Sada Goray, Mauricio Fernandini, Pedro Castillo y los doce implicados más en el escándalo de corrupción del Ministerio de Vivienda

La empresaria Sada Goray y el periodista Mauricio Fernandini fueron detenidos ayer por agentes de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional (PNP) y representantes del Ministerio Público como parte de la investigación por los presuntos y graves actos de corrupción que se dieron durante el gobierno del encarcelado expresidente Pedro Castillo.

Goray y Fernandini fueron dos de los integrantes más activos dentro de la red criminal liderada por Castillo Terrones en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, según la hipótesis que se maneja en el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder. La organización tuvo una estructura que penetró a diferentes instituciones ligadas al sector y salpica a 15 personas.

Todo tenía que empezar desde arriba hacia abajo. Es así que las operaciones ilícitas tuvieron un punto de partida con las designaciones de Geiner Alvarado, como ministro, y Salatiel Marrufo, jefe del gabinete de asesores, en el sector Vivienda. Ambos personajes allanaron el camino para que la empresa Marka Group, de Goray, obtuviera financiamiento para sus proyectos inmobiliarios a cambio de sobornos millonarios.

Sin embargo, esto no pudo haberse dado sin que haya un gestor de intereses, o lobista, en la trama de corrupción. Ahí es que Mauricio Fernandini entra a tallar porque fue él quien contactó a Marrufo con el fin de que ayude a Sada Goray. Y lo hizo porque, tras recibir cuatro millones de dólares de la empresaria, puso en marcha una serie de movidas.

Con la venía del expresidente Castillo es que se pusieron a una serie de funcionarios en el Fondo Mivivienda, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) y la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) que tenían la tarea de cumplir con los pedidos de Goray.

De esta manera, en el Fondo Mivivienda se nombró a Pedro Arroyo Marquina, Luis Mesones Odar, Roger Gavidia Johanson, Gonzalo Arrieta Jovic, Juan Forero Monroe y Luz Mayhua Elguera.

De esta lista, Arroyo y Mesones tenían un vinculo más estrecho con Sada Goray porque trabajaron para Marka Group antes de ser funcionarios públicos. Con ese antecedente es que intervinieron directamente en la aprobación de ocho proyectos inmobiliarios que fueron financiados por la suma de S/148,2 millones.

Por otro lado, en la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) se nombró a Cynthia Rudas Murga como titular de la entidad, Marina Subiría Franco, Héctor Chávez Arenas, Jacqueline Perales Olano y Flor Olivera Orellana como funcionarios en puestos claves.

Todos estos funcionarios se coludieron para resolver la inscripción de un terreno de 90 hectáreas en Chilca que Sada Goray había vendido por 54 millones de dólares a Centenario Desarrollo Urbano, del Grupo Romero. El predio estaba inscrito como propiedad del Estado, pero esto fue cambiado para beneficiar a la empresaria.

Luego de acceder a la solicitud de Goray, la trama acababa con la inscripción del terreno con la venía de Luis Longaray Chau como titular de la Sunarp.

La corrupción en el Fondo Mivivienda relacionada con los casos de Sada Goray y Mauricio Fernandini, generó pérdidas al Estado peruano por más de 148 millones de soles, de acuerdo a las investigaciones realizadas por la Procuraduría General de la República. Dicho monto, corresponde solo a seis proyectos que ya fueron verificados y se vienen evaluando otras más en la entidad adscrita al Ministerio de Vivienda.

Los proyectos inmobiliarios fueron identificados como Lima Bonita y Barranca Bonita, en la región Lima; Chiclayo Bonito (Lambayeque), Praderas de Cacatachi (San Martín), Piura Bonito (Piura) y Alto Larán (Ica).

El titular de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, Javier Pacheco, agregó que aún faltan ubicar 200 millones de soles que habrían sido destinados a favor de otros proyectos de la empresa Marka Group, de acuerdo a lo dicho por Salatiel Marrufo, exjefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda y pieza clave en este caso.