Presentan una denuncia constitucional contra tres integrantes de la JNJ por presuntas presiones a favor de Zoraida Ávalos

La parlamentaria Patricia Chirinos, de la bancada de Avanza País, presentó una denuncia constitucional contra tres magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por presuntamente haber ejercido presiones a favor de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, quien fue inhabilitada por el Congreso de la República para trabajar por cinco años en el aparato público.

Como es público, el Pleno decidió con 71 votos a favor, 15 en contra y ocho abstenciones destituir a Ávalos por una presunta infracción a la Constitución Política de Perú en su artículo 159, inciso 4, al suspender las investigaciones por actos de corrupción contra el encarcelado expresidente Pedro Castillo en enero del 2022.

En el documento al que accedió Infobae Perú se menciona a Imelda Tumialán, Antonio de la Haza y María Zavala como las personas que habrían intercedido por la extitular del Ministerio Público. Toma como su único argumento un reportaje difundido en el programa Combutters del comunicador Phillip Butters.

En el espacio de Willax Televisión se informó que los mencionados integrantes de la JNJ llamaron el 28 de junio al presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, para que pueda sacar un pronunciamiento de su institución a favor de Ávalos.

En esa primera ocasión no habrían tenido éxito, por lo que los magistrados habrían insistido en el asunto el pasado 3 de julio con una presunta amenaza a Arévalo con abrirle un proceso disciplinario que podría retirarlo del cargo.

Sin embargo, el titular del PJ no se dejó amilanar y sometió a debate entre los 14 magistrados alguna posición respecto a la extitular del Ministerio Público.

Finalmente, la Sala Plena de la Corte Suprema decidió por mayoría no pronunciarse sobre la inhabilitación de la exfiscal suprema.

Para Chirinos, los magistrados Tumialán, De la Haza y Zavala infringieron los artículos 38, 39 y 43 de la Constitución Política del Perú. En consecuencia, cometieron los presuntos delitos de patrocinio ilegal, abuso de autoridad, tráfico de influencias y aprovechamiento indebido del cargo.

Además, la congresista solicitó que sean destituidos e inhabilitados por 10 años de la función pública.

“No podemos permitir que la JNJ sea utilizada para hacer lobbies políticos y menos aún q pretendan desesperada e inconstitucionalmente salvar a quien violó la Constitución”, escribió Chirinos Venegas en sus redes sociales.

Cabe mencionar que esta es la segunda denuncia de la legisladora de Avanza País contra la JNJ. En mayo pasado también reveló que denunció por los presuntos delitos de patrocinio ilegal y aprovechamiento indebido del cargo a todo el pleno de este órgano que nombra, ratifica y destituye jueces y fiscales por sacar un comunicado respecto al caso de Zoraida Ávalos.

Hay que recordar que estas supuestas presiones fueron negadas por los protagonistas de este asunto.

“La JNJ rechaza tajantemente que sus miembros hayan tenido comunicación con algún integrante de la Corte Suprema de Justicia para votar a favor de un pronunciamiento sobre el caso de la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos, como informan dos medios de comunicación”, informó la Junta Nacional de Justicia en un tuit.

Por su parte, Javier Arévalo, titular del Poder Judicial, desmintió que haya sucedido este episodio.

“No, acá hay que ser claros. Al presidente del Poder Judicial no lo presiona nadie, no se deja presionar por nadie. Eso es lo que les puedo responder”, refirió en declaraciones a la prensa.

Ayer se conoció que el Poder Judicial formalizó la acusación preparatoria a cargo del Ministerio Público contra Ávalos.

Ávalos es acusada por los presuntos delitos de “omisión, rehusamiento o demora de actos” en la investigación del expresidente Pedro Castillo, quien hoy se encuentra recluido en el penal Barbadillo cumpliendo orden de prisión preventiva.

“[...] se dispone formalizar y continuar la Investigación Preparatoria contra doña ZORAIDA ÁVALOS RIVERA, en su condición de exfiscal de la Nación, como presunta AUTORA de la comisión del delito contra la Administración Pública”, se lee en el documento.

Ante la aprobación de esta disposición, asume la competencia el juez de investigación preparatoria de la Corte Suprema de Justicia. Además, se pidió precisar la dirección de su domicilio. Al igual que la defensa legal deberá asistir a las audiencias, caso contrario podría ser reemplazado.