Los peajes continuarán a pesar del término del contrato anunciado por la Municipalidad de Lima

La gestión del alcalde de Lima Rafael López Aliaga anunció el último sábado 8 de julio la terminación del contrato Rutas de Lima. Estos alegaron una presunta vulneración de los derechos de los ciudadanos por el pago de peajes en las vías de la Panamericana Norte y Panamericana Sur; sin embargo, la medida no podrá ser puesta en marcha hasta que se concluya la controversia entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y el consorcio en cuestión.

Todos aquellos vehículos que transiten por las vías que bordean la capital continuarán pagando S/. 6.50, al menos durante los próximos 18 a 24 meses. Se espera que en este periodo de tiempo, las autoridades tomen una decisión frente a los intentos de la comuna limeña por dejar sin efecto el contrato, tantas veces criticado por el burgomaestre representante de Renovación Popular.

La negativa de poner en efecto la decisión de la municipalidad se da luego de una orden del Tribunal arbitral Ad Hoc de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI). Esta señala que se deberá “mantener el status quo hasta que se dirima la controversia objeto del presente procedimiento”. De esta manera se detiene los intentos de las autoridades limeñas por suspender el contrato.

Desde la Municipalidad Metropolitana de Lima, el alcalde Rafael López Aliaga, calificó al contrato como una “violación al interés público” y aseguró que la institución que dirige “tiene todo el derecho de declarar la terminación anticipada, pagando las inversiones realizadas”. Sin embargo, las entidades competentes ya han dispuesto que el cobro se mantenga mientras la disputa se resuelve en el plano judicial.

Los intentos de la gestión de Rafael López Aliaga por detener el cobro de peajes en la capital son conocidos desde los días de campaña, en los que se refería al pago por el tránsito de carreteras como una medida abusiva. Es así que una vez iniciado los intentos por cumplir la mencionada promesa electoral, los representantes de Naciones Unidas advirtieron que se debía detener el proceso.

Ya a mediados de junio, el Tribunal Ad Hoc de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional ordenó suspender el proceso de caducidad del contrato con Rutas de Lima. Al igual que en esta ocasión, se instó a que se espere que las autoridades competentes diriman la controversia. Asimismo, se pidió “abstenerse de agravar la disputa con manifestaciones públicas sobre el asunto”.

Rutas de Lima, empresa que firmó contrato con la Municipalidad de Lima durante la gestión de Susana Villarán y que ha invertido más de S/. 2.200 millones en el proyecto, indicó que “una eventual terminación de contrato de concesión generaría que la MML esté obligada a asumir el pago inmediato de los importes establecidos en el contrato”. El dinero que provendría de las arcas públicas iría a la empresa, entidades financieras y otros.

Los pagos que tendría que realizar la Municipalidad Metropolitana de Lima provocarían el pago de otras indemnizaciones y dejaría a la entidad expuesta ante nuevos reclamos internaciones. Para Rutas de Lima, la decisión de la gestión de López Aliaga sería un “grave atentado contra la inversión privada en el Perú”, la misma que este ha dicho defender durante su intento por ser presidente del Perú y durante la campaña que lo llevó a ser el alcalde de la capital por el periodo 2023-2026.