Alexandria Ocasio-Cortez pide al gobierno de Estados Unidos no entregar fondos para las FF.AA. y la Policía Nacional del Perú

La representante del Partido Demócrata solicitó a la administración de Joe Biden investigar “a profundidad” las muertes en protestas por las que Dina Boluarte es investigada por el presunto delito de genocidio en la Fiscalía de la Nación.

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La semana pasada, la congresista Alexandria Ocasio-Cortez (Partido Demócrata) presentó una enmienda para solicitar al Gobierno de Joe Biden que no destine ningún fondo establecido en el presupuesto del Departamento de Defensa para el año fiscal 2024 a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú ante las protestas ciudadanas que se realizarán este 19 de julio contra la presidenta Dina Boluarte.

La propuesta de la legisladora norteamericana fue presentada el 29 de junio. Según el Comité de Reglas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el próximo martes 11 de julio se pondrá a debate la enmienda para aprobarla o rechazarla. En caso se dé lo primero, se enviará a la Casa Blanca a fin de que lo consideren cuando quieran ayudar a nuestro país.

Ocasio-Cortez propone en su texto desestimar cualquier financiamiento al régimen de Boluarte Zegarra. Esto comprende la transferencia de artículos de defensa, servicios de defensa, suministro de control de multitudes o coordinación de ejercicios con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP).

Argumenta, además, que la medida podría revertirse si el Departamento de Defensa corrobora que en Perú se desarrollarán “elecciones generales libres y justas”, que se haya puesto fin a la represión y que se desarrolle una “investigación profunda” sobre las muertes en las protestas antigubernamentales, por las cuales la mandataria enfrenta una pesquisa por presunto genocidio.

Estados Unidos, el primer país que Boluarte pisará en un viaje oficial como jefa de Estado, planea mostrar su supremacía ante China y Rusia mediante un despliegue militar sin precedentes en suelo peruano, luego de obtener la aprobación del Congreso y el visto bueno del Ejecutivo a fines de mayo.

Según documentos citados por Hildebrandt en sus trece, la estrategia estadounidense es mostrar su musculatura ante estas naciones que están “erosionando” su dominio en la región, como señaló Craig Faller, exjefe del Comando Sur, en el texto ‘Promesa duradera para las Américas’.

El Ejercicio Militar Internacional ‘Resolute Sentinel 2023′, que se desarrollará en distintas regiones del país, empezó a coordinarse el año pasado entre la embajada de EE.UU. y la cartera que preside Ana Gervasi.

Para la Fuerza Aérea estadounidense, se trata de una prueba de campo ―con entrenamientos de combate y operaciones civiles y militares― protagonizada por uno de los diez espacios militares del Departamento de Defensa distribuidos alrededor del mundo. Las tropas estadounidenses ingresan de forma periódica desde hace décadas al país, pero no por períodos tan largos como este.

El encargado de EE.UU. para América Latina, Brian Nichols, prometió a mediados de junio que su Gobierno se asegurará de que los militares y policías que entrenen en suelo peruano no hayan sido señalados por violar los derechos humanos durante las protestas antigubernamentales.

“Una de las cosas que EE.UU. hace, de la que me siento más orgulloso, es nuestra cooperación de asistencia humanitaria y de atención a desastres con militares” en la región, subrayó.

Ocasio-Cortez, quien representa un distrito de Nueva York desde 2019 y se ha convertido en un adalid de la izquierda, se unió en enero pasado a un llamado que hizo el bloque demócrata a Biden para que suspenda la asistencia de seguridad federal a Perú debido a un “patrón de represión” que derivó en 50 muertes.

Una copia de la misiva también fue enviada al secretario de Estado, Antony Blinken y al secretario de Defensa, Lloyd Austin. Según la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, EE.UU. entrega más de 40 millones de dólares al año a Perú en asistencia para la seguridad, gran parte de ese porcentaje para combatir el narcotráfico.

Funcionarios de las Naciones Unidas y la Unión Europea han condenado enfáticamente lo que consideran el uso desproporcionado de la fuerza. Sin embargo, el gobierno de Biden ha sido más moderado al pedir investigaciones imparciales y, al mismo tiempo, expresar su apoyo a los esfuerzos de Boluarte para restaurar la calma y encontrar una solución política.

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