tiempo real.

En esta ocasión, señala que es “probable” que se reporte un mismo escenario que Ubinas, aunque no se puede precisar el tiempo exacto. Este cráter arequipeño inició su proceso eruptivo desde hace tres años, es así como ya deberían estar prevenidos ante un eventual hecho.

Mientras tanto, los otros volcanes también están siendo vigilados de manera constante y se emite informes para que cada región pueda tener datos preventivos. No obstante, existen cuatro que no cuentan con instrumentalización para hacer seguimiento en tiempo real. En este sentido, se necesitaría otro proyecto para que sea sustentado en el Ministerio de Economía y Finanzas y, finalmente, se tenga la aprobación para la construcción de una sala de vigilancia.

La emisión de cenizas del cráter moqueguano provoca afectaciones a corto y largo plazo en la población. Una situación que, probablemente, se pudo prevenir ante los informes del IGP e implementar el albergue más grande que tiene esta región, debido a que, al no tener los servicios básicos, el proceso de evacuación se aplaza.

En conversación con el doctor Leslie Soto, médico infectólogo del Hospital Cayetano Heredia, señaló que los moqueguanos pueden tener afectaciones básicamente en la vía respiratoria ante la presencia de fumarolas.

“Esto es un material pulverizado, lo que va a ocasionar es una hiperactividad del sistema respiratorio. O sea, va a inflamar las vías respiratorias”, explica el especialista.

Además, que las personas que están más expuestas son las que han diagnosticado con enfermedades crónicas. Por ello, el dolor de garganta puede ocasionar dificultad para pasar los alimentos, por lo que los riesgos se basan a la cantidad de cenizas que haya emitido durante este periodo.

“La gente con enfermedades crónicas sí podría exacerbar su cuadro clínico. Es decir, tener recaídas. Y luego, las consecuencias podrían ser un poco más graves”, agregó y resaltó que al continuar en el mismo lugar solo complica la salud de cada persona.

Ante esta emergencia, el agua y los alimentos pueden verse contaminados, por lo que el infectólogo hizo hincapié de la importancia que es la intervención del Ministerio de Salud en estos momentos. Al igual, pidió que continúen con las recomendaciones de las autoridades pertinentes para evitar más consecuencias a futuro.