Presidente del Jurado Nacional de Elecciones sostiene que el Congreso quiere destituirlo a pesar de que su gestión termina en el 2024

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, reiteró que un sector del Congreso de la República busca sacarlo del cargo a pesar de que su gestión culmina en noviembre del 2024.

“La realidad dice que me voy en noviembre del 2024. Algunos desean que me vaya antes para dejar sentada la lección de que nadie se puede oponer a las fuerzas irrebatibles e irreductibles que algunos congresistas creen que deben ejerce”, indicó en diálogo con el programa Sálvense Quien Pueda.

El magistrado lamentó que los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) se hayan alineado a los intereses del Parlamento para recomendarles que las autoridades electorales pueden estar sujetos de un juicio político en cometan algún delito en el ejercicio de sus funciones.

Salas Arenas reveló que también siente temor que la democracia en el Perú esté en peligro por la creciente corriente del autoritarismo que se refleja muy bien en el Parlamento, donde se han impulsado una serie de reformas para capturar diversas instituciones públicas que son autónomas.

“Temo que la democracia en el Perú desaparezca y que el autoritarismo se instale, y que los jueces, no solo electorales, sino los jueces del Perú procedan a realizar su función con temor de perder el cargo o perder la vida. Si se instala ese temor, ya no habrá justicia ni democracia”, refirió.

Finalmente, el titular del JNE acotó que se debe investigar a algunos grupos extremistas que constantemente lo acosan en su domicilio y su centro laboral.

“Es una fuerza paramilitar dirigida por alguien que se tendrá que investigar”, mencionó Salas Arenas.

Sin duda, el magistrado Jorge Luis Salas Arenas es una de las autoridades que más ataques ha recibido. Todo comenzó desde que el Jurado Nacional de Elecciones desestimará las acusaciones sin fundamento de la excandidata presidencial Keiko Fujimori de un presunto fraude para favorecer a Pedro Castillo con la victoria en el proceso electoral.

Como es público, diversas entidades como la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea y el Departamento de Estado de Estados Unidos felicitaron la labor de Salas Arenas y el JNE por llevar adelante el proceso en medio de una ola de denuncias del fujimorismo. Entonces, el plan contra el magistrado empezó en marzo pasado.

El Tribunal Constitucional sacó un fallo en el que recomendó al Parlamento a reformar el artículo 99 de la Constitución Política, así como a reformar su reglamento, para incorporar a los miembros del JNE, el jefe de la ONPE y el jefe del Reniec.

Con el aval del máximo interprete de la Carta Magna es que las legisladoras Patricia Juárez (Fuerza Popular) y Roselli Amuruz (Avanza País) presentaron sendas iniciativas para que Salas Arenas sea procesado políticamente e inhabilitarlo de la función pública.

De momento, las propuestas están pendientes de revisar en la Comisión de Constitución y Reglamento que en los últimos dos años ha sido tomado por el fujimorismo y sus aliados.

En paralelo a las acciones políticas, el titular del JNE afronta el acoso de grupos extremistas como ‘Los Combatientes’, ‘La Insurgencia’ y ‘La Resistencia’. El asunto se ha puesto más delicado a partir de la amenaza de muerte que Roger Ayachi lanzó el jueves pasado.

“No vamos a retroceder, nuestra consigna es enviarle a la cárcel a este prevaricador, a este fraudulento o la muerte”, había dicho Ayachi contra Salas Arenas.

El magistrado aseguró en entrevista con Canal N que al menos 11 acusaciones que presentó por el delito de acoso han sido enviadas al archivo en el Ministerio Público.

“Hay 11 por lo menos denuncias de acosamientos de esta naturaleza que han sido archivadas por la Fiscalía, del año pasado y este año. Ella (Patricia Benavides) no ha llegado a conocer las causas, según tengo entendido”, comentó.

Ante la pregunta sobre si le pediría a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que investigue a los atacantes, Salas Arenas dijo que no lo haría, porque esta autoridad debe cumplir con sus deberes.

“Eso tiene que determinarlo la investigación pertinente. Lo único que yo sé es que (miembros de “La Resistencia” y “Los Combatientes” se fotografían muy frecuentemente con algunos de los que pertenecen a ese grupo que usted ha señalado. Pero eso no acredita necesariamente que estén vinculados”, indicó.