Seis congresistas detuvieron sus actividades legislativas los últimos días de junio para volar a Shanghái, la ciudad más grande de China, y participar de una feria tecnológica con todos los gastos pagados por la firma DPL Group.
Los legisladores beneficiados durante estos 12 días fueron Karol Paredes, Silvia Monteza, Ilich López, Jorge Flores Ancachi (Acción Popular), Kelly Portalatino (Perú Libre) y Elizabeth Medina (Bloque Magisterial).
Las actividades concluyeron el pasado 2 de julio, pero según el programa Al estilo Juliana, el sexteto retornó tres días después, excepto Flores Ancachi, quien fue detenido cuando pretendía a subir al avión ante una orden de requisitoria.
Para el penalista Andy Carrión, este caso se puede enmarcar en una eventual acusación por cohecho pasivo ante la recepción de la dádiva ―que implica pasajes y viáticos pagados por una empresa privada—, pese a que los parlamentarios insisten en lo contrario.
Ilich López dijo, por ejemplo, que aceptó volar al país asiático después de leer el reglamento y que asumirá “cualquier tipo de responsabilidad” que decante del controversial viaje. “Me regalaron conocimiento. Si me tengo que ir a la cárcel por recibirlo, aquí estoy”, dijo.
Contó que visitaron el municipio de Longan, donde vieron “cámaras inteligentes”; y el puerto Tianjin, cuya “la tecnología se está trasladando” al Terminal Portuario Multipropósito de Chancay, que Cosco Shipping Ports, uno de los colosos empresariales del Estado chino, construye en este lugar, a 80 kilómetros al norte de Lima.
“Definitivamente, tenemos que rendir cuentas. Para eso estamos. Es más, el artículo 93 de la Constitución menciona que el parlamentario no está sujeto a mandato imperativo o a ser interpelado, pero yo con mucho gusto estoy siendo interpelado por la prensa”, agregó.
Silvia Monteza comentó que la Mesa Directiva, presidida por José Williams, y el oficial mayor Javier Ángeles sabían sobre el viaje; y que incluso cursaron un documento en el que solicitaron “licencias” para ausentarse del Parlamento para “representar al país”.
“¿Por qué no han cuestionado a congresistas de años anteriores que han hecho lo mismo, que han ido a China invitados por empresas privadas? Yo no tengo ningún proyecto de ley que vaya a beneficiar a empresas que han participado en ese evento. Lo hemos hecho por amor al país [...] pensando en esos peruanos que viven en la parte rural y que, hasta ahora, no tienen tecnología”, abundó.
A Karol Paredes, titular de la Comisión de Ética y una de las viajeras beneficiadas, se le olvidó lo que comió en estos días y hasta el lugar donde se hospedó. “Realmente es un tema que a mí no me interesa. Si quieren saber, investíguenlo [...] han sido tantas comidas que ni me acuerdo lo que he comido, puedes creer”, replicó en una entrevista con Canal N.
La congresista que dirige el grupo de investigación y sanción a legisladores que contravengan la ética parlamentaria anotó que no hubo falta al reglamento. “En ningún momento estamos perdiendo la objetividad o la imparcialidad. Nosotros estamos siendo bastante transparentes desde que hemos comunicado sobre nuestro viaje”, matizó.
Kelly Portalatino, exministra de Salud, admitió, por su parte, que no ha leído el estatuto del Congreso. “Soy sincera, ¿o quieres que te mienta? Si lo hubiese leído, igual me hubiera ido. ¿Sabes por qué?, porque no siento que genere un daño al Estado y mal ejemplo a la ciudadanía”, declaró.
De momento, el Legislativo no ha anunciado ni ha iniciado acciones sobre el caso. Tampoco hay posibilidades de que ocurra al menos hasta la agosto, con la elección de una nueva Mesa Directiva y nuevo titular de Ética.
“Lo normal sería que se convoque una sesión de urgencia para abrir indagación y analizar el caso, pero hasta ahora no hay nada. En ese escenario, donde los bloque de derecha e izquierda están rogando por votos [para la elección interna para la Mesa Directiva], no les resulta rentable. Necesitan votos de ‘Los Niños’, los ‘mochasueldos’, y de los viajeros”, ha señalado el periodista Martín Hidalgo, autor de Congresopedia (Planeta, 2021).
Para Alejandro Muñante, tercer vicepresidente del Congreso, el viaje puede implicar un eventual cuestionamiento ético, pero no delictivo, a menos de que se detecte un conflicto de interés que involucre a la empresa y los congresistas.
Para Hidalgo, en cambio, se trata de “un caso que puede marcar un precedente importante” en el Parlamento. “Lo primero a entender es que los viajes internacionales se aprueban por Mesa Directiva. Y la vicepresidencia encargada de viabilizar dichos viajes es la segunda, que es manejada por Silvia Monteza, una de las cuestionadas viajeras a China”, señaló.
El Código de Ética expone varios artículos sobre los viajes pagados por empresas privadas. “En el artículo 4 dice que el deber [de los congresistas] es declinar atenciones que puedan ser medio para interferir en sus funciones. ¿Configura un trato preferencial un viaje pagado por una empresa privada? Yo diría que sí.”, señaló.
“El artículo 7 me suena más claro para el caso, porque el pasaje y viáticos pagados por una empresa sí pueden ser tomados como una ‘donación’. ¿Un viaje pagado por una empresa privada no es una gestión ajena a la labor parlamentaria? La feria era tecnológica y ninguno de los viajeros era siquiera miembro de la Comisión de Ciencia del Congreso”, cuestionó.
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